Minera San Jorge: Oikos pide al gobierno que suspenda la consulta pública

La Red ambientalista Oikos pidió a la Secretaría de Medio Ambiente la suspensión del proceso de consulta pública que se lleva adelante en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge ubicado en Uspallata, debido a que se restringe el derecho a acceder a información ambiental relevante.

Oikos asume que con ello, se provoca una participación desinformada y de menor calidad. Este hecho contradice 15 años de experiencias positivas en la implementación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la provincia.

La consulta
En estos momentos se lleva a cabo el proceso de consulta pública para el proyecto minero ubicado en Uspallata, perteneciente a Minera San Jorge s.a., como parte de la etapa de participación pública prevista en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Esta etapa vence el 14 de octubre y consta de un período para que la ciudadanía pueda consultar la información sobre el proyecto y luego pueda incorporar al proceso sus cuestionamientos. Pero cuando los ciudadanos van a la consulta, solo encuentran el informe de impacto ambiental elaborado por la empresa minera, según lo establece el decreto N° 820/06, pero esta información es solo una pequeña parte de toda la información relevante que es necesaria para entender mejor los pro y contra del proyecto.

Oikos red ambiental solicita la suspensión del procedimiento basado en la legislación ambiental y la doctrina local, que contempla que la etapa correspondiente al acceso a la información para la participación ciudadana que prevé la ley provincial N° 5961 a través de la audiencia pública, está gravemente restringida por el decreto N° 820/06 que reglamenta la evaluación de impacto ambiental para la actividad minera, ya que la ciudadanía solo puede ver una porción sesgada de la información y no puede consultar el expediente completo con el informe de impacto ambiental, el correspondiente dictamen técnico elaborado por expertos y los informes sectoriales, tal como se ha venido realizando desde 1993 a la fecha. “Si no se dispone de la información relevante para comprender los alcances del proyecto, entonces se está restringiendo gravemente el derecho de los ciudadanos a informarse debidamente para participar activamente en el debate, es decir, se disminuye la calidad de la participación, y esto va en contra de toda la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema”.
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“Sería la primera vez que se permite que el proponente (la empresa minera) solo presente una parte de la información para que el ciudadano interesado o afectado pueda accesarla”. “El problema radica en que el Decreto N° 820 (de la gestión del Gobierno de Cobos) fue totalmente inconsulto, vino el Subsecretario Gustavo Morgani y nos lo tiró a la cara durante una reunión del Consejo Provincial del Ambiente, al mismo tiempo que Cobos estaba en Gualeguaychú hablando de defender el ambiente”. Este decreto crea una nueva categoría (la consulta pública) a partir de la ley nacional 25.675 que fija la política ambiental nacional, pero no respeta la norma local, al restringir el derecho a la información ambiental que es un derecho consagrado por la Constitución nacional en el art. 41.

Es un hecho relevante que el dictamen técnico aún no esté disponible, ya se han cumplido los plazos y ha comenzado el proceso de consulta sin que se disponga de dicha información. Para el caso de que esto ocurriera con otras actividades, constituiría una franca violación a la legislación vigente y sería pasible de acciones judiciales. El dictamen técnico es un documento fundamental para mejorar la comprensión de un proyecto tan complejo como el que propone la empresa minera en Uspallata. Sin ese dictamen ni los informes de los distintos organismos, es muy difícil tener una visión amplia sobre los alcances sociales, económicos y ecológicos del emprendimiento.

La nota además contiene una serie de pedidos relacionados al dictamen técnico, a que se permita ver el expediente original, ya que hasta ahora solo puede verse el informe de impacto ambiental presentado por la empresa, pero este documento es solo una pequeña porción de todo el procedimiento administrativo, y también solicita información específica acerca de los profesionales que intervienen en la elaboración del dictamen técnico realizado por la UTN.

La solicitud contempla que, una vez que se haya completado la información necesaria, se reinicie el proceso de consulta. “No creo que esto afecte a la empresa o al gobierno de ninguna manera, sino por el contrario, si la empresa acuerda esto con el gobierno, estará diciéndole a la sociedad mendocina que no tiene nada que guardarse y que toda la información será mostrada para que pueda ser consultada”.

CUYONOTICIAS, 19 – 08 – 09

La Quinta Pata