Juicios: Otilio Romano en la picota

Ramón Ábalo

Paralelamente a que en la sala donde se llevan a cabo los juicios de lesa humanidad aquí en Mendoza, con los testimonios de Sara Gutiérrez, primero, y posteriormente Mariú Carreras, en otro ámbito del mismo edificio del Juzgado Federal, el camarista Otilio Romano jugaba su destino como magistrado y como un reo cualquiera, por los mismos delitos por los que están acusados los sentados en el banquillo ante el Tribunal Oral. En estos momentos es el mismo juez Walter Bento quien lo está indagando por su comportamiento como fiscal en causas que lo tenían como responsable de actuar en consonancia con la gravedad de los hechos que caían en su esfera para diligenciar e investigar. Bento continúa con la indagatoria por 94 hechos que se le imputan y que pueden provocar que termine su carrera de magistrado, pero en prisión. Una Cámara adicta a Romano, hace un par de meses atrás, ante el pedido del mismo, separó de la causa a Bento, lo que hizo que las indagatorias se retrasen, que es lo que buscan, como estrategia mayor, los genocidas.

Además, y en simultáneo, el Consejo de la Magistratura tiene a dictaminar un pedido de jury en su contra, para sumar también una investigación del mismo Consejo que tiene que resolver si lo suspende en su rol de camarista, como ya ha sucedido con su par Luis Miret. Este jueves, al mediodía, el tribunal compuesto por los jueces Juan Antonio González Macías, Roberto Naciff y Hugo Echegaray, decidió desestimar la cautelar que Otilio Romano había presentado para que el Consejo de la Magistratura no hiciera lugar al jury pedido por los organismos de derechos humanos y no avanzara con las denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Y siguiendo con sus chicanas, al no tener a mano a sus defensores, o sea el abogado Juan Carlos Aguinaga, y el de su hija Verónica, solicitó que la indagatoria se suspendiera por tres meses. Y claro, por aquello de "que a pastor mentiroso lo cierto se le hace dudoso", Bento descartó las razones por la falta de sus abogados y apenas le concedió una semana, y para el caso de que se vuelva a presentar sin abogados, se le nombrará uno oficial.
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Ese día no le fue nada bien. Analizando en la situación que ha quedado, se entrevé que a Romano ya no le quedan más triquiñuelas a las que apelar para zafar de una situación que ya es irreversible. Tal vez en esta semana que le queda, renuncie como magistrado y de esa forma zafaría del juicio político, pero solamente de esto, y si es que el Poder Ejecutivo nacional lo acepta. Precisamente a Luis Miret no se le llevó el apunte, no obstante que renunció a su cargo, y el juicio sigue adelante. A Romano le puede ocurrir igual contingencia. Pero aún cuando quede excluido del juicio político, de lo que no va a zafar es del futuro casi inmediato, es decir, que se le comprueben todos los cargos – que están bien delineados en las causas respectivas – y termine en la cárcel. Ya no tiene escapatoria, y lo que le puede ocurrir en lo inmediato es que, dado lo "grosso" de los cargos y las pruebas contundentes en su contra, es que se le adjudique ya prisión preventiva.

Más testimonios
Ese jueves, dieron su testimonio Sara Gutiérrez y Mariú Carreras. Ambas fueron terminantes en cuanto a reiterar, por sus dramáticas experiencias, la metodología genocida de los represores mendocinos. Sara lo hizo como hermana de Juan Gutiérrez y amiga de María Luisa Alvarado, de nacionalidad peruana, los que fueron secuestrados y desaparecidos en la provincia de San Juan. Por su parte, Mariú relató cómo se compañero Rubén Bravo era "chupado" por un comando. También lo es como hermana de Marcelo Carreras y cuñada de Adriana Bonoldi, la que al momento de ser detenida estaba embarazada. Mariú afirmó en una parte de su relato: "Él era - por Eduardo Smaha, que está sentado en el banquillo – el que nos apuntaba con un arma", añadiendo que Adriana habría dado a luz en la maternidad del Hospital Emilio Civit. Dijo que le contaron que Smaha se lo había entregado a una amante que tenía en Las Heras. Que el médico Evaristo Martín, quien fue director de la maternidad, lo comentó a una amiga de Adriana, que había tenido que firmar el certificado de nacimiento del niño y que una persona que había atendido el parto reconoció a la chica como hija de un ejecutivo de la bodega Sasetru, de Maipú.

Tal como viene ocurriendo en los juicios que ya se han realizado en otros lugares, como los recientes en San Rafael, a medida que avanzan los mismos y se multiplican los testimonios, son más contundentes las pruebas con los que ya están señalados en los expedientes, pero se produce algo más, igualmente relevante: que van apareciendo otros nombres, otros responsables directos o ejecutores del genocidio, por lo que, como decía un familiar de una víctima: "Aunque tarde, va a haber justicia, y las cárceles se van a llenar de represores hijos de puta"

La Quinta Pata, 05 – 12 – 10

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