Roberto Vélez
La denuncia de un ciudadano que no tuvo protección judicial por parte de Miret durante la década del 70 frente a los atropellos del Estado y una foto del susodicho con pose desafiante (en los tribunales federales) frente a quienes cuestionan su conducta, ha sido determinante para la elaboración de este artículo.
En el año 1976, 290 estudiantes y 250 docentes éramos sancionados en la UNCuyo.
En mi caso el 15 de junio de 1976 un oficial mayor Hugo A. Peralta, el abogado Guillermo Alfredo Pose y el tristemente célebre comodoro ingeniero Héctor Eduardo Ruiz, me “saludaban atentamente” y me notificaban de la Resolución Nro. 919 que me expulsaba.
Decían que resultaba “prioritario erradicar la subversión”. Y que consecuentemente debía “sancionarse adecuadamente a aquellos alumnos que por las actividades que han desarrollado, se los considera elementos disociadores o factores reales o potenciales de perturbación”.
Una segunda bomba explota en mi casa el 30 de junio. La saquean y me detienen por primera vez en ese lapso. Ese día, mi compañera presentó un recurso de revocatoria en la Universidad. El que ya elaborado, por obvias razones, no podía presentar personalmente.
Pasaron los años. Insistí con la vía administrativa sin éxito. Otra vez era el tal Pose, el que afirmaba que eran los servicios los que debían decidir. Un tal vice comodoro Dr. Hugo A. Crespín, representante enlace técnico comunicación social, no consideró conveniente mi reincorporación.
Recurrí entonces a la Justicia Federal.
El 21 de agosto de 1981 el juez Jorge Alberto Garguir, deniega mi recurso. Apelamos.
Leer todo el artículoY el 9 de setiembre la Cámara confirma la sentencia de primera instancia, con, entre otros, el siguiente argumento:
“En el caso, el alumno Vélez predica la lesión a su derecho de aprender, pero en modo alguno concreta que esa lesión sea ilegitima y menos aun que la ilegitimidad sea manifiesta”.
Firmaron el despropósito los camaristas Rodolfo Baigorri, Manuel Martín Maffazzini y Luis Francisco Miret.
El terrorismo de estado desde el 24 de marzo del 76 y el terrorismo con apoyo estatal del período anterior, (que contó en Mendoza con el destacado rol de un Santuccione al frente de la policía, designado por el Interventor Federal Cafiero) fue posible porque existieron además de uniformados, cómplices civiles. En particular, “jueces” subordinados a la dictadura.
No estamos frente a una cuestión histórica.
Las acciones de los responsables de haber cometido el mayor de los crímenes, atentar contra todos, siguen teniendo efecto sobre el presente porque no fueron debidamente castigadas. Y los cómplices civiles de otrora, siguen protegiendo, porque son coautores de tantas canalladas. Con un agravante. Se hacen los desentendidos. A propósito de aquella participación, MIret responde: “…durante el ‘proceso’ muchos ignoramos, solo sospechamos lo que luego se supo”. Y no están arrepentidos.
Por eso sigue existiendo inteligencia política y social. Por eso se distingue desde el gobierno a agentes de inteligencia obviando los verdaderos antecedentes. Por eso el gobierno provincial no publica la lista de los colaboradores civiles de la policía durante la dictadura, por eso testigos presenciales de delitos de lesa humanidad se arrepienten de sus dichos y liberan criminales, por eso han reaparecido con virulencia viejas mañas policiales. Por eso se continúa con amenazas a periodistas independientes. Por eso en Mendoza no hay ningún asesino preso (de los 250 ciudadanos ejecutados por la dictadura). Por eso un colaboracionista da clases de ética en la Facultad de Derecho. Por eso “constitucionalistas” que participaron de tiranías, son considerados poco menos que próceres.
Por eso la ONU acaba de reclamar por abusos, impunidad y torturas en Mendoza. En las cárceles y en comisarías.
*Coordinación SUR-Mendoza – SURCO
La Quinta Pata, 25 – 04 – 10
La Quinta Pata
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