Penélope Moro
En tapa: "Cuando decidir es privilegio de pocas", que reproducimos a continuación.
Medio millón de mujeres acuden anualmente en nuestro país a realizarse abortos clandestinos, por lo tanto inseguros. Ochenta mil de ellas se ven obligadas a pedir ayuda médica en hospitales públicos ante las secuelas físicas y psicológicas producto de las prácticas mal hechas. Estas cifras oficiales se acompañan de otra más penosa aún: un centenar de estas mujeres pierde su vida durante la intervención, o inmediatamente concluida ésta.
Las que no forman parte de los últimos dos guarismos, pero que igualmente recurren a prácticas ilegales de interrupción del embarazo, corren mejor suerte. Se trata de mujeres que tienen la posibilidad de costear condiciones sanitarias aceptables, es decir, a cargo de un profesional médico idóneo, y de acceder a las medicaciones correspondientes.
En cambio, las que sí integran las cifras del dolor, las mujeres que a falta de privilegios materiales se ven obligadas a exponer su vida acudiendo a prácticas paupérrimas, son las jóvenes más pobres de nuestro país. Esta realidad refleja una clara situación de inequidad social en la que los derechos humanos de las mujeres pobres son sistemáticamente vulnerados. Antes y después de su decisión de abortar.
El padecimiento de las más pobres ante la imposibilidad de decidir sobre su propio cuerpo pierde toda posibilidad de insertarse como debiera en el ámbito de la Salud Pública y de los Derechos Humanos cuando se insiste en mantenerlo en el terreno penal. De hecho, en numerosos casos ni siquiera se ha respetado el artículo 86 de nuestro Código Penal que contempla la no punibilidad del aborto en casos de violación o de atentado al pudor cometido sobre una mujer demente o idiota.
Este avasallamiento a los derechos de las mujeres se ve fortalecido cuando grupos religiosos y civiles de índole fundamentalista equiparan aborto con asesinato instalando la dicotomía de grupos “pro vida” vs. “abortistas”. Peligrosa simplificación que oscurece las consecuencias reales ante la opinión pública, pues, en su “defensa a la vida”, estos sectores se ciegan ante la principal causa de muerte materna en Argentina: los abortos realizados en míseras condiciones sanitarias.
La violencia sexual y la ignorancia son el origen de la maternidad forzada. Es necesario reflexionar sobre las causas que llevan a una mujer a decidir no continuar con un embarazo que no buscó. Sólo así se entenderá que la despenalización del aborto se traduce en el reconocimiento humano de la condición de las mujeres, permitiéndoles el acceso a la salud pública, sin ser penadas ni discriminadas. Aún más, brindándoles la posibilidad de vivir una vida digna.
Río de Palabras Nº 6, 21 – 10 – 09
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