Hija de un juez cuestionado por organismos de DDHH es la defensora de un represor

Daniel Calivares

Se trata de Verónica Romano, cuyo padre es el camarista federal Otilio Romano, denunciado por los organismos de derechos humanos.

No hay irregularidades manifiestas en el proceso, pero llama mucho la atención en los pasillos de Tribunales Federales que la hija de un juez muy cuestionado por los organismos de derechos humanos sea la abogada, hasta las próximas horas, dijo, de uno de los represores que debía ser llevado a juicio el 11 de marzo.

El hecho resulta más curioso cuando se le atribuye ser una de las responsables de que hayan apartado al juez Juan Antonio González Macías de la causa, demorando el debate oral.

Se trata de Verónica Romano, quien se desempeña como secretaria de una de las dos defensorías públicas para los tribunales orales federales y que es hija del camarista Otilio Roque Romano, quien en los últimos meses fue denunciado por los organismos de derechos humanos y por el Gobierno provincial debido a su rol en la última dictadura militar.

Entre la espada y la pared
En los pasillos de los tribunales federales le atribuyen a Verónica Romano ser la artífice de la recusación a González Macías, un juez con apoyo de los organismos de DDHH.

Además, se asegura que, tras la separación de este de la causa, Romano pidió la nulidad de todo lo actuado.

Además, las mismas fuentes sospechan que los argumentos que utilizó Romano le habrían sido dados por su padre, quien intervino en gran parte de las causas como fiscal durante la dictadura.
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Sin embargo, Verónica asegura que no hay relación entre su padre y el caso en el cual ella se encuentra trabajando desde que la Defensoría Pública la designó entre su lista de abogados ad hoc, debido a una serie de circunstancias que obligaron a llamar a un abogado, en este caso, ella.

Según explicó la letrada, el problema se debió a que, según el reglamento, cuando uno de los titulares de las defensorías públicas no puede hacerse cargo de un caso, se debe recurrir a la lista ad hoc de abogados.

En este caso, se necesitaba un abogado que defendiera al ex coronel Tamer Yapur, y ya se había excusado el defensor oficial Daniel Pirrello, por lo que, a la hora de elegir a alguien, se recurrió a Romano, quien ya tenía experiencia por haber intervenido en otros juicios, según explicó ella misma, quien, además, indicó que, al ser seleccionada, “no puede negarse a aceptar el caso”.

Romano explicó también que esa necesidad de convocar a otro abogado surgió porque había intereses contrapuestos, es decir que había dos acusados cuyas defensas perjudicaban a uno y al otro respectivamente, por lo que ella debía representar a Yapur y el otro acusado, Orlando Dopazo, sería defendido por la titular de la defensoría pública, Andrea Marisa Duranti.

Sin embargo, todo cambió el 23 de febrero, cuando Dopazo falleció en Buenos Aires, lo que provocó que, en las próximas horas, Duranti, por ser titular de la defensoría, presente un escrito alegando que ya no hay intereses contrapuestos, por lo que ella tomará la defensa de Yapur, dejando afuera del juicio a Romano.

Nueva denuncia contra Miret
El otro juez cuestionado junto a Otilio Romano, Luis Miret, fue blanco de una nueva presentación ante el rector de la UNCuyo, Arturo Somoza, para que se lo destituya de su cargo como profesor de la cátedra de Ética en la Facultad de Derecho.

El escrito fue hecho por alumnos de esa facultad, quienes alegaron que Miret “tiene poca solvencia ética y moral” para seguir dando clases, a raíz de su participación durante la última dictadura militar. En ese sentido, la estudiante Florencia Canali citó las denuncias hechas por los organismos de derechos humanos y el Gobierno provincial ante el Consejo de la Magistratura.


El Sol, 09 – 04 – 10

La Quinta Pata