Emilio Marín
Durante diez años Marcela y Felipe Noble se negaron a una pequeña extracción de sangre para cotejar sus datos con los del Banco Nacional de Datos Genéticos, tal como pedían las Abuelas y buena parte de la sociedad.
No solo rechazaron esos análisis. Cuando la jueza Arroyo Salgado, cansada de tantas dilaciones y chicanas jurídicas, ordenó la requisa de prendas íntimas, los hermanos entregaron ropa contaminada.
Peor aún, junto a sus abogados y los de su madre adoptiva, Ernestina Herrera de Noble, acusaron a los organismos de derechos humanos, las familias demandantes de la información y al propio gobierno, de fogonear una campaña de persecución.
Clarín y La Nación fueron las naves insignias de esa teoría tan falaz. Lo que mueve a Abuelas y demás organismos es el derecho a conocer la verdad y disipar las dudas sobre si Marcela y Felipe fueron o no niños apropiados durante la dictadura. Cada obstrucción no hacía más que agrandar esas dudas hasta convertirlas casi en certeza.
Para aquellos medios que apoyaron a la dictadura militar-cívica el drama de los bebés robados a sus madres desaparecidas en los campos de concentración, es un tema menor. No lo es para una mayoría de los argentinos. Incluso los que capitularon ante la presión militar en los ´80 y dispusieron las leyes de la impunidad, ese delito era tan aberrante que no quedó protegido por estas.
Se han recuperado 104 jóvenes fruto del trabajo de la entidad presidida por Estela de Carlotto. Y se siguen buscando 400 que aún tienen su identidad cambiada, un delito de lesa humanidad que no cesa con el correr del tiempo.
¿Qué podía tener de extraño que la búsqueda de los nietos continuara en estos años? Y, como la cronología no deja mentir, la primera denuncia de Carlotto contra la propietaria de Clarín data de 2001, cuando Néstor Kirchner no tenía la menor chance de ser presidente.
Leer todo el artículoHasta la semana anterior, Gabriel Cavallo, defensor de la señora de Noble, declaraba no aceptar el fallo de Casación que ordenaba los análisis aunque limitando el universo de las familias a cotejar. Otro tanto hacía Alejandro Carrió, letrado de los dos hijos de Noble. Habían confirmado sus recursos para ir hasta la Corte Suprema de Justicia a fin de bloquear dichos análisis.
De pronto el viernes Marcela y Felipe entregaron a la jueza un escrito donde se allanan a los estudios con todos los familiares que reclaman por sus nietos y que han dejado sus muestras en el Banco. Es un gesto positivo, objetivamente mirado, más allá de sus equívocas consideraciones de que deponen "derechos constitucionales" y para que finalice la "persecución política y mediática de que son objeto". Las víctimas son las madres asesinadas y sus hijos apropiados, más las familias que no tienen ni un lugar donde dejarles una flor porque los asesinos hicieron desaparecer sus cuerpos.
"Gaceta Ganadera" muge
En este asunto como en otros, "La Nación" miente. Su columnista dedicado al tema, Adrián Ventura, presenta las cosas como si los hermanos Noble hubieran querido siempre dar sangre, y las Abuelas y los familiares se hubieran opuesto. "Abuelas de Plaza de Mayo y las dos familias querellantes dilataron sucesivamente el desenlace con nuevas medidas", afirmó. El expediente judicial y la realidad, que es más contundente, indican que Ventura falta a la verdad. Para él lo que hizo Carlotto fue una "caza de brujas". La única cacería, debería saberlo, fue en 1976, y la practicaron los militares que además regalaron Papel Prensa al diario citado y a Clarín.
Al saberse que por fin los Noble dejarán sus muestras en el BNDG, los monopolios de la comunicación presentaron la novedad como que así se terminará una persecución política, que nunca existió. Y que en caso de haber existido, pudieron desmontar en un segundo, aceptando el cotejo de ADN.
La intoxicación de la opinión pública continúa con la teoría de que los análisis van a dar negativo y el gobierno nacional saldrá perdidoso. Eso es dar vuelta las cosas. Quienes han peleado por el ADN han sido las Abuelas y demás organismos de Derechos Humanos. El gobierno ha alentado ese reclamo justo, tratándose de una demanda tan importante que dio la vuelta al mundo con el "devuelvan a los nietos" en twitter. Y quienes se obstinaron en la negativa a dar sangre fueron los Noble Herrera y sus caros abogados.
Ahora han cambiado de posición. Perfecto. Es un triunfo de los organismos humanitarios. La ciencia dirá su palabra y ambas partes deberán aceptarla, aunque el resultado podría no ser el definitivo. Es que puede haber familias de desaparecidos que aún no dieron sus muestras y que eso ocurra en el futuro, dando lugar a nuevos cotejos.
