Bolivia inmersa en elecciones y procesos judiciales

Mario Hubert Garrido

La Paz. La marcha de preparativos para los comicios generales de diciembre próximo y varios procesos judiciales signaron esta semana noticiosa en Bolivia.

En medio de diferencias entre legisladores oficialistas y de oposición en torno a propuestas sobre el registro a elegir para administrar esos sufragios, la Corte Nacional Electoral (CNE) aseveró que garantizará el padrón biométrico.

Por una parte, los diputados del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) aprobaron una norma que permite utilizar la nómina manual antigua en caso de que la digital no se entregue en tiempo.

La iniciativa fue entregada al Senado que anunció de antemano su rechazo a lo que el presidente del Congreso bicameral, Álvaro García, a su vez vicepresidente del país, adelantará en sesión extraordinaria sobre el tema a finales de junio. Mientras, el senador Carlos Borth, de la alianza opositora Poder Democrático Social, propuso implementar un padrón mixto, es decir aplicar el biométrico donde se garantice ese tipo de registro y el manual en aquellas regiones o países donde sea imposible.

Analistas como Marcelo Varnoux estiman que el moderno registro puede realizarse tan solo en 53 días y no en 80, como propuso la CNE.

No obstante, reconoció que uno de los problemas que podría presentarse sería el encontrar la empresa adecuada, traer el material logístico, probarlos y capacitar al personal.

De acuerdo con el cronograma electoral, en julio próximo deberá comenzar el registro digitalizado de cerca de cuatro millones de votantes, tanto en la nación andina como en el exterior.

Esta semana también la sociedad boliviana estuvo pendiente de nuevos interrogatorios a personas vinculadas a las fuentes de financiamiento de una célula terrorista neutralizada en abril último en Santa Cruz.

El dilatado proceso espera además que una delegación del Ejecutivo viaje a Estados Unidos para reunirse con el Departamento de Justicia y pedir la extradición de empresarios involucrados con ese caso.
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El Ministerio Público señaló aquí que en Washington se encuentran refugiados Hugo Achá, Alejandro Melgar y Luis Hurtado Vaca, identificados como parte del grupo que aportaba las finanzas a los extremistas liderados por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, abatido en una operación policial, junto a otros dos colaboradores.

Nuevas evidencias sobre este caso demostraron que la banda de extremistas y sus patrocinadores pretendían ocasionar un efecto Kosovo en Bolivia.

Tras la revisión de equipos electrónicos incautados durante el operativo policial, la Fiscalía comprobó que Rózsa Flores recibía órdenes del exterior para ejecutar sus planes separatistas.

De otra parte, se espera que la justicia adopte sanciones contra los responsables de una masacre de campesinos perpetrada en septiembre último en la región amazónica de Pando, proceso que impulsa una comisión parlamentaria.

De acuerdo con el vicepresidente García, el grupo de trabajo de la Cámara baja que investigó la matanza de unos 18 labriegos de la que responsabilizan al ex prefecto Leopoldo Fernández, apresado en La Paz, debe concluir su labor.

La autoridad señaló que han pasado nueve meses y aún los organizadores y ejecutores de la represión contra los originarios en las localidades de Porvenir y Filadelfia están prófugos de la justicia o no han sido notificados.

También el Ministerio de Transparencia Pública y Lucha Contra la Corrupción de Bolivia presentó una denuncia de malos manejos de recursos económicos en la prefectura de Chuquisaca por la máxima autoridad de ese departamento, Sabina Cuéllar.

Cuéllar y el dirigente del comité cívico de esa región, Jhon Cava, también están implicados en actos violentos y abusos perpetrados contra campesinos en la ciudad de Sucre, en mayo de 2008.

PL, 13 – 06 – 09

La Quinta Pata