Petróleo con olor a genocidas (II)

Ramón Ábalo

En nuestra entrega del domingo 12 del corriente, reiterábamos la denuncia de Clarisa Escolano, del Colectivo Plaza de Mayo (Buenos Aires), apuntando a que la firma Chañares Herrado, dedicada a la explotación petrolera en Mendoza, tenía como directivos a personajes acusados de delitos de lesa humanidad. Dichos personajes son Luis Alfredo Zarattini, actual titular de la firma, y Héctor Corrés, apoderado y abogado de la dicha firma, ambos involucrados y condenados por delitos durante la dictadura. Se alzaron con la prórroga de la concesión de explotación petrolera en Mendoza, hasta el año 2021, cuya firma, en nombre del estado provincial, la puso Paco Pérez poco antes de asumir como gobernador, pues era ministro de Infraestructura…

Siempre siguiendo la denuncia de Clarisa Escolano, la firma por la empresa la puso Luis Alfredo Zarattini, acompañado por Rodolfo Steiner, accionista principal y yerno de Héctor Lapeyrade, ya fallecido, y el primer titular de Chañares. El control de la empresa sigue en manos de familiares dueños de bodegas y tierras ganaderas. Leyrado fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián "el Laucha" Corrés, procesado por crímenes de lesa humanidad, por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y siete desapariciones forzadas, en el área de Bahía Blanca.

“'El Laucha' fue preso en la unidad carcelaria de Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, acusado de manejar la picana en la mesa de torturas del centro denominado La Escuelita...La primera detención de Corrés, el 3 de abril del 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino Lapeyrade (la mismísima puerta de Chañares Herrados), en calle Córdoba 1390, Capital Federal.”

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El actual titular de aquella empresa, Luis Alfredo Zarattini, participó en el asesinato del general chileno Carlos Prats, aquí en la Argentina, donde tenía asilo político, perseguido por el pinochetismo por haber sido el general en jefe del ejército trasandino designado por el presidente Allende.

Oscar Corrés, fue de la Concentración Nacional Universiaria (CNU), una organización de ultraderecha, vinculada a la Triple A. El 6 de diciembre de 1971, un grupo de la CNU entró a los balazos a una asamblea de estudiantes de la facultad de arquitectura. Filler recibió un disparo en la cabeza y otros jóvenes resultaron heridos. Corrés y Juan Carlos Gómez, otro de los atacantes, fueron procesados con prisión preventiva y luego beneficiados por la amnistía menemista.

Julián Oscar Corrés, teniente coronel, fue uno de los represores que abusó sexualmente, aplicó la picana eléctrica y supervisó las ejecuciones de prisioneros del centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca.

De acuerdo al Boletín Oficial de Mendoza, el ahora gobernador Paco Pérez se rencontró con Zarattini para retocar algunos puntos del acuerdo, legitimado por dicha publicación el 12 de abril del corriente año.

Reafirmamos lo que decíamos en la nota anterior: que es deber ineludible de los funcionarios públicos, en este caso el gobernador, afinar la vista y escrutar incluso con lupa, aspectos éticos de lo que se acuerda con terceros cuando, como en el caso, ese tipo de acuerdo es una delegación de la soberanía estatal provincial en intereses que comparten con la totalidad de los miembros de la sociedad, es decir, del pueblo, y por lo tanto, es exigible el más alto nivel de moralidad individual y colectiva. La trata con genocidas, en el nivel que sea, huele bastante mal.

La Quinta Pata, 26 – 08 – 12

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