Osvaldo Mussato
*Seguramente la asignación de 180 pesos para los menores de 18 años es una medida progresista, que apunta a redistribuir la riqueza y que inyecta alrededor de 11 mil millones de pesos anuales al consumo, con un impacto directo en la actividad económica.
Frente a los que dicen que no es universal y que debería otorgarse a todos los menores de 18 años, la respuesta es que, al ser equiparada a las asignaciones familiares vigentes, permite, con distintos mecanismos, que todos los menores de 18 años y los hijos discapacitados sin límite de edad, perciban el beneficio. A saber: los desocupados, los trabajadores informales y del servicio doméstico de manera directa y los que tributan el impuesto a las ganancias, descontándolo del importe que deben pagar. Así, quedan dos sectores no contemplados en el beneficio: por un lado los trabajadores informales que perciben salarios de más de 1.500 pesos. En este caso se produce la paradoja de que la certificación de ese ingreso ante la autoridad competente lo transformaría en un trabajador registrado y por lo tanto beneficiario de la asignación familiar (aunque es previsible que cuando tramiten la asignación, van a declarar ingresos inferiores a esa suma). Por otro lado están los monotributistas, que no son contemplados en el decreto. En la reglamentación deben ser necesariamente incorporados al beneficio. De la manera planteada e incorporando a los sectores excluidos de la norma, la asignación sería universal.
La propuesta planteada por distintos sectores de la oposición, de una asignación directa para todos los menores de 18 años es, desde mi punto de vista, gravosa e inequitativa. Gravosa porque redoblaría el beneficio a los sectores que ya lo perciben a través de las asignaciones familiares (incluidos los hijos de los sectores de mayores ingresos), aumentando la masa de recursos destinados a la asignación. Inequitativa porque a los sectores que ya perciben las asignaciones familiares se les duplicaría el ingreso.
Sobre el financiamiento, sería deseable que los recursos provinieran de la aplicación de impuestos a la renta financiera, a la herencia, a la compra/venta de acciones, etc. Pero esto tiene varios inconvenientes: en el caso de la renta financiera, las personas jurídicas ya tributan a través del impuesto a las ganancias; quedando solamente las personas físicas que en un alto porcentaje son pequeños ahorristas. Además, los recursos que se podrían recaudar por esa vía son muy inferiores a los necesarios para sostener el sistema. Por último, para poder aplicar nuevos impuestos es necesario que se dicten nuevas leyes. Pero, teniendo como antecedente la reacción que provocó la resolución 125 sobre derechos de exportación, sería dudosa la concreción del beneficio universal ya que quedaría postergado y supeditado a que el Congreso apruebe estos nuevos gravámenes.
Seguramente en el tiempo, y con el sistema funcionando, deban preverse otras fuentes de recaudación que vayan en el sentido de la lucha contra la concentración económica y por la distribución de la riqueza. Pero para eso, además del discurso hace falta la fuerza capaz de llevarlo a cabo. En el mientras tanto es bueno lo que se ha hecho.
Volviendo a la pregunta del principio, en la coyuntura, la universalización de la asignación seguramente producirá una disminución significativa de los índices de pobreza e indigencia, pero su sostenimiento en el tiempo dependerá del régimen de actualización de esta y de los instrumentos de control de la inflación que eviten la licuación del beneficio.
*DNI 8.158.182
La Quinta Pata, 28 – 11 – 09
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