María Luz Gómez
Hace más de dos meses que observamos la lucha que miles de estudiantes y docentes chilenos llevan adelante en reclamo por una educación pública, gratuita, de calidad y democrática. Y mientras vemos cómo se cuestiona ese sistema, recordamos las palabras de un fantasmal personaje macrista: “¿Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata le pagamos a los chicos una escuela privada?”. Observamos, recordamos y pensamos la paradoja: mientras miles rechazan otros insisten… y, sin hacer mera síntesis, no dejamos de advertir que lo que se discute son modelos que responden a intereses distintos, muy distintos.
Para comprender nos sirve ver qué cosas caracterizan a la educación en Chile. El primer dato que salta a la vista es su elevado porcentaje de privatización, el mayor a nivel mundial, en contraposición al de su inversión en educación estatal, el más bajo. En comparación a otros países de la región, el sistema educativo chileno se presenta como uno de los más excluyentes, con altísimos niveles de segregacionismo, fuertes brechas de calidad entre las instituciones públicas y privadas, y con graves problemas en cuanto a la participación democrática de los actores educativos. Consecuencias de las políticas educativas que se establecieron desde el neoliberalismo, punto que nos permite entender el modelo que hoy se busca transformar. Un modelo que concibe la educación como una mercancía que puede ser negociable, que responde a las leyes del mercado y que escapa a la regulación por parte del Estado; un modelo que lucra con la educación y de la manera más morbosa: no solo decide quiénes serán sus consumidores, a cuánto y cómo venderles, sino también el qué; un modelo que se aleja de los intereses del pueblo porque su eje no está puesto en el desarrollo del mismo si no en las ganancias que este le genera.
Pero así como algunos pocos siguen defendiendo este modelo, también existen muchos que lo rechazan porque entienden que el problema no es que exista la posibilidad de elegir la educación privada, el problema es que se niegue la posibilidad de elegir la educación pública. Entienden que la educación verdaderamente es un “derecho” y que el Estado tiene la responsabilidad de promover su cumplimiento, asegurando la inclusión, la calidad, la participación democrática. La necesidad de una educación pública tiene su principal fundamento en el hecho de que la educación como tal debe formar al hombre para la libertad, algo que se opone a la lógica del mercado que prima en el interés de privatización; debe promover la crítica y la toma de conciencia para el pleno actuar democrático. Razones que siguen movilizando a defender la educación pública, gratuita, de calidad y democrática.
Río de Palabras n°50, edición II aniversario, 28 – 08 – 11
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