Emilio Marín
Esta fue la semana político-judicial, si se tiene en cuenta que los conflictos de diversa índole hicieron una pasada por Tribunales. De todos modos esos pleitos se dirimirán en última instancia donde corresponde: en política.
Mauricio Macri es uno de los más afectados por denuncias políticas y procesos judiciales. Él ha tratado de explicar que se trata de un mismo fenómeno, supuestamente originado en el gobierno nacional.
Sin embargo son dos fenómenos que corren en paralelo, aún cuando tengan vasos comunicantes. Uno es la oposición que generó el jefe de Gobierno porteño designando como titular de la Policía Metropolitana a un ex comisario acusado de complicidad en la causa AMIA, relaciones con el delito y haber sido partícipe en la represión de diciembre de 2001. Además hay varias acusaciones que pegan en la humanidad de Macri y su gabinete, por ejemplo por sus campañas contra los cartoneros antes y los trapitos y limpiavidrios después, desalojos violentos, etcétera.
El otro flanco que dejó expuesto el ingeniero fue su aparente participación en una asociación ilícita que hizo espionaje ilegal sobre políticos, empresarios, familiares de la AMIA y un cuñado suyo.
Ni la designación de Palacios ni la causa instruida por el juez Norberto Oyarbide pueden ser atribuidas a la inquina del kirchnerismo contra el líder del PRO. Fueron en el primer caso y casi con seguridad en el segundo, pura obra y gracia de Macri.
Va de suyo que ambos pelotazos en contra al ex presidente de Boca lesionaron su candidatura presidencial de 2011 y alentaron a sus ex socios Francisco de Narváez y Felipe Solá a poner distancia y lanzarse por el mismo cargo.
En ese marco de decadencia y problemas hubo un módico alivio. La Secretaría de Inteligencia admitió que Hugo Álvarez, sindicado por el macrismo como la persona que llamó a la casa de Sergio Burstein para informarle que Palacios tenía pinchado su teléfono, era un agente de la dependencia. Oyarbide ha citado a Álvarez para tomarle declaración.
Leer todo el artículo"Bingo" gritaron en Bolívar 1, sede del gobierno porteño. En ese lugar piensan que - si se confirma que Álvarez fue el autor de la llamada- quedaría demostrado el sentido político de la causa.
Sin embargo, desde el punto de vista judicial, lo que verdaderamente importan son los hechos: quedó acreditado que ese teléfono estaba pinchado por Palacios; que este y el espía Ciro James, a la sazón empleado del gobierno macrista, lograron esta intervención aduciendo investigaciones de delitos inexistentes cargados a Burstein, que así pusieron a jueces de Misiones como pantalla del espionaje, etc. Y todo ello para que James recolectara las cintas de grabaciones y las entregara a Palacios, que era como decir Macri.
Por eso la citación de Álvarez no es un elemento de tanto peso a favor del imputado Macri, aunque en su platea lo festejaron como si hubiera sido el gol del campeonato. Lo importante será si Sala I de la Cámara Federal confirma o no el procesamiento que a mediados de mayo dictó Oyarbide en contra del jefe de Gobierno.
Paren de mentir...
El nuevo abogado de Ernestina de Noble, el ex juez federal Gabriel Cavallo, presentó un pedido de recusación de la juez federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Está basado en que la magistrada habría prejuzgado en contra de la dueña de Clarín, cuando tuvo que dar una opinión sobre si el ex juez Roberto Marquevich había cometido delito o no al detener a la señora de Noble en 2002.
La solicitud de Cavallo no es inocente. Su objetivo es demorar el inicio de los estudios genéticos que la magistrada ordenó sobre las prendas de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera la semana pasada.
Cabe recordar que la jueza primero citó a su despacho a los hermanos y trató de persuadirlos de que dieran su conformidad para esos análisis. Ante la respuesta absolutamente negativa y definitiva, se ordenó el procedimiento en el hogar de los Noble. Allí, en la intimidad de su casa y con el decoro a salvo, se pidió que entregaran las ropas que vestían con destino al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), labrándose un acta firmada de conformidad por los letrados de ambos jóvenes.
Así es el trámite que marca la ley. Sin embargo, los Noble Herrera por un lado y la prensa que sus intereses manejan, iniciaron una campaña basada en mentiras para presentar el procedimiento judicial como vejatorio y brutal.
En Radio Mitre, Samuel Gelblung entrevistó al abogado Cavallo y llegó a comparar lo sucedido con "los campos de concentración donde hacían desnudar a quienes ingresaban". Cavallo aprovechó el reportaje para denostar al BNDG tildándolo de "enemigo" de sus clientes; en particular enrostró esa condición al banco desde 2006.
