Buenos Aires. En una nota dirigida al ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, integrantes de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor exigieron la aplicación efectiva del Protocolo de Asistencia Humanitaria del Post-aborto y el suministro gratuito de los métodos anticonceptivos, entre otras medidas.
“Cada 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, organizaciones y grupos de mujeres de todas partes del mundo exigen a los Estados que la Salud Sexual y Reproductiva y los derechos correlativos sean reconocidos no solo como derechos humanos sino como derechos de ciudadanía.
El reclamo se centra en la necesidad de que se disponga de los recursos, normativas y respaldos legales necesarios para su protección y puesta en práctica en la vida cotidiana de las personas.
En este marco nos dirigimos a Ud. para expresarle nuestra preocupación por observar que el programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable que debía crearse de acuerdo a la ley 13.066 es en los hechos, un sub programa incluido dentro del Programa de salud Materno Infantil.
La disposición de subordinar el programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable a otro programa cuya finalidad es la asistencia a la salud materno infantil, refuerza la idea de que la salud sexual y reproductiva de las mujeres se reduce a las condiciones y consecuencias que devienen de la maternidad.
La Salud Sexual y Reproductiva implica también el derecho a tener relaciones sexuales gratificantes sin coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no deseados y la posibilidad de poder regular la fecundidad.
Mientras que la sexualidad está presente y forma parte de toda la vida, la reproducción es la capacidad temporal de procrear que tienen hombres y mujeres.
Por otra parte la inclusión de lo que debería ser un programa en otro que lo contiene, reduce la asignación de recursos no sólo humanos sino económicos.
La puesta en práctica de los derechos supone la existencia de recursos y consecuentemente el fácil acceso y la disponibilidad de los mismos, debiendo el Estado que asumió la responsabilidad a través del dictado de normas, garantizar el acceso no sólo a la información y a la orientación, sino a los métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable, de acuerdo con sus necesidades cambiantes en cada etapa de la vida.
Leer todo el artículoEn el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, es necesario advertir que el estatus social de la mujer, en muchas ocasiones va en detrimento de su salud. Por ejemplo, las mujeres tienden a pedir y recibir atención médica solo cuando están seriamente enfermas, anteponiendo el bienestar de los demás a su propia salud y experimentan mayores riesgos de ser infectadas por el virus VIH en encuentros sexuales que los hombres.
Propiciar desde el Estado que el rol principal de la mujer es el de procrear y formar una familia “tipo”, orientando los recursos económicos y humanos a reforzar este estereotipo, es negar su derecho a decidir su propio destino y modo de realizarse como persona. Pero también es negarle recursos para gozar plenamente de su sexualidad, de salud psíquica y física.
Como colectiva feminista ocupada y preocupada por las condiciones de vida de las mujeres y el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos como tales, exigimos:
- Aplicación efectiva del Protocolo de Asistencia Humanitaria del Post-aborto.
- Cumplimiento del Compromiso para la Disminución de la Mortalidad Materna (COFESA 2005)
- Aprobación del uso obstétrico del misoprostol.
- Implementación de Consejerías pre y post aborto en todos los hospitales públicos.
- Suministro gratuito de los métodos anticonceptivos libremente elegidos por las usuarias.
- Aplicación efectiva, a través de la creación de los Centros de Emergencia Mujer, de los protocolos incluidos en el Programa Provincial de Salud para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a las Víctimas vigente desde el año 2007
- Modificación del Decreto reglamentario de la Ley de Salud reproductiva 13066 que garantice efectivamente la salud sexual, el acceso y suministro de métodos anticonceptivos, en forma gratuita.
- Eliminación del inciso g) del artículo 5 del Decreto reglamentario de la Ley 13066, que intenta garantizar el “derecho de objeción de conciencia” de los profesionales de la salud. Este supuesto derecho consiste en otorgarles a dichos profesionales, la facultad de negarse –por cuestiones de “conciencia” – a reconocer los derechos humanos de las y los ciudadanos que la propia Ley de salud reproductiva y procreación responsable y su Decreto, reconocen, poniendo en evidencia una intolerable e inconstitucional limitación al derecho humano a la salud.
Ningún profesional perteneciente al ámbito de la Administración pública, puede alegar que va contra su conciencia suministrar la información adecuada a los pacientes, el acceso a métodos anticonceptivos, prevenir los embarazos no deseados y proveer al acceso a todos aquellos derechos humanos relacionados con la salud, que en el marco de la Constitución Nacional y tratados internacionales, son reconocidos por nuestro sistema legal.
- Que el Ministerio a su cargo obligue a las autoridades del IOMA a cubrir la práctica de mamografías sin límite de edad, con historia clínica y con la frecuencia que el profesional de la paciente indique. La misma obligatoriedad debe exigirse a dicha Obra Social, para que incluya a la ecografía ginecológica como examen ginecológico de rutina, tal como actualmente se encuentra implementado el PAP.
- La eliminación de todo tipo de barreras – arquitectónicas, comunicacionales, etc. – que impiden el libre acceso de las mujeres con discapacidad, a los servicios de atención de la salud y – fundamentalmente – a la información, como así mismo, exigimos que ellas sean tenidas en cuenta explícitamente, en todo diseño e implementación de Programas de Salud.
Agencia Rodolfo Walsh, 28 – 05 – 09
La Quinta Pata
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