Que no cunda el pánico

Claudio Lozano y Tomás Raffo

A propósito de las nacionalizaciones en Venezuela

La decisión soberana del gobierno Venezolano de construir un “único gran complejo siderúrgico industrial integrado colectivo” que supone la nacionalización (estatización) con control obrero (participación de los trabajadores en el directorio) del conjunto de firmas que participan de la producción siderúrgica de dicho país, ha sido presentada por los medios oficiales y por los diversos representantes del Poder Económico Local (La Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresarial Argentina, Adeba, la Cámara de Exportadores, la Bolsa de Comercio, entre otros), como si la decisión fuera un capítulo más de la supuesta batalla entre “Hugo Chávez y Techint” y ha motivado preocupación y alarma en los empresarios locales que consideran estos como “un atentado a los intereses argentinos” y por lo tanto, urgen que el gobierno local “arbitre las medidas necesarias para defender el interés argentino” entre las cuales según expresas declaraciones de la UIA se solicita al gobierno que “revea la decisión de incorporar a Venezuela como miembro pleno” del MERCOSUR.

Así las cosas, un conjunto de reflexiones pueden servir para fomentar un debate imprescindible para nuestro país.

En primer lugar corresponde resaltar lo ya expuesto: la decisión del gobierno Venezolano, no se circunscribe en absoluto a una pulseada con el grupo económico Techint. Es por el contrario la voluntad de crear un único espacio de producción de insumos siderúrgicos con absoluto predominio de las firmas estatales y previendo la participación de los trabajadores, la que se presenta como la fundamentación de la medida. No han sido solamente las 3 firmas donde el grupo Techint tiene participación (de las cuales en dos es la socia mayoritaria, y en otra aporta un capital menor) las que se han nacionalizado, sino también otras 4 empresas siderúrgicas y una proveedora de insumos siderúrgicos, todas de capitales privados venezolanos, las que están involucradas también en esta decisión. Pero además las nacionalizaciones / estatizaciones de empresa encarados por el Gobierno Venezolano tampoco se restringen únicamente a la siderurgia. Ya ha habido nacionalizaciones / estatizaciones en el sector de la “energía eléctrica” que estaba dominado principalmente por empresas norteamericanas, en las comunicaciones, en la banca, en la industria cementera y aún en el ya de por sí dominante espacio estatal del petróleo. Las estatizaciones realizadas se llevaron a cabo dominantemente mediante “acuerdos amistosos” por parte de las empresas privadas y el Estado Venezolano, en donde según las denuncias de la oposición venezolana, los precios pagados por el gobierno están un 20% por encima del valor de mercado de las firmas.
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Por otro lado, desde una posición teórica, el pedido de la cúpula empresarial argentina para que el gobierno defienda los “intereses nacionales violentados en tierras venezolanas” supone un exceso y un disparate mayúsculo. Exceso, porque si bien es cierto que es frecuente asociar al Gobierno actual con intereses privados, siempre es bueno que dicha asociación sea lo menos explícita posible. Se supone que el Estado debe representar el interés común (es decir el de todos) y no un interés particular (el de un empresario). Se supone que frente al conflicto entre un interés privado y el interés de conjunto debe primar el del conjunto. Se sabe que en la práctica el Estado muchas veces representa un interés particular presentándolo como un interés del conjunto. Hacer explícito esta demanda debilita los consensos necesarios que la medida requiere. Por eso es un exceso. Sin embargo, la discusión de fondo es si efectivamente el grupo empresario Techint, y en forma más general la Cúpula Empresarial Local (cuyos representantes son los que pusieron el grito el cielo ante la decisión del gobierno venezolano) contienen en sus intereses el interés del conjunto de los argentinos. El compromiso empresario con el conjunto se define en la decisión de transformar en inversión las ganancias extraordinarias obtenidas en los últimos años. Esta claro que, como bien da cuenta el proceso inflacionario vivido desde el 2007, este comportamiento no se ha cumplido para la experiencia reciente de nuestro país.

El exceso del reclamo de la cúpula empresaria local también se expresa en que los cuestionamientos respecto a la decisión soberana del representante del interés común en un territorio al que no pertenecen, suponen una violación al principio de libre determinación de los pueblos el cual se basa en la no injerencia de parte de los extranjeros en las decisiones políticas adoptadas por el representante legal de una comunidad. Pero es un disparate mayúsculo, porque le pese a quien le pese, el Grupo Empresario Techint no es argentino. Se trata de un conglomerado de empresas radicadas en diversos sectores de actividad de la economía argentina, pero que su principal actividad es ser un productor mundial de insumos para la industria petrolera. Los dueños de Techint son la familia italiana Rocca, su radicación legal es el paraíso fiscal de Luxemburgo y la asamblea de accionista se realiza anualmente en Italia. No por el hecho de contratar gerentes argentinos una firma es argentina. Sino casi no habría empresas extranjeras en la Argentina ni en el mundo.

