Daniel Calivares
Ambos están acusados por su participación durante la dictadura. El Gobierno enfrenta a la justicia por los jueces de la dictadura Romano y Miret.
El viaje del ministro de Gobierno, Mario Adaro, a Buenos Aires tuvo varios objetivos. Uno fue reunirse con funcionarios del Ministerio de Trabajo y con otros integrantes del Gobierno nacional, pero, además, llevar en mano, ante el Consejo de la Magistratura, una denuncia contra los jueces de la Cámara de Apelación de la Justicia federal de Mendoza Luis Miret y Otilio Romano, por obstaculizar investigaciones sobre detenciones de personas antes y durante la última dictadura militar.
De esta manera, el ministro de Gobierno cumplió con el compromiso que asumió la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, quien durante el acto oficial del 24 de marzo aseguró que el Ejecutivo acompañaría el reclamo de los organismos de derechos humanos.
La denunciaPara Adaro, el escrito de 26 hojas presentado el lunes por la tarde no tendrá consecuencias políticas. Sin embargo, también respondió críticas hechas por Romano, quien en declaraciones periodísticas aseguró que estas denuncias sólo forman parte de la presión del Gobierno nacional por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Las críticas surgieron porque los primeros en denunciar a Romano y a Miret fueron los organismos de derechos humanos en diciembre, una semana antes de que ingresara una apelación por el fallo de la jueza Olga Pura Arrabal, quien suspendió la aplicación de la llamada Ley de Medios
Sin embargo, Página 12 en su edición del domingo denunció que, en realidad, Romano "quiso negociar" con el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón su fallo a cambio de que no prosperara la denuncia de los organismos de derechos humanos.
Leer todo el artículoAnte la imposibilidad de que esto ocurriera, ambos magistrados fallaron a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, avalando lo hecho por Arrabal.
Incluso, el mismo Adaro aseguró que Romano miente cuando dice que los organismos de derechos humanos lo presionaron para que fallara a favor de la Ley de Medios, ya que la denuncia de estos fue presentada antes de que el expediente de la Ley recayera en manos de la Cámara de Apelación, cuyos miembros son Miret y Romano.
No obstante, Adaro, a pesar de las repercusiones políticas que puede tener el hecho, aseguró que la única motivación que condujo al Gobierno a poner la denuncia es colaborar con el reclamo de los organismos y con que se haga justicia con ambos jueces federales.
En el escrito presentado por Adaro se denuncia que tanto Miret como Romano "deliberadamente y con intención manifiesta obstaculizaron las investigaciones dispuestas por otros magistrados".
En la denuncia se afirma que ambos hicieron caso omiso a los pedidos de los abogados defensores de personas detenidas durante la dictadura.
Para el reclamo ante el Consejo de la Magistratura se tomaron en cuenta cuatro expedientes.
Uno de ellos se refiere a la detención e incomunicación de una menor, durante la dictadura.
Según el expediente en el que figura la detención de la chica, esta fue llevada a cabo en virtud de una orden de allanamiento dictada por Miret el 28 de agosto de 1975 en Guaymallén.
En el mismo expediente figura un acta de entrega de la joven a su madre, pero esta fue inmediatamente revocada por Miret, con una diferencia de 30 minutos entre una disposición y la otra.
Según consta en la denuncia, este cambio se hizo sin ningún fundamento y basándose en la Ley 13.944 de Incumplimientos de los Deberes de Asistencia Familiar, que no guarda relación alguna con la detención de la chica.
Asimismo, se los acusa de mal desempeño y de hacer caso omiso a denuncias hechas durante indagatorias que ambos tomaron.
En ese sentido, se nombra el caso de un detenido llamado León Glogowsky, quien denunció la sustracción de 5.600 pesos y, al hacerlo, recibió una golpiza por miembros de la policía, además manifestó que no lo alimentaban.
Otro detenido en ese momento, Ismael Calvo, aseguró ante ambos magistrados que lo golpearon hasta obligarlo a firmar un papel que no pudo leer, mientras una tercera persona encerrada, identificada como Blas Yanzón, denunció el robo de cheques.
Asimismo se los acusa de desatender los reclamos de los abogados defensores y de desconocimiento de derechos.
Finalmente, el escrito pide que se investiguen los hechos que son aportados por la denuncia y que se sancione a los magistrados.
El Sol, 31 – 03 – 10
La Quinta Pata
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