Ramón Ábalo
Le queda poca piola a Otilio Romano, el juez federal genocida, para enfrentar al tribunal que tendrá, cuando llegue el momento, la tarea de juzgarlo y mandarlo a prisión. Su estadía en Chile, a donde huyó para poner distancia, cada vez le es menos propicia. Hace unos días, el gobierno trasandino lo envió a "prisión nocturna", mientras sigue estudiando su desopilante pedido de de asilo político. No obstante la ideología derechosa y neoliberal del presidente chileno y su gobierno, se cuida mucho de entorpecer las buenas relaciones que mantiene con todos los gobiernos de la región, por lo que es muy probable que finalmente acceda a rechazar el pedido de Romano y lo entregue a la justicia argentina. Es lo que marcan, de todos modos, los antecedentes criminales, para nada políticos, del prófugo.
Y hora está la decisión del Consejo de la Magistratura, tribunal máximo que interviene en casos de dudas en el comportamiento de los magistrados. En efecto, su comisión de disciplina y acusación, aprobó la semana pasada, la citación, de acuerdo al artículo 20 de su reglamento, al juez mendocino Julio Petra por la causa en que el magistrado apartó a su colega Walter Bento de la investigación que llevaba a cabo contra Otilio Romano por su comportamiento durante la dictadura.
Por unanimidad los consejeros dictaminaron la citación de Petra a declarar ante el organismo. Es que Petra está siendo investigado por la justicia federal también por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, y por prevaricato. La medida fue llevada a cabo por el juez federal de San Rafael, Eduardo Puig Déngolas, que asumió por Bento y resolvió seguir con la causa.
Se recuerda que poco antes de su huida, Petra fue fotografiado, y con una amplia difusión incluso nacional, en una tranquila mesa en un pub de la Avenida Arístides Villanueva con su amigo Romano. Ambos muy sonrientes y con una botella de champán por medio, dando la sensación de estar gozando de una plácida e impune jornada fraterna.
En otros lares
- Ya tienen sede los juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, que comenzarán el primer día del próximo mes de julio. Se llevarán a cabo en la localidad bonaerense de San Martín.
- La cámara federal corroboró la prórroga, por un año, de la prisión preventiva del ex agente del Batallón 601, Carlos Eduardo Somoza, investigado por asesinar a militantes montoneros en 1980, y cuando el represor actuaba con el seudónimo de César Ernesto Segal.
- El extraditado médico militar Norberto Bianco, que está imputado por el robo de bebés durante la dictadura, sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Cámara Federal confirmara la resolución de primera instancia por la que se rechazó una excepción de "cosa juzgada" interpuesta por su defensa.
La Quinta Pata, 11 – 03 – 12
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