Lo que resulta llamativo a todas luces es la denominada “alerta empresaria” frente a la decisión del gobierno venezolano. El estado de alerta supone precaución frente a un posible daño. Solo se justificaría dicho estado de alerta si hubiera razones para suponer que el ejemplo venezolano pueda repetirse en nuestro país. Para que tal cosa ocurra, se supone que los empresarios argentinos puedan temer la influencia del presidente Venezolano sobre el matrimonio presidencial argentino. Es decir si en una formula escueta se podría afirmar la notación Kirchner = Chávez. Lamentablemente nada más alejado de la realidad. Unos pocos ejemplos pueden mostrar la distancia que separa la supuesta igualdad entre el presidente venezolano y los Kirchner:

A diferencia de Venezuela, en Argentina los resortes básicos de la economía están en manos privadas. Petróleo, Siderurgia, Comunicaciones y Servicios Públicos son sectores claves donde la diferencia entre la gestión estatal venezolana y la privatista argentina, son significativos para diferenciar a Chávez de los Kirchner.

Las denominadas “misiones sociales” que son los programas sociales que proveen salud, educación, alimentación, prevención, etc. a los sectores populares venezolanos, creadas como modos de sortear las burocracias estatales, son una rica experiencia que tampoco ha imitado el gobierno argentino.

Quizás lo fundamental, y que permite entender porque los Kirchner no son Chávez, es la práctica recurrente a Consultas Populares para cualquier tema que se considere conflictivo. Será quizás por seguir los mandatos de su sociedad, a la cual se la consulta en forma permanente, que el presidente Venezolano puede hacer lo que aquí el matrimonio presidencial no quiere hacer?

Es necesario señalar que la queja empresaria frente a la decisión del gobierno venezolano, es también el reflejo de un malestar creciente de los mismos con el gobierno argentino. Este malestar no puede reflejar sino insatisfacción con la situación actual, que no puede deberse sino a la insuficiencia que para estos capitales asume la política de gobierno. Está claro que lo hecho en materia de medidas pro empresariales por parte de la actual gestión no alcanza a satisfacer el reclamo empresario. Una rápida mirada a dichas medidas quizás permita entender algo de este malestar:

¿No les alcanza la utilización de los recursos del sistema previsional que están siendo utilizados para sostener empresas privadas (la papelera Massuh) sectores enteros de actividad (la industria automotriz) y el financiamiento de los denominados paquetes “anticrisis” (con crédito blando para sostener el boom de consumos de las grandes cadenas comerciales, el crédito blando a empresas industriales, etc.)?

¿No les alcanza con que el Gobierno haya instrumentado el REPRO, por medio del cual el Estado se hace cargo de parte de la masa salarial (hasta $600 de sueldo en carácter no remunerativo) de las firmas para que las mismas no reduzcan a su planta formal?

¿No alcanza que la primera medida de importancia de la actual gestión haya sido dotar de permanencia el Régimen de Promoción a las Inversiones, que originalmente había creado el anterior gobierno (de Néstor Kirchner) con carácter de transitorio por 3 años? Se trata de un régimen que hasta la fecha ha otorgado $1.800 millones de subsidio, de los cuales el 58% fue apropiado por una sola firma (Aluar).
No hay que ser muy perspicaz para observar que efectivamente al núcleo empresario argentino lo expuesto no le alcanza. Basta escuchar brevemente las posturas de los principales referentes de la cúpula económica para percibir sus demandas. En reiteradas ocasiones el presidente de la UIA ha manifestado la necesidad de “corregir la apreciación cambiaria”, cuando ha querido ser elegante, o simplemente la brutal “necesidad de una devaluación” que inclusive necesitaría estar acompañada por una “rebaja de la carga impositiva”. Devaluación con menor presión fiscal. ¿No es acaso lo que sucedió cuando implosionó la Convertibilidad a finales del 2001? En aquel entonces tuvimos una devaluación del 300% en un contexto de ausencia de retenciones para las exportaciones.

Habida cuenta de lo expuesto, quizás algo de razón tenga el candidato oficial (Kirchner, Néstor) cuando denuncia que “algunos quieren volver al 2001”. Lamentablemente se olvida que esos “algunos” no son otros que la propia “cúpula empresarial local” promovida durante su mandato por una serie de medidas “neodesarrollistas” que no han hecho otra cosa que ampliar la capacidad de estos actores de incidir sobre las políticas públicas, que efectivamente pueden llevarnos nuevamente al 2001 tan temido. No será acaso esta una clara señal para asumir el obstáculo que supone la vigencia de una cúpula empresaria fuertemente extranjerizada, depredadora de los recursos naturales y que reproduce una dupla de concentración y desigualdad en el cuerpo social, para efectivamente encarar un proceso de desarrollo económico que involucre al conjunto de los argentinos?

Para aclarar el punto, desde nuestra concepción la estatización per se no es ni buena ni mala. Nosotros no somos por definición estatistas, sino que estamos convencidos que frente a la existencia en la Argentina -y en América Latina- de una cúpula empresarial dominantemente extranjera, la discusión sobre el futuro, que es en buena medida la discusión sobre la inversión, obliga a un papel de los Estados sumamente activo, que debe evaluar cuáles son los lugares y los modos de intervención en función del compromiso que el capital privado tenga con el rumbo nacional popularmente definido. Habida cuenta de la experiencia Argentina, cada cual podrá sacar sus propias conclusiones.

Corte x Lozano, 01 – 06 – 09

La Quinta Pata