La caída del imperio romano, en tres actos

Eva Guevara

Primer acto:
El camarista federal Otilio Roque Romano es acusado de participar en graves crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se cuenta el caso de una bebé secuestrada, desaparecida y apropiada durante la última dictadura militar, y que fue hallada por Abuelas de Plaza de Mayo en el 2007. Ocurrió en 1977 cuando Romano era fiscal federal. Rebeca Celina Manrique Terrera es su nombre, se trata de la primera hija de desaparecidos en Mendoza restituida a su núcleo familiar y la nieta número 87 recuperada por la organización. El 24 de julio de 1977, cuando tenía poco más de seis meses, Rebeca fue secuestrada junto a sus padres, hoy desaparecidos, Alfredo Manrique y Laura Terrera, en la terminal de ómnibus, adonde habían llegado desde San Juan. Nunca más se supo de ella y por 30 años su paradero fue una incógnita. En 1987 su familia empezó a buscarla, pero el entonces juez federal Luis Miret archivó el caso en el marco de las leyes de obediencia debida y punto final. Mientras se firmaba esa decisión judicial, Rebeca –ya niña– vivía en Mendoza en manos de una familia y bajo otro nombre. Para el fiscal Romano no había razón en seguir investigando para hallarla con lo cual el expediente fue enviado al archivo. En este contexto que lo pone contra las cuerdas frente a la opinión pública, Romano decide suspender la aplicación de la ley de medios en todo el país a instancia de una medida cautelar solicitada por el diputado opositor Enrique Thomas. Siendo que la jueza de primera instancia había admitido todos los argumentos de un Thomas supuestamente afectado por el poco tiempo que tuvieron los legisladores para leer el despacho de comisión que se llevó al recinto, Romano introduce nuevos elementos de su propia cosecha. O sea, apuntala la movida política de Thomas y aprovecha para criticar a la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, por haberse dirigido al país por cadena nacional, anunciando la modificación del proyecto del PEN, retirando a las telefónicas como concesionarios de servicios audiovisuales. Según él viola los reglamentos de la cámara cuando en realidad estos no rigen para el poder ejecutivo sino única y expresamente para los miembros del legislativo.

Segundo acto:
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La cámara federal de Mendoza dispone el procesamiento de Romano. Sin embargo, no se lo suspende, ya que tal decisión le corresponde al consejo de la magistratura que investiga todos y cada uno de los hechos que lo incriminan, todos graves como por ejemplo, el haber desistido de la búsqueda de una bebé secuestrada, desaparecida y apropiada durante la última dictadura militar. Se da entonces la siguiente situación: si bien está procesado, es un juez en funciones, los fueros lo amparan. Lo que primero hace es amenazar de muerte al juez Walter Bento. Días después escribe una carta a Los Andes (diario propiedad de Clarín) exponiendo acerca de la “utilización política de los derechos humanos”. La carta se publica íntegramente ya que amplifica la idea que ventila ese multimedio, esto es, que hay una embestida del kirchnerismo contra la justicia. Hace otra cosa más, a la larga más eficaz que las amenazas de palabra. Frente a lo resuelto por la comisión de disciplina y acusación del consejo de magistratura – citarlo a una audiencia previa a la suspensión – decide presentar un certificado médico aduciendo enfermedad. En paralelo, circula una imagen que contradice por completo esa situación. Se lo ve en un bar de la calle Arístides Villanueva cenando con Julio Demetrio Petra, demostrando una amistad manifiesta que excedía la relación netamente laboral; situación por la cual, cualquiera de los dos debió haberse inhibido y no actuar en una causa donde el otro estuviera imputado. Nada menos. Uno es el magistrado que consiguió apartar al Juez Walter Bento del caso Romano y el otro es un saludable….Romano.

Tercer acto:
La instrucción del consejo de la magistratura no se detiene, al punto que se incorpora la famosa foto al expediente. Para muchos, dicha foto no es más que la muestra de la impunidad que durante años reinó en la cámara federal de Mendoza. Es entonces que se fija una nueva fecha de audiencia, esta vez el 14 de julio. Nuevamente, Romano arremete. Se interna en un hospital dejando trascender que era vulnerable a un ACV – accidente cardio vascular. Al cabo de un par de días se retira del nosocomio y trasciende que su estado de salud no sólo no le complicó sus tareas habituales sino que es él quien se las complica al gobierno provincial al fallar en contra del amparo que frenaba la prórroga de la promoción industrial para San Luis, San Juan y La Rioja. Con ese fallo, Romano le ocasiona un traspié judicial al gobierno de Mendoza que lo venía cuestionando por su participación en la pasada dictadura. Aparece en escena el tiempo extra considerado clave como el aire que se respira y una hipótesis con asidero según la cual Romano cuenta con la ayuda de Daniel Ostropolsky, miembro de la comisión de disciplina y acusación del consejo. Ostropolsky, por apellido y por trayectoria, es un hombre de raíz netamente radical. Su hermano, Aldo, fue ministro de obras durante la gobernación de Roberto Iglesias. Y él recibió todo el apoyo del partido cuando se candidateó para formar parte del consejo de la magistratura. A pesar de negarlo en público, Daniel Ostropolsky ha mostrado interés particular con la causa de Romano. En varias reuniones ha intentado convencer a los integrantes del consejo que son afines con sus colores políticos para que no voten en contra del camarista mendocino.

En principio Otilio Romano será citado para el 17 de agosto. Sin embargo, la pulseada, quién lo puede afirmar, atrae la duda y enseguida la indignación. Ya está claro de lo que es capaz este personaje, pero ¿logrará dilatar aún más su preanunciado final? En ese caso, ¿cuánto tiempo más?


Revista Veintitrés, semana del 18 de julio

La Quinta Pata