Agustín Sur
Los delincuentes menores no serán meramente castigados y mandados tras las rejas de un presidio por haber violados normas y leyes que, "supuestamente" aseguran la vida y el patrimonio de la sociedad. Para reafirmar el concepto de que hay que castigarlos y no recuperarlos, se los va a estigmatizar aún más con enviarlos al desierto, a decenas de kilómetros del centro neurálgico de Mendoza, o sea la capital. Es el proyecto del Ejecutivo mendocino, a instancias de los que militan la "mano dura", como el ya elegido diputado nacional Alejandro Abraham lo manifestó en campaña electoral última.
Desde el Organismo Contra la Violencia Institucional se ha iniciado una campaña, juntamente con los familiares de los jóvenes privados de libertad en el ex COSE, tal como lo expresan en el siguiente documento:
"Nos oponemos a la construcción y al traslado de jóvenes del ex-COSE a las mediaciones de Cacheuta, considerando que esta medida no hacen más que contradecir y retroceder en aquellas conquistas históricas en materia de Derechos Humanos. A partir de la ley 26061 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, postulamos:
- No se respeta el centro de vida: el art. 3 de la ley 26061 hace énfasis en el respeto por el centro de vida de los y las jóvenes, entendido como el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de sus existencias. Los centros de detención deben estar ubicados en las cercanías de estos centros de vida de los jóvenes.
- No presenta solución a las problemáticas que hoy se plantean: La medida es una respuesta contundente a aquellos que creen que más cárceles, más aislamiento, leyes de "mano dura" y la baja en la edad de punibilidad, es lo más paliativo a cuestiones de "seguridad", que lejos de tener una única solución sólo es mayor control y represión.
- Gasto económico innecesario: Se habla de altas partidas de dinero sin pensar en priorizar recursos para abordajes que den respuestas a las situaciones generadas en el adentro de la institución, como en aquellas que pueden evitar que jóvenes lleguen a esta instancia y/o a medidas de alternativas a la privación de libertad.
- Aquella información que se nos presenta difícil de enterarnos, más aún lo será estando en un lugar con características de desierto.
- No es la solución a disminuir la violencia y el delito: Sólo fomenta que lxs jóvenes sean etiquetados de peligrosos y no se trabaje con ellos sino se lxs aísle más. Se criminaliza la pobreza y estigmatiza.
- Vulnera también el derecho de los jóvenes a mantener contacto con su familia: Las frecuencias son escasas por las distancias y el valor de pasaje potencia las dificultades económimicas de las familias. Así muchos jóvenes no tendrán contacto con sus afectos, contradiciendo así lo estipulado por los convenios y tratados que es facilitar las visitas y se internará al niño/niña en un centro situado lo más cerca posible del lugar de residencia de su familia".
Este documento de la Organización Contra la Violencia Institucional (OCOVI), está refrendado también por los organismo de derechos humanos, como asimismo otras organizaciones sociales, y los familiares.
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