Daniel Klocker
El proceso se realizará en la Cámara del Crimen de Bell Ville. El incendio del edificio de Tribunales ocurrió el 4 de diciembre de 2006 y se produjo tras una marcha que reclamaba justicia por el crimen de la menor de 4 años. Activa participación de la CTA en defensa de los imputados.
Este lunes comenzará el juicio a 31 imputados por la quema y destrozos del edificio donde funcionaba la sede judicial de Corral de Bustos. Las audiencias se realizarán en la sala de la Cámara en lo Criminal de los tribunales de Bell Ville y se prolongarán hasta el viernes 30 de octubre.
El Tribunal estará integrado por José María Rocca, Miguel Ángel Prino y Gustavo Garzón y la fiscalía a cargo de Telmo Alejandro López Lema.
La causa se inició el 4 de diciembre de 2006 cuando una marcha en reclamo de justicia por el abuso y muerte de la pequeña Ariana Sabache (4 años) finalizó con una histórica pueblada frente al edificio de Tribunales, que posteriormente derivó en la detención e imputación de setenta personas.
Algunos estuvieron por más de cuatro meses presos en la cárcel de Villa María hasta que empezaron a recuperar la libertad a la espera del juicio, pero un grupo debió volver a prisión por orden del ex fiscal Carlos Viramonte y completaron un encierro de casi un año.
Aprietes e irregularidades
Cecilia Pérez Correa, abogada de varios de los imputados y asesora de la Central de Trabajadores de la Argentina de la Provincia de Córdoba, manifestó que “este caso de la pueblada de Corral de Bustos es una prueba terrible de cómo funciona el sistema judicial. Han pasado casi tres años del hecho y en todo este tiempo hubo graves irregularidades, como los comprobados aprietes a testigos por parte de funcionarios policiales y de la Justicia para inculpar a personas”.
“El cambio de carátula de ´incendio triplemente calificado con materiales capaces de causar estragos, lesiones en riña y agresión a la autoridad´ a la de lesiones en agresión y daño calificado´ es una prueba elocuente de la ineptitud en la tarea investigativa de la Justicia y ni que hablar de la inacción del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia que no hizo nada para apartar a los funcionarios que no cumplieron con su deber”, aseguró.
Para Pérez Correa, "la judicialización de la protesta social es una manera de disciplinar a los trabajadores y otros sectores populares que no aceptan mansamente los dictados del poder".
La hora de la verdad
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