Natalia Brite
La ley de entidades financieras, vigente hasta hoy en Argentina, fue uno de los pilares de la última dictadura cívico-militar. Aún con las modificaciones introducidas ya en plena vigencia democrática, la normativa expresa las necesidades de los organismos financieros internacionales y de las corporaciones especulativas, que gozaron de toda impunidad durante los años de plomo del neoliberalismo. Es por eso, que la semana pasada, un grupo de legisladores aliados al gobierno nacional ingresaron al Congreso el proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social (LSF).
Tatiana Mussato, integrante de la dirección nacional del Partido Solidario (uno de los impulsores del proyecto), dijo a APM: “es de un alto valor simbólico que, mientras se deja sin efecto el indulto del cual gozó desde el gobierno de Carlos Menem el ministro de economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, se estuviese presentando esta iniciativa tendiente a cambiar las reglas de juego”.
Recordó que “cuando ese funcionario civil de la dictadura definió a la ley entonces vigente, y que ahora el Congreso pretende modificar, dijo claramente que se trataba de la más importante del proyecto político y económico que llegaban a instaurar, y que marcaría el rumbo del país de allí en adelante”. Inauguraban el neoliberalismo, de la mano del Terrorismo de Estado.
La Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social (LSF) ingresó al Congreso por iniciativa del diputado Carlos Heller (Partido Solidario), y con el acompañamiento de su par Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), fuerzas que no conforman el bloque oficialista pero tampoco ocultan su acompañamiento a las medidas de transformación que lleva adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El eje principal de la propuesta es, tal como lo anticipa su denominación, concebir a la actividad financiera como un servicio público. De esa manera, se tendería a centrar la regulación desde la perspectiva de los usuarios, a la desconcentración del sistema bancario, a “promover el acceso universal a los servicios financieros y a alentar una distribución regional equitativa de la actividad”, entre otros objetivos.
Leer todo el artículoLa normativa dictatorial estableció la liberalización de la actividad financiera, con el objetivo de modificar la estructura económica del país. Es decir, fundó los mecanismos para llevar adelante el proceso de desindustrialización y de establecimiento de un nuevo modelo, dictado en sus líneas estratégicas desde Washington y las agencias financieras internacionales.
En ese sentido, Mussato agregó: “se buscó un país productor de materias primas y servicios, con eje en la especulación; producción de dinero a partir de dinero, y no de bienes y servicios”.
La matriz de la ley aun vigente consistió en acabar con el desarrollo industrial y, por lo tanto con el alto peso relativo que habían logrado los trabajadores en el reparto de la riqueza, según se expresa en la fundamentación del proyecto del diputado Heller.
“En cuanto al modelo político y económico, la ley de la dictadura fue fundamental en el proceso de reducción del rol del Estado en la economía y el vaciamiento de las empresas públicas”, añadió la dirigente del Partido Solidario.
El proyecto que próximamente será debatido en el Congreso postula una concepción de corte productivista y reconoce que el Estado debe tener un claro control de la actividad.
Propone como uno de sus objetivos fundamentales “impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales”.
El proyecto de Heller establece que “el 38 por ciento, como mínimo, del promedio anual de las financiaciones totales al sector privado de cada entidad financiera deberá tener como beneficiarios a micro, pequeñas y medianas empresas; y el 2 por ciento, a microemprendedores”.
Además, según su artículo 35, las tasas de interés que se les cobre “no podrán superar en una proporción del 5 por ciento la tasa media del sistema financiero para ese segmento”.
Mussato dijo, “teniendo en cuenta que la mayor parte de los créditos para la producción provienen de bancos públicos, fundamentalmente el Banco Nación, se trabajaría con un porcentaje muy similar a la tasa que hoy propone esa institución”.
Otro avance que implicaría la sanción de un proyecto de estas características, es que “se tiende a la bancarización de todos los sectores de la sociedad. También apunta a un mayor porcentaje de compras minoristas en blanco, a partir del uso extendido de las tarjeta de débito, lo que significa que esos recursos vuelven al Estado a través del sistema impositivo”, comentó Tatiana Mussato.
La dirigente solidaria anunció que el servicio bancario debe llegar a todos los rincones del país. Ese es uno de los objetivos de la ley propuesta. En su artículo 22 plantea que la estrategia de apertura de filiales bancarias apuntará a toda la geografía del país y evitará la concentración de las mismas en los centros urbanos, una vez que el tema sea regulado por el Banco Central (BCRA).
Resulta evidente que el objetivo de la propuesta consiste en limitar la concentración bancaria. En su artículo 56 expresa: “el BCRA deberá monitorear las operatorias de la actividad financiera con el objeto de asegurar un nivel razonable de competencia (…) Ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema financiero superior al 8 por ciento”.
Además, impide que las entidades bancarias puedan “explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales, agropecuarias, o de otra clase, excepto las que brinden servicios complementarios de la actividad financiera”, así como tampoco pueden “ser titulares de acciones de otras entidades financieras, cualquiera sea su clase”.
Al respecto, Mussato dijo: “se impide algo que la ley vigente permite: por ejemplo, que un banco tenga acciones de fondos de inversión aplicados a la agricultura o a la propiedad de medios de comunicación”.
De sancionarse esta nueva ley de la democracia, la sociedad podrá contar con servicios bancarios y financieros aplicados a la producción y no a la especulación de las corporaciones concentradas.
APM, 02 – 05 – 10
La Quinta Pata
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