Emilio Marín
Si alguien pensó que la reunión del martes pasado entre dirigentes de la Mesa de Enlace y dos ministros del Poder Ejecutivo serviría para distender el conflicto por las retenciones de la soja, ya se vio que no fue así. La cosa está que arde.
Según como se mire, se culpará a unos u otros del golpe de tensión que viene provocando tantos chisporroteos en la relación de la Mesa de Enlace con el gobierno nacional.
Para la oposición política, que secunda a la patronal agropecuaria tanto como puede, los problemas derivan de la voracidad fiscal del kirchnerismo y su plan de supuesta venganza contra los productores sojeros. Según esta visión, el gobierno alienta ahora un proyecto de estatización del comercio exterior, que incluiría a los granos, y eso debe ser rechazado como cuestión de vida o muerte.
Una veintena de entidades, entre ellas las Bolsas de Cereales de varias ciudades y las cuatro patronales sentadas a la Mesa de Enlace, publicaron una solicitada en los diarios del país. Allí amenazaron con que ese proyecto del oficialismo, aún no confirmado, "pondrá a la sociedad argentina al borde de otro conflicto, innecesario y de consecuencias impredecibles". La última expresión supone una grave y clara amenaza no sólo al gobierno sino también a toda la población.
Es que en simultáneo, Hugo Biolcati, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, manifestó que la Mesa que integra va a resistir esta iniciativa estatista "más que a la Resolución 125". Como se sabe, para impedir el intento oficial de cobrarles el impuesto a la exportación de la soja, estos dirigentes atormentaron el año pasado a la gente común con centenares de cortes de rutas, desabastecimiento, lock out patronal, bloqueos de puertos y otras actividades delictivas.
La posible novedad relativa a los granos también permite comprobar hasta dónde se produjo la putrefacción de la cúpula de la Federación Agraria. Es que durante años esta reclamó en vano por la recreación de la Junta Nacional de Granos, disuelta como la de Carnes en los tiempos menemistas de la "libre regulación de los mercados". Y ahora, cuando puede ser una posibilidad cierta, Eduardo Buzzi rechaza la iniciativa pronosticando que va a ser "un problema fenomenal para los medianos y pequeños productores".
Leer todo el artículoDesde el otro lado del mostrador, los ministros que participaron de la entrevista con la Mesa de Enlace, han sido críticos de esa costumbre que se tomó esa entidad de decir que nada le satisface. Débora Giorgi, ministra de la Producción, puntualizó que las concesiones hechas por el gobierno en esa reunión, que atañen a la lechería, la ganadería y las economías regionales, importaban un sacrificio fiscal de 1.300 millones de pesos. Esto se suma a las medidas anteriores, que procuraban morigerar los efectos de la sequía y atender a la situación de los pequeños y medianos productores, así como la rebaja del 20 por ciento en las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz.
Pero parece que todo eso es en vano. Para la Mesa deben desaparecer las retenciones a la soja. "Si no se habla de soja, no se discute en serio", advirtió el pope de la Federación Agraria. Expresiones similares tuvieron Biolcati, Mario Llambías y Carlos Garetto, los otros espadachines del comando rural.
Cuestión de pesos y de ideología
No es seguro que Cristina Fernández concrete ese meneado proyecto de estatizar el comercio exterior que ha causado tanta alarma en la oligarquía y las trasnacionales que hoy están al tope de esa compra y venta: Cargill, Monsanto, Bunge, La Plata Cereal, etc., secundadas por otras firmas nacionales como Aceitera General Deheza.
Es que sería una medida contra los monopolios privados, posiblemente de superior calado a la famosa resolución 125. Y en principio no se advierte que el gobierno esté hoy dispuesto a lidiar con semejantes intereses y adoptar una medida de fondo, ya no sólo atinente a la recaudación por la leguminosa.
Los intereses que podrían ser afectados acuden a dichos curiosos para explicar su fanática negativa. Por ejemplo, afirman que "la estatización nos alejaría del mundo". Cualquier argentino medianamente informado sabe que en este momento hasta los gobiernos capitalistas más concentrados y liberales del mundo están adoptando medidas estatizantes, como la que en estos días llevó a la administración Obama a tomar casi el 40 por ciento del control del Citigroup.
Con esas expresiones tan alejadas de la verdad, lo que los defensores de los sojeros pretenden es anular o al menos rebajar o suspender las retenciones para poder hacer buenos negocios.
El gobierno acusó por medio de Giorgi y Ricardo Echegaray (Oncca), que los sojeros retienen 9 millones de toneladas de aquel producto, que importa algo así como 3.000 millones de dólares. Los que tienen ese capital ensilado quieren venderlo libre de las molestas retenciones, y el gobierno en cambio pretende que paguen las gabelas como cualquier hijo de vecino. "Son el único sector que se da el lujo de no comercializar su producción", los amonestó la presidente en uno de sus varios discursos sobre el particular.
