Juan Carlos Ruiz Guadalajara
*México. Algunos tribunales y secretarías de Estado han renunciado a sus tareas trocándose en facilitadores de lucrativos proyectos empresariales en perjuicio de la ley y del patrimonio nacional. Tal es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), instancias que se han entregado a la corrupción que fomenta la minería canadiense frente a la nueva fiebre del oro que azota a México. El ecocidio y el crimen contra el patrimonio histórico que padecen Cerro de San Pedro y el valle de San Luis Potosí son la prueba contundente de ello.
Calificado por Greenpeace como el asunto más escandaloso de violación a los derechos ambientales de los mexicanos, el proyecto de tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuro en Cerro de San Pedro por New Gold-Minera San Xavier coloca al país en el escenario de un Estado fallido. Dicha empresa se ha constituido en un metapoder, arrasando un extenso territorio declarado en 1993 zona de restauración de la vida silvestre y tejiendo complicidades que la mantienen operando. De poco ha servido el proceso legal que en defensa del medio ambiente comenzó un grupo de ciudadanos que documentaron los impactos irreversibles que provoca la autodenominada "minería moderna" a cielo abierto, percatándose además de la existencia de leyes que hacían legalmente imposibles las ambiciones de Minera San Xavier. Mas el poder y la impunidad hacen milagros en México, sobre todo cuando la minería canadiense aprovecha la triste experiencia que ha acumulado en su paso por naciones subdesarrolladas.
Desde su llegada en 1995 hasta el inicio de la resistencia jurídica en 1999 la Minera San Xavier arrendó 290 hectáreas del ejido Cerro de San Pedro a falsos ejidatarios, adquirió ilegalmente fincas abandonadas del casco histórico, dividió a los pobladores incentivando conflictos, ocultó información al valle de San Luis sobre los irreversibles efectos de su proyecto y fustigó a opositores, incluido Baltasar Loredo, presidente municipal asesinado en 1998 tras pronunciarse en contra de la mina. Desde 1999 Pro San Luis Ecológico, a través de Héctor Barri, encabezó la estrategia jurídica para anular el permiso condicionado de cambio de uso de suelo que Semarnat le dio a Minera San Xavier. La victoria ciudadana llegó en junio de 2004, cuando el noveno tribunal colegiado estableció que "ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización" a la empresa, por ser un proyecto violatorio de múltiples leyes. Dicha sentencia quedó firme en octubre de 2005 cuando el TFJFA cumplimentó una ejecutoria, ordenándole a Semarnat una respuesta en ese sentido a Minera San Xavier.
¿Por qué, entonces, ha desaparecido el Cerro de San Pedro y se ha dañado irreversiblemente su entorno? Desde el año 2000 y en medio de la frustrada transición democrática, Minera San Xavier obtuvo la complicidad de Vicente Fox. Lo mismo sucedió a nivel estatal en 2003 con el panista Marcelo de los Santos. Al grito de un gobierno de empresarios para los empresarios y ante el inminente colapso jurídico de Minera San Xavier, Fox declaró en 2004 su apoyo total a las mineras canadienses por ser "altamente ecológicas y cuidadosas del medio ambiente" (sic). La empresa contaba con los servicios jurídicos de Ángel Candia Pardo (abogado del PAN estatal y entonces socio de Alejandro Zapata, actual candidato panista a gobernador), y colocó al frente de su proyecto a Jorge Mendizábal (tío del presidente del PAN estatal). Entre 2005 y 2006 estos personajes y sus cómplices traficaron influencias, removieron funcionarios, sobornaron, violaron amparos y obtuvieron permisos ilegales del INAH y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, en abril del 2006 y en desacato a la sentencia definitiva que canceló el proyecto, la Semarnat dio una nueva autorización a Minera San Xavier.
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