El objetivo de la denuncia que interpusieron en el Consejo de la Magistratura los jueces federales Otilio Romano y Julio Demetrio Petra Fernández, contra sus pares Juan Antonio González Macías, Héctor Cortés y Roberto Naciff, tiene como fin reclamar por la demora en el inicio de los juicios de lesa humanidad.
Curiosamente, los dos denunciantes están, a su vez, acusados por los más interesados en que se hagan los juicios –los organismos de derechos humanos– por ser funcionarios de la dictadura y haber actuado de manera cómplice y liberado a todos los represores mendocinos.
Además, hay que sumarle a ese hecho curioso, los testigos que ofrecen ambos magistrados en su denuncia. Entre ellos se encuentran una persona que figura en la lista del Batallón 601, abogados que han sido o son defensores de represores, defensores públicos que han presentado recusaciones demorando el inicio de los juicios y ex camaristas federales –convertidos en abogados de represores y que anteriormente tuvieron denuncias públicas en contra por encubrir torturas– e, incluso, uno de ellos, fue denunciado por estafar al Estado.
Según el escrito presentado por Romano y Petra hace diez días en Buenos Aires, Naciff, González Macías y Cortés son “los verdaderos responsables de los atrasos” de los juicios por lesa humanidad que deberían llevarse adelante en Mendoza.
Los tres jueces han sido protagonistas justamente de lo que serían los dos primeros debates en Mendoza.
Por un lado, González Macías y Cortés iban a integrar el tribunal que enjuiciaría a diez imputados el 11 de marzo. En tanto, Cortés y Naciff integran el tribunal que el 1 de julio enjuiciará a siete represores en San Rafael, entre ellos, el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
En el primero de los debates, el juicio no se pudo llevar adelante porque la Cámara de Casación aceptó un recurso presentado por los defensores oficiales, argumentando que González Macías no podía presidir el tribunal por haber participado en la instrucción de uno de los expedientes, lo que sería falso.
Curiosamente, una de las defensoras oficiales es Verónica Romano, hija del denunciante, Otilio Romano, mientras que el resto de los defensores oficiales serán testigos en la denuncia del camarista.
En tanto, otro de los testigos ofrecidos por Romano y Petra es el abogado Carlos Reig, quien recusó a los tres magistrados que tienen a cargo el juicio en San Rafael por haber asistido, en el caso de Cortés, a una conferencia del director del CELS Horacio Verbitsky en la que el eje era la demora de los juicios, mientras que la recusación para Naciff y el tercer integrante, Jorge Burad, es por no haberse pronunciado en contra.
ComentariosLos testigos que Petra y Romano presentaron en la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, han sido motivos de comentarios en los pasillos de los tribunales federales mendocinos.
Algunos de ellos fueron camaristas, otros aún trabajan allí y están los que han pisado los edificios judiciales en calidad de abogados de represores.
Todos ellos han tenido o tienen su rol en las causas de lesa humanidad e, incluso, dos de ellos han sido marcados como partícipes en ellas mientras ocurrían los delitos.
En total, Petra y Romano ofrecen el testimonio de 13 personas.
La primera de ellas es el camarista Luis Miret, quien está denunciado, junto a Romano, en el Consejo de la Magistratura por haber ignorado denuncias de torturas hechas por presos políticos, previo y durante la última dictadura militar.
Por estas mismas razones, la UNCuyo suspendió al magistrado en abril.
Además, ambos jueces fueron denunciados penalmente y están siendo investigados por el fiscal especial para delitos de lesa humanidad, Omar Palermo.
Otro magistrado ofrecido como testigo es Alberto Endeiza, quien ha sido señalado por las Madres de Plaza de Mayo como uno de los jueces que liberó a todos los represores de Mendoza.
El tercer testigo es el ex camarista Carlos Pereyra González, quien se jubiló el año pasado para impedir que le hicieran juicio político, luego de que en un proceso en San Luis un testigo adujó que Pereyra supo de sus torturas y las ignoró.
También está Manuel Maffezzini, quien fue compañero de tribunal de González Macías en la década del 80. Ambos tuvieron que definir, junto a Alberto Rodríguez, la inconstitucionalidad de Ley de Obediencia Debida en 1987. Tanto Maffezzini como Rodríguez votaron por su constitucionalidad y el único que se opuso a la ley fue González Macías.
Otro ex camarista ofrecido como testigo es Eduardo Mestre Brizuela, hermano de Ramón Mestre, quien fue ministro del Interior del gobierno de Fernando de la Rúa.
Mestre Brizuela, tras jubilarse, trabajó como director del Instituto de Seguridad Pública en el 2001 y en noviembre de ese año fue imputado por cobrar dos sueldos del Estado: la jubilación y el salario de funcionario.
Actualmente es abogado del represor sanjuanino, Horacio Nieto.
Entre los testigos también figuran Daniel Pirrelo, Juan Ignacio Pérez Curci y Andrea Duranti, señalados por los organismos de derechos humanos como los responsables de recusar a los jueces e impedir que se lleven adelante los juicios.
También se encuentra Jorge Garguir, quien fue abogado del banquero Raúl Moneta, en Mendoza, y se desempeñó como secretario –el mismo cargo de Pereyra González– en 1976, y Carlos Reig, quien recusó a los tres jueces que tienen a cargo el juicio en San Rafael.
Otros dos abogados que figuran como testigos en la denuncia son: Juan Carlos Ruiz, quien, según fuentes de tribunales, fue el abogado en la década del 80 de los represores, Julio César Santuccione y Jorge Maradona. El otro es Eduardo San Emeterio. Este abogado, le pidió a la Justicia que detuviera a los letrados mendocinos de derechos humanos y, según datos de los organismos, fue espía de la SIDE y se desempeñó como chofer del general Otto Paladino, quien estaba a cargo del centro clandestino Automotores Orletti. A fines de 1976 sirvió también dentro del Grupo de Tareas 4, responsable de numerosos secuestros hasta que se disolvió en 1979.
Según sus propias palabras, el avance de los juicios es parte de “un plan diabólico y sistemático”.
Asimismo, en la denuncia, Petra y Romano critican que González Macías “recibió públicamente expresiones de solidaridad de parte de uno de los abogados querellantes en oportunidad de ser recusado por el defensor público” y nombra como testigo de este hecho al doctor Carlos Carreño, quien, curiosamente, también tiene vínculos con la dictadura, ya que figura como uno de los colaboradores civiles del batallón 601, que dio a conocer la revista Veintitrés hace unos meses.
Para los camaristas, Verbitsky quiso matar a Perón
Entre los datos más llamativos de la denuncia que presentaron Romano y Petra, se destaca un párrafo en el que aseguran que el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y periodista de Página 12, Horacio Verbitsky, trató de asesinar al ex presidente Juan Domingo Perón en dos oportunidades.
Según la denuncia, el periodista inventa, oculta y retuerce hechos e información, “realizando truculentas notas” sobre Miret y el mismo Romano, aunque también aludía en ellas a los doctores Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra”.
Esta denuncia es sólo la formalización de la pelea que hay entre los magistrados federales, que se dividen en dos sectores. Uno denunciado como colaborador de la dictadura, en el que figuran Romano, Miret, Petra y compañía y el otro, formado por los jueces de los TOF.
El Sol, 02 – 06 – 10
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