Ni lerda ni perezosa, Estela de Carlotto contraatacó diciendo que si así fuera, querría decir que la entidad actuó mal al identificar a los 18 nietos y nietas cuya identidad fue restituida desde entonces.
Se sabe que Gelblung es payasesco - además de ex director de la procesista revista Gente - y por eso algún ingenuo puede suponer que su comparación con los campos hitlerianos fue un "descuelgue" personal.
Pero resulta que en Clarín y también en "La Nación" se emplearon expresiones muy similares. En el diario de los Saguier y Mitre, bajo el título de "Nuevos procedimientos vejatorios", una nota editorial sostuvo que "Ha sido aberrante el proceder de una jueza para obtener muestras de los hermanos Noble destinadas a cotejar sus ADN". Eso no fue todo. Allí se planteó que el procedimiento podría haber incurrido en una violación a la Convención Internacional contra la Tortura, lo que haría responsable al Estado argentino ante tribunales internacionales y las Naciones Unidas.
Joaquín Morales Solá también aportó a la campaña para demonizar a la jueza como mero instrumento de un supuesto plan de venganza del matrimonio Kirchner contra la empresa donde escribió por años y al que sigue representando en "Desde el llano".
Por eso la exhortación "Dejen de mentir". Pese a la recusación en su contra, la jueza mantuvo su resolución de que este lunes comiencen los estudios de ADN en el hospital Durand. Que se queden tranquilos los Noble Herrera; las consignas de los sindicalistas de la CTA y las Abuelas que manifestarán en la calle no influirán en nada en sus cadenas de genes. La ciencia dirá su palabra.
La justicia no gobierna
Lo dicho al comienzo: esta semana casi todo pasó por Tribunales.
El macrismo llevará allí a Álvarez, tras iniciarle juicio político a Oyarbide. Noble Herrera pidió la recusación de la jueza Arroyo Salgado. La Corte Suprema que deberá abocarse al pleito por la ley de medios, tras un correcto fallo del Procurador Esteban Righi, quien dio su opinión favorable a la aplicación de la norma democrática. Una asociación ilegal que en Córdoba evadía al fisco con la soja, por muchos millones de pesos, y ahora tiene a siete de sus integrantes presos y el resto, hasta completar 29, prófugos. Dos nuevos juicios que se iniciaron por violaciones a los derechos humanos comenzaron con sus audiencias, casos de la causa "Automotores Orletti" (plan Cóndor) y la masacre de Margarita Belén, en Chaco. Hay cinco militares y civiles imputados por 65 crímenes, en Orletti, y ocho militares y un policía imputados por el fusilamiento de una veintena de presos políticos, en la provincia del noreste. De Narváez que pedirá se aclare si puede ser candidato a presidente, pese a ser nacido en Colombia y de padres extranjeros.
Como si todo eso no fuera suficiente trabajo para los magistrados, tras la distendida reunión de Cristina Fernández con Pepe Mujica en Uruguay, quedó picando un pedido de la presidenta para que se levante el corte de Gualeguaychú. Y como ella descartó la posibilidad de que la vía adecuada fuera de orden represivo, algunos ministros evaluaron que debería ser la justicia la que pida esa finalización de un corte que dura desde noviembre de 2006. ¿Otra reclamo a la justicia, que en rigor tiene adormecida en Entre Ríos una causa sobre el particular?
Por supuesto, cada pronunciamiento tribunalicio motiva festejos y lágrimas, según el sentido de los mismos. Fernando de la Rúa tuvo motivos para festejar porque Claudio Bonadío le dictó el sobreseimiento en la causa por cinco homicidios y centenares de heridos del 20 de diciembre de 2001. "Estaba tomado hace años y recién ahora lo dieron a conocer", protestó el abogado Rodolfo Yanzón, uno de los representantes de la querella.
De todas maneras, lo que la justicia dictamine, como en el expediente del ex presidente fugado en helicóptero, no le devolverá la credibilidad ni en este caso la inocencia. El crac de 2001, la fuga de 16.000 millones de dólares por parte de los bancos, la represión policial de la que participó "Fino" Palacios y que en Capital dejó 6 muertos pero 39 en todo el país, la ley Banelco auspiciada por Alberto Flamarique y Patricia Bullrich, etc., no se solucionará con el fallo de Bonadío.
Lo ha dicho con toda precisión el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti: no es función de la justicia el gobernar.
Sin embargo, en la Argentina son tantos los conflictos heredados de esa crisis de 2001, superada en lo económico pero no en varios aspectos de la política, que los contendientes, después de lidiar un buen rato en la calle, el parlamento y los medios, terminan encaminándose hacia Tribunales.
La Arena, 06 – 06 – 10
La Quinta Pata
No hay comentarios :
Publicar un comentario