En momentos en que en nuestro país se promueve el diálogo, la Mesa de Enlace agropecuaria insiste con su monólogo. No solo deja fuera de la representación a los movimientos de campesinos sin tierra, peones y asalariados rurales, sino que mantiene su intransigencia en posturas que los favorecen a ellos, mientras perjudican a millones de argentinos.
Dialogar es deponer posiciones sectoriales en pro del superior interés de la mayoría de la población. Por el contrario, la Sociedad Rural y sus aliados pretenden achicar o eliminar las retenciones a productos de la pampa húmeda, con el consiguiente desguace de las cuentas fiscales. A la vez hablan de superar la pobreza lo que es totalmente compartible y necesario, pero no puede lograrse si se quita al Estado sus fuentes de financiamiento. Se quiere poner a las autoridades ante una situación imposible: gastar más, recaudando menos. Una nueva manera de presionar indebidamente sobre la institucionalidad del país (y de hacer que el Estado responda única y exclusivamente a sus intereses sectoriales).
Parece oportuno entonces retomar algunas discusiones a fin de descubrir los reales objetivos que se persiguen desde estos sectores, dado que los medios de comunicación que participan también del negocio agro-exportador se han encargado de manipular la opinión pública en apoyo de intereses que perjudican al pueblo argentino.
En primer término, debemos poner en claro que las retenciones son derechos de exportación. No se trata de un impuesto más de constitucionalidad dudosa, sino de un gravamen que afecta a los productos destinados a la exportación. Su constitucionalidad emana del art. 4° de la Constitución Nacional[1], delegándose su imposición por el art. 755 del Código Aduanero[2], en el Poder Ejecutivo, como tantas otras delegaciones efectuadas por el Congreso al poder administrador por razones de economía, celeridad y practicidad.
Los productos primarios (commodities) se exportan a precios fijados por el mercado internacional, los cuales antes de la crisis mundial habían subido en forma artificiosa por la especulación financiera, ubicándose muy lejos de los costos de producción ya que nuestros productores cuentan, además, con ventajas comparativas, derivadas del clima y la fertilidad del suelo y que han constituido lo que se denomina una “renta extraordinaria”. Esa ventaja comparativa que constituye la pampa húmeda, tierra única en el mundo por su productividad, no es producto de nada que hayan hecho sus propietarios, es tierra de nuestra patria de la que medran y muy bien.
Las retenciones no solo ayudan a la industria y las economías regionales. También benefician al “campo”
Estas “superganancias” que reciben los agro – exportadores derivan a su vez de las particulares condiciones creadas por las políticas económicas encaradas por el gobierno de Néstor Kirchner y continuadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pese a los deterioros obvios producidos por el impacto de la crisis mundial. El tipo de cambio relativamente alto, que solo pudo sostenerse mediante la intervención del BCRA comprando sistemáticamente dólares y paralelamente engrosando las reservas. Cuando se pregunta a qué se destinó lo recaudado por retenciones, se puede responder que a mantener un dólar alto que aseguró la rentabilidad del campo pero permitió que funcionen la industria y las economías regionales, contrariamente a lo que sucedía durante el período de la convertibilidad, durante la cual se destruyó el aparato productivo de la Nación, causando la pobreza de más de la mitad de la población y tasas de desocupación de dos dígitos.
Las retenciones defienden “el bolsillo de la gente” La imposición de retenciones tiene como efecto el desacople de los precios internacionales y locales, posibilitando así que los alimentos sean consumidos en el mercado interno, en función de los ingresos de los trabajadores de nuestro país, en lugar de estar sometidos a los caprichos y vaivenes del mercado internacional, cuya crisis actual tiene que ver con su volatilidad y la especulación reinante respecto al precio de algunos commodities. La bravata de De Angeli afirmando que quien quiere carne debe pagarla ochenta pesos por kilo es una posibilidad bien concreta si se eliminan las restricciones.
No sólo de soja vive el hombre… En el caso particular de la soja, que se exporta en un 95 %, y cuyo valor internacional ha subido en forma sideral debido a la especulación vinculada a la fabricación de agrocombustibles, las retenciones persiguen también como finalidad desalentar su cultivo por las consecuencias perjudiciales que el mismo produce en el suelo y por el uso del tóxico glifosato, aprovechando la coyuntura de precios favorables para redistribuir estos beneficios que no pueden ser concebidos como producto del trabajo de los agro-exportadores, ya que han intervenido en su determinación varios factores dependientes de otros actores sociales. Por otra parte el avance de la frontera de la soja, cuyo cultivo se ha incrementado entre el 30 y el 50 % en la última década, desplaza a su vez a otros cultivos y a la ganadería, incrementando su precio en virtud de la reducción de su oferta.