La campaña de esa oposición mediática, muy acoplada con la oposición política a la que marca la agenda, tuvo en las últimas semanas su punta de lanza contra Madres de Plaza de Mayo. Aprovechó intensamente los flancos vulnerables que abrió con sus negociados Sergio Schoklender en la Fundación presidida por Hebe de Bonafini.
Todos los indicios colectados por el fiscal Jorge Di Lello y Raúl Pleé arrojan conclusiones incriminatorias contra el ex apoderado, acusado de delitos como administración fraudulenta y lavado de dinero.
Todo parece indicar que Schoklender defraudó a la entidad y a quien lo acogió como a un hijo. Al margen de que Hebe de Bonafini tenga su cuota de culpa en la falta de controles sobre el ex apoderado, es impensado que la mujer haya cometido delito alguno.
Pero la prensa monopólica y parte de la oposición ponen a la titular de Madres como si fuera una delincuente, con el propósito electoralista de cañonear su figura y por elevación dañar a la Casa Rosada.
Un editorial de "La Nación" sostuvo: "la tesis del Gobierno y de la titular de las Madres, Hebe de Bonafini, es que la fundación fue víctima de los Schoklender.
Es lógico que Bonafini y las autoridades de la asociación civil sostengan esa opinión eminentemente defensiva y falaz porque, en verdad, las principales víctimas han sido el Estado y los sectores carecientes que no accedieron a sus viviendas".
La verdad es otra. Muchos carecientes tuvieron sus viviendas con las Madres. Hebe sigue siendo un símbolo de los derechos humanos. Y las Madres han pedido ser querellantes contra Schoklender, porque han sido sus víctimas.
Genuflexos y arrodillados
Las grandes causas nacionales, como Malvinas, sirven para distinguir quién está de un lado y quién del otro.
A principios de semana estuvo en Buenos Aires el secretario general de la ONU, Ban Ki moon, entrevistándose con Cristina Fernández. La anfitriona reiteró la posición argentina, de que la ONU debería insistir ante Gran Bretaña para que acepte negociar con nuestro país el destino de las islas.
Dos días después se conocieron las provocadoras declaraciones del primer ministro británico, David Cameron, descartando cualquier negociación con Argentina. "Punto final", dijo en el parlamento, cerrando con candado y pasador las puertas de un diálogo entre los dos países.
El jueves la presidenta replicó desde un acto político en Misiones, deplorando aquella cerrazón imperial y calificando al Reino Unido como "una burda potencia colonial en decadencia".
En vez de apoyar la posición del país en esta sensible materia, los columnistas de la "tribuna de doctrina" de la Sociedad Rural, escribieron que Cristina Fernández había incurrido en "oportunismo y sobreactuación". Peor aún, interpretaron que "con la escalada verbal hacia Londres la Presidenta buscó tapar el escándalo de Schoklender y de las denuncias de corrupción en el Inadi, de impacto negativo para su campaña". Ni Cameron se atrevió a tanto.
Dicho en otros términos, esos medios jugaron a favor de Londres. Una postura idéntica tuvieron en el conflicto diplomático con Estados Unidos, a propósito del avión C-17 que en febrero último fue detenido en Ezeiza cuando los militares visitantes pretendían entrar armas y drogas no declaradas.
La postura del gobierno argentino fue correcta, destacándose la firmeza del canciller Héctor Timerman. Al cabo de cuatro meses y luego de ingentes reclamos de Washington, incluyendo uno que hizo el propio Barack Obama en un reportaje del Miami Herald, el gobierno argentino decidió devolver los equipos incautados.
Lo más correcto pudo haber sido la destrucción de aquellos, en vez de su devolución, como había deslizado Aníbal Fernández. Hubiera sido una lección para que los militares norteamericanos no hagan eso otra vez. De cualquier modo fue un cuatrimestre de tironeos con el imperio, que los medios monopólicos y los partidos afines calificaron de "papelón internacional" del gobierno cristinista.
No hubo tal cosa. El comunicado de la embajada norteamericana en Buenos Aires reconoce que se ha resuelto satisfactoriamente el caso de materiales "que por fallas administrativas involuntarias debieron ser incautados".
El papelón, entonces, no lo hizo Argentina. Pero desde la óptica de quienes son genuflexos y están de rodillas ante las potencias mundiales, la razón la tienen los otros. Siempre dirán eso, sobre todo en tiempos electorales.
La Arena, 19 – 06 – 11
La Quinta Pata
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