Biolcati, queriendo minimizar la denuncia oficialista, admitió que "a lo sumo serán 4 o 5 millones de toneladas" lo que no fue comercializado. ¿Acaso eso cambia la gravedad de la imputación?
Algunos intereses empresarios se funden tanto con los puntos de vista ideológicos que toman partido en forma virulenta contra la presunta iniciativa del gobierno sobre el comercio exterior. "La Nación" copropietario de Expoagro, que inaugurará su megaexposición en unos días más en Santa Fe, editorializó ayer sobre el tema. "Otro disparate más" fue el título. En su bajada sostuvo que "La eventual estatización del comercio de granos nos haría retroceder más de medio siglo y tendría penosos resultados".
Hay que reconocerle coherencia a esta clase de opositores, porque si se toma en cuenta el 11 de marzo de 2008 en adelante, estuvieron en contra de la resolución 125 de retenciones móviles a la soja, del proyecto para nacionalizar y finalmente expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral, de la administración de la Anses sobre los fondos jubilatorios manejados discrecionalmente por las AFJP y bancos, etc.
Por supuesto, estarán el próximo 17 de marzo despotricando contra la inminente recuperación de la ex Fábrica Militar de Aviones en Córdoba, que en 1995 el menemismo entregó a la estadounidense Lockheed Martin.
¿Dónde está la democracia?
Por supuesto que muchas medidas adoptadas por el gobierno nacional son entre insuficientes y directamente negativas, desde el punto de vista de las necesidades sociales y populares.
Por caso, el 11,6 por ciento de aumento de las jubilaciones, anunciadas por Amado Boudou y el ministro Carlos Tomada, lleva el haber mínimo de 690 a 770 pesos. Y es obvio que esos 80 pesos de aumento no alcanzan para que una masa de 3 millones de jubilados que percibe ese haber pueda satisfacer sus necesidades elementales.
Hay que hacer muchísimo más por esa gente sufriente. Dicho sea de paso, esa población es la que está verdaderamente mal, a diferencia de los potentados sojeros del núcleo pampeano, que van a los cortes y asambleas, por ahora poco numerosas, en sus relucientes 4x4, bien vestidos y bien comidos.
Otro sector que demanda aumentos importantes de ingresos para poder trabajar en una función clave como la educación, es el de los maestros. Luego de mucho patalear consiguieron una paritaria nacional (cosa que otros empleados públicos no tienen, verbigracia los judiciales) y allí arrancaron una mejora del 15,5 por ciento. De ese modo el ingreso de una maestra de grado sin antigüedad sería de 1.490 pesos a partir de marzo, lo que favorece a los gremios de provincias donde ganaban menos. Pero otros distritos, como Capital Federal y Córdoba, ya percibían ese piso y querían que se les aplicara el índice del 15,5 por ciento.
Se les dijo que no había dinero. Mauricio Macri declaró desde Londres, donde se pasea como candidato presidencial, que "cuando no hay, no hay". Para ser justos, no es sólo el conservador definidamente de derecha Macri el que no quiso abonar esa módica suba salarial. Los kirchneristas Daniel Scioli de Buenos Aires y Juan Schiaretti en Córdoba, tampoco. Sólo el socialista Hermes Binner metió mano en la billetera y se allanó a pagar el acuerdo en Santa Fe.
El resultado preciso se verá cuando entre 8 y 10 provincias no empiecen las clases porque sus educadores hagan paros y movilizaciones.
Tomando nota de esas y otras injusticias, es lógico que muchos argentinos tengan un punto de vista crítico sobre la marcha general del gobierno (con las salvedades que al menos este cronista hace, de que estuvo bien en poner retenciones a la soja, recuperar Aerolíneas, eliminar las AFJP y pensar en la nacionalización del comercio granario).
Pero una cosa es cuestionar desde este ángulo a una democracia limitada. Y otra muy distinta es la opinión de la oligarquía, que por medio de Mariano Grondona escribió otra vez en "Gaceta Ganadera" que estamos frente a una suerte de dictadura. "También es un sistema al que podríamos llamar "dictadura intrademocrática": una kirchnerista del mando y el pensamiento único", pontificó. Uno ya tiene ciertas pistas sobre quiénes pueden ser los agentes informantes latinoamericanos de la CIA que llevaron a su flamante titular León Panetta a pronosticar la inestabilidad de los gobiernos de Argentina, Venezuela y Ecuador. El muerto se asusta del degollado.
La Arena, 01 – 03 – 09
La Quinta Pata
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