¿Granero del mundo o granero de pobres? El colosal aumento de los precios de los commodities ha hecho revivir la fantasía decimonónica en los sectores agro-exportadores de convertirnos en el “granero del mundo”, modelo de desarrollo en el que no tiene lugar la industria ni el mercado interno, y en consecuencia, genera desocupación y marginación, en razón del grado de tecnificación actual de las actividades agropecuarias que demandan muy poca mano de obra, en condiciones de precariedad laboral jurídica y social, en virtud del alto índice de trabajo en negro que registra el sector.
¿Es gratis eliminar las retenciones? ¿Quién paga el costo de su eliminación? Eliminar las retenciones implicaría una disminución de los ingresos del Estado, por lo que un primer efecto sería menor recaudación y por ende problemas fiscales. Pero este es el menos relevante de los efectos.
Un efecto más sensible sería el aumento del precio del pan, la leche, el maíz, la carne, el cerdo, en general los alimentos. Las retenciones, al “despegar” los precios internos de los internacionales generan que paguemos más barato, por ejemplo, la harina de lo que pagaríamos sin retenciones. Entonces, un segundo efecto, sería que aumentarían los precios de los alimentos.
La eliminación de las retenciones a la soja produciría una superganancia adicional a los productores de soja, por lo que quien tiene que decidir el producto a sembrar optaría por soja, haciendo prácticamente nula la producción, por ejemplo, de trigo, con lo que el precio del trigo subiría por su escasez o por la necesidad de importarlo. Así, claramente, una reducción de las retenciones a la soja aumentaría el precio de la harina, del pan y de los alimentos en general.
Pero hay más. Un efecto que sería más trascendente aún que el precio de los alimentos, es el efecto sobre el modelo de desarrollo nacional. Las retenciones permiten determinar tipos de cambio diferenciales. Así, la producción de soja en la pampa húmeda tiene un dólar efectivo distinto a la producción metalúrgica en Mendoza. Esto es fundamental para evitar lo que Aldo Ferrer y otros llaman “la enfermedad holandesa”, consistente en la determinación del tipo de cambio al precio que hace rentable la producción más eficiente del país. Es decir, esta anomalía implicaría que tendríamos un dólar barato con el que sólo podríamos producir soja y otros granos en la pampa húmeda. No habría industria porque convendría importar y no habría economías regionales porque no serían competitivas. Un caso análogo (con otro marco legal) ocurrió durante la convertibilidad.
Como vemos los barones de la soja quieren que el pueblo les llene los bolsillos. ¿Vamos a seguir empollando el huevo de la serpiente? Debe agregarse, además, que durante el conflicto con el sector agro-exportador, se cuestionó en forma constante y permanente la atribución del Estado, no ya de un gobierno en particular, de gravar actividades lucrativas, en un discurso completamente neoliberal y atrasado, esgrimido por los organismos internacionales de crédito y fundante de la actual crisis internacional, que pretende dejar en manos del mercado la distribución de la riqueza, y cuyo resultado ha sido invariablemente la concentración de la misma en cada vez menos manos y el aumento creciente de la pobreza a escala planetaria.
La actual ofensiva de la Mesa de Enlace y sus aliados políticos persigue tras la derogación de las atribuciones del art. 755 del Código Aduanero y la baja de las retenciones a los commodities, restablecer un modelo de desarrollo excluyente, centrado en la exportación de productos primarios, la nivelación de los precios de estos productos en el mercado interno e internacional, y la reducción del rol del Estado a un mero administrador de los intereses económicos de los grupos económicos, dejando atrás toda intervención económica en favor del conjunto de la sociedad y de los sectores sociales menos favorecidos. El avance de ese proyecto político y económico redundaría en un deterioro de la economía provincial y de la industria tal como vivimos la década de los ’90.
Las consecuencias de ese modelo excluyente llegaron a su punto culminante en el 2001 con el estallido de una crisis económica y política tan profunda que llevó al país al corralito y el default, con el consecuente empobrecimiento de la mitad de los argentinos, la desocupación y los saqueos. Creemos que nos quieren condenar a repetir ese fracaso, en aras del privilegio de un sector.
Por ello, respaldamos el proyecto nacional, construyendo la defensa de nuestro pueblo de los sectores del privilegio que expolian nuestra patria.
[1] El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación … de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General …
[2] Que como otras las leyes de la dictadura fue ratificada por el Congreso Nacional, en su caso, en virtud de la cláusula transitoria octava de la Reforma de la CN de 1994. La Ley de Radiodifusión no resulta cuestionada por la oposición destituyente de igual modo, pese a compartir el origen dictatorial. El Código Aduanero se encuentra ratificado hasta el 24 de agosto de 2009 por la ley 26.135.
http://cartaabiertamendoza.blogspot.com.ar, 30 – 07 – 09
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