Denunciaron que no hay Cámara de Apelaciones para causas de DDHH

Maxi Quinteros

Abogados que representan a víctimas de la Dictadura militar han solicitado a la Corte Suprema de la Nación que intervenga en la Cámara Federal de Apelaciones, ya que actualmente sólo un juez tiene que decidir sobre las causas, a pesar de estar recusado por "parcialidad".

Los organismos de DDHH están buscando, luego de muchos años de inercia judicial, movilizar los expedientes sobre casos de desaparecidos y víctimas de la Dictadura Militar en Mendoza. Ahora avanzarán solicitándole a la Corte Suprema de Justicia que determine cómo debe integrarse la Cámara Federal de Apelaciones, la instancia judicial que más críticas ha recibido debido a la liberación de numerosos represores.

Viviana Beigel, apoderada del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, explicó el pedido al Alto Tribunal de la Nación debido a los temores de parcialidad que impera entre los querellantes luego de que estos pidieran, a fines del año pasado, el juicio político a los jueces que integran la Cámara de Apelaciones: Alfredo López Cuitiño, Julio Petra y Carlos Pereyra González –que finalmente renunció a su puesto.

La abogada, que patrocina estas causas vinculadas a delitos de lesa humanidad junto a Pablo Salinas, indicó que la estrategia jurídica es recusar a los cuestionados camaristas cada vez que una nueva causa ingresa a la Cámara Federal de Apelaciones. En ese sentido, trascendió que el único que no está se está excusando es Petra –López Cuitiño sí se ha excusado- y que sigue resolviendo en las expedientes sobre desaparecidos que llegan a sus manos.

“Firmo por ser de mero trámite”, dice el escrito girado a la Corte Suprema, en torno a la fórmula usada por Petra para resolver los expedientes.

Los abogados cuestionan, en este sentido, que Petra toma resoluciones acerca de la conformación de los jueces que lo acompañarán en este ámbito que decide si ratifica o niega las apelaciones a los fallos. Así, los abogados recusaron a la magistrada Olga Pura de Arrabal, puesto que consideraron que no se había utilizado el procedimiento legal acorde para integrar la Cámara.

En ese tren, Petra resolvió que la Cámara esté integrada por Nedo Carlucci y Carlos Alberto Rodríguez.
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También se supo que el fiscal Omar Palermo, que investiga los casos de víctimas de la represión militar ocurrida entre 1976 y 1983, planteó un recurso de nulidad ante la forma en que el juez Petra estaba decidiendo la integración de la Cámara de Apelaciones.

Vacío institucional
“Como están las cosas hoy, no hay Cámara de Apelaciones en la Justicia Federal para las causas de DDHH, porque quien termina resolviendo cómo se va a integrar la cámara es un juez recusado”, criticó Beigel y, a continuación, expuso la paradoja en la que se encuentra la justicia: “Este juez, designa a dos abogados de la lista de conjueces para decidir sobre las recusaciones, los que a su vez también deberán decidir las nulidades de su propia designación”.

Debido a esta paradójica situación que estanca la resolución de los expedientes, los abogados denuncian que se ha generado un supuesto de extrema urgencia y gravedad institucional, por lo que han pedido a la Corte Suprema que tome cartas en el asunto.

“Se genera un vacío en la Justicia Federal de Mendoza”, reza el texto elevado a los miembros del Alto Tribunal.

En ese tenor, piden a la Corte que se pronuncie respecto del modo en que debe integrarse este tribunal de alzada, a fin de evitar mayores dilaciones en el juzgamiento de los crímenes cometidos en la última Dictadura Militar.

Además de Beigel y Salinas, la misiva es firmada por otros dos reconocidos abogados de las causas por derechos humanos que, en su momento, fueron funcionarios de la administración de Celso Jaque pero a la que renunciaron dando un sonado portazo: Diego Lavado, como subsecretario de Justicia, y Alfredo Guevara, coordinador de DDHH.

Blancos de críticas
La Cámara Federal de Apelaciones ha sido uno de las instancias de la Justicia Federal más cuestionada por los organismos y querellantes. Junto a la labor del juez Walter Bento, al que acusan de obrar con lentitud, las críticas arreciaron contra los tres magistrados que la conformaban por la liberación de represores que estaban detenidos. Esto originó que los querellantes hayan iniciado un pedido de juicio político hacia los camaristas.

De los tres jueces, Carlos Pereyra es el único que no sigue en carrera. Tras el primer juicio contra la Dictadura celebrado en Cuyo –San Luis – el magistrado debió presentar su renuncia, ya que la Justicia Federal ordenó una investigación para determinar si presenció torturas cuando era funcionario judicial de la provincia vecina.

MDZ Online, 01 – 06 – 09

La Quinta Pata