Jaque aún no reglamenta leyes que él pidió que se aprobaran

Cecilia Zabala

En el Pacto Social por la Seguridad el Gobernador le pidió a los legisladores agilidad, y cumplieron, pero nada pasó luego.

Resulta paradójico que el gobernador Celso Jaque no haya reglamentado leyes por que él mismo pidió agilidad en su tratamiento. Al inaugurar el Pacto Social por la Seguridad el Gobernador le solicitó a los legisladores que colaboraran en el avance rápido de proyectos de leyes que resultaban clave en tanto estaban orientados a la lucha contra el flagelo de la inseguridad, que trae a maltraer a toda la sociedad mendocina.

Los legisladores actuaron en consecuencia y aprobaron muchas de esas leyes en las que Jaque les solicitó agilidad, pero el Gobierno mendocino no las publicó, quizás porque hizo la vista gorda o tal vez por desidia, lo cierto es que la sociedad no cuenta con dichas normas tendientes a disminuir los índices delictivos.

Entre esas leyes figuran la asistencia integral a las víctimas de delitos, propuesta por Daniel Cassia y combinada con otros proyectos; la de protección a testigos y arrepentidos, de Luis Petri; la ley de recompensas; la de antisecuestros virtuales, también de Petri, y la que proponía la creación del Ministerio Público.

La ley 7.841 de protección integral a las víctimas de delitos graves, por ejemplo, y a la que Jaque hizo referencia en su discurso de apertura del Pacto Social pidiendo la pronta aprobación, fue sancionada el 13 de febrero del año pasado y publicada en el Boletín Oficial el 7 de julio del mismo año, pero, y a pesar de que tenía un plazo de120 días corridos a partir de su promulgación para ser puesta en vigencia, el Gobierno no lo hizo hasta el momento ya que publicó en el Boletín la sanción, pero no el decreto reglamentario.

Esta ley, basada en los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que a las víctimas -y a sus familiares- de delitos graves (como violaciones y homicidios) se les brinde asistencia médica, psicológica, económica si hiciese falta, protección laboral y cambio de domicilio en caso de ser necesario por cuestiones de seguridad, entre otras cosas más.
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Además, el escrito preveía que fuera el Ministerio de Gobierno el órgano ejecutor de este sistema de protección integral y para ello contaría con un fondo fijo de 5 millones de pesos. Pero quedó en el tintero, mientras las víctimas de la inseguridad son más día a día y no hay, por ahora, políticas, pero sí leyes, que tiendan a no revictimizarla.

Otra ley que Jaque pidió en el Pacto Social fue la de los antisecuestros virtuales y, aunque fue sancionada, aún no hay novedades de su puesta en práctica.

Quizás lo más indignante es que “es muy poca la inversión que se necesita para ejecutarla”, dijo Petri a Ciudadano, ya que sólo se requiere de un aparato inhibidor de la señal telefónica en el área fijada.

Esta ley busca regular las comunicaciones de los internos penitenciarios, estipulando el horario de 7 a 20 y límites de 5 minutos en las llamadas telefónicas que realizan. Uno de los motivos fundamentales de dicha norma era frenar los delitos, como falsos avisos de secuestros, que los reos cometían desde la cárcel.

Además, pretende la creación de la figura del operador telefónico penitenciario, a quienes los presos tendrían que rendir cuentas de con quién se comunicarían.

Lo más sorprendente es que Buenos Aires tomó este modelo después que en Mendoza se sancionara la norma, y ya comenzaron a trabajar en su puesta en marcha, colocando los inhibidores. Pero “acá el Gobierno todavía no logra avanzar en nada”, se quejó el legislador del ConFe.

Ciudadano Diario, 16 – 02 – 09

La Quinta Pata