lunes, 19 de octubre de 2009

Criminalización de la protesta: con 31 imputados comienza el juicio por Pueblada de Corral de Bustos

Daniel Klocker

El proceso se realizará en la Cámara del Crimen de Bell Ville. El incendio del edificio de Tribunales ocurrió el 4 de diciembre de 2006 y se produjo tras una marcha que reclamaba justicia por el crimen de la menor de 4 años. Activa participación de la CTA en defensa de los imputados.

Este lunes comenzará el juicio a 31 imputados por la quema y destrozos del edificio donde funcionaba la sede judicial de Corral de Bustos. Las audiencias se realizarán en la sala de la Cámara en lo Criminal de los tribunales de Bell Ville y se prolongarán hasta el viernes 30 de octubre.

El Tribunal estará integrado por José María Rocca, Miguel Ángel Prino y Gustavo Garzón y la fiscalía a cargo de Telmo Alejandro López Lema.

La causa se inició el 4 de diciembre de 2006 cuando una marcha en reclamo de justicia por el abuso y muerte de la pequeña Ariana Sabache (4 años) finalizó con una histórica pueblada frente al edificio de Tribunales, que posteriormente derivó en la detención e imputación de setenta personas.

Algunos estuvieron por más de cuatro meses presos en la cárcel de Villa María hasta que empezaron a recuperar la libertad a la espera del juicio, pero un grupo debió volver a prisión por orden del ex fiscal Carlos Viramonte y completaron un encierro de casi un año.

Aprietes e irregularidades
Cecilia Pérez Correa, abogada de varios de los imputados y asesora de la Central de Trabajadores de la Argentina de la Provincia de Córdoba, manifestó que “este caso de la pueblada de Corral de Bustos es una prueba terrible de cómo funciona el sistema judicial. Han pasado casi tres años del hecho y en todo este tiempo hubo graves irregularidades, como los comprobados aprietes a testigos por parte de funcionarios policiales y de la Justicia para inculpar a personas”.

“El cambio de carátula de ´incendio triplemente calificado con materiales capaces de causar estragos, lesiones en riña y agresión a la autoridad´ a la de lesiones en agresión y daño calificado´ es una prueba elocuente de la ineptitud en la tarea investigativa de la Justicia y ni que hablar de la inacción del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia que no hizo nada para apartar a los funcionarios que no cumplieron con su deber”, aseguró.
Para Pérez Correa, "la judicialización de la protesta social es una manera de disciplinar a los trabajadores y otros sectores populares que no aceptan mansamente los dictados del poder".

La hora de la verdad
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Néstor “León” Fabián Etchegaray, uno de los 31 imputados en la causa y delegado de la CTA en Corral de Bustos, aseguró que “ahora comenzarán a descubrirse un montón de mentiras que ensuciaron el nombre de muchas personas de Corral de Bustos. En mi caso estuve cuarenta y siete días preso en la cárcel de Villa María, pero otros compañeros debieron pasarse casi un año entre rejas”.

“Ahora, y después de casi tres años de la Pueblada, resulta de que no fuimos tan malos como parecía porque de acusarnos de armar bombas molotov y de incendio triplemente calificado, la justicia ahora nos imputa por agresión y daño calificado”, finalizó.

En Bell Ville, a partir del lunes, comenzará a ventilarse una pueblada que, al igual que en "Fuenteovejuna", refleja el hastío del pueblo contra una Justicia al servicio de los ricos y poderosos y que sólo actúa con diligencia a la hora de criminalizar la protesta social.

Este "Fuenteovejuna" moderno ocurrió en Corral de Bustos en la primera década del Siglo XXI. Será de sumo interés conocer cómo finaliza esta nueva prueba de soberbia aristocrática de la Justicia de la provincia de Córdoba.

A propósito, ¿cuándo llegará la hora de que a los jueces y magistrados los elija el pueblo tal como se hace con los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo – intendentes, gobernadores, presidente, concejales, legisladores, diputados y senadores?

La Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) viene proclamando desde hace años la necesidad de elección de los jueces a través del voto directo y secreto de la ciudadanía. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las deudas más importantes a más de un cuarto de siglo de recuperación del sistema democrático en nuestro país.

www.prensared.com.ar y ACTA, 19 – 10 – 09

La Quinta Pata

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