Eduardo Paganini (Baulero)
Concluimos en esta edición de EL BAUL esta secuencia informativa que sostuvimos durante cuatro entregas sucesivas y que dio cuenta de unos de los más grandes desfalcos en la historia nacional.
La delegación Mendoza de la Policía Federal estaba investigando desde hace unos seis u ocho meses la introducción ilegal de alcohol destinado a la elaboración de vinos. Se conocía que existían intensos movimientos y depósitos clandestinos, pero la tarea era lenta, dado que no se quería alertar a los infractores, en procura de descubrir toda una organización. Cuando el inspector de la Dirección Provincial de Industria, Alberto Franco, procedió a detener a dos camiones que pretendían introducir alcohol en la bodega El Desvío, de los industriales Bistolfi y Stra, se pensó que todo iba a terminar allí, pero no ocurrió eso. La delegación de la Policía Federal en Mendoza apresuró las cosas y hoy un medio centenar de personas se encuentran detenidas por delitos similares.
Uno de los detenidos comentó en la Policía Federal que “a Franco (el inspector de General Alvear) tendríamos que haberlo matado en el momento, y esto no hubiera sucedido”. O sea que algunos no se hacían mayor problema en llegar hasta el homicidio, con tal de ocultar las cosas.
Un poco el primer descubrimiento de alcohol en General Alvear perjudicó la investigación que llevaban a cabo los federales. Pero se hizo un balance de las evidencias obtenidas hasta ese instante, y se dispuso la detención de numerosas personas. Además, el secuestro de camiones tanques, automóviles y tambores de alcohol que se amontonan en la cuadra existente frente a la delegación de la Policía Federal.
¿Cuánta es la cosecha?
El volumen de la falsificación de vinos es grande, llega a cifras incalculables, según manifestaba un experto que se llegó hasta los investigadores y que fuera consultado al respecto. Los partes oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura consignaban una merma del 10,32 por ciento para Mendoza, pero las cifras se acercan más a las estimaciones que formuló en su oportunidad el presidente de la Asociación de Viñateros, señor Amadeo Vilomara, quien la estimó un 40 por ciento menor que la del año 1979. Los investigadores consideran que podría ubicarse con justeza en un 35 por ciento. ¿Y esa diferencia de casi un 25 por ciento? Pues está hecha vino. Por supuesto, con alcohol.
Las heladas sucedidas en el mes de noviembre causaron daños en las fincas, pero no se los declaró. Por otra parte, cuando ingresaban muchos viñateros sus uvas a las bodegas, se les presentaba un parte a firmar que contenía muchos más kilos de uva que los ingresados. Así se acumulaban las cifras de uva inexistente, que justificaría posteriormente la elaboración de mucho más vino. Surge en consecuencia que la fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura no sirvió en esta ocasión, y que las cifras de cosecha, por más que se cuente con un monumental centro de cómputos usado para mostrarlo a los turistas, no eran exactas ni mucho menos. Si a una computadora se le echa un dato falso, el resultado también lo será. Faltaban los inspectores controlando, y por supuesto, existía también mucha corrupción en la industria.
Gran número de detenidos
Existía aquí, en el caso del alcohol surgido en la zona norte de la provincia, una organización montada para la introducción ilegal de alcohol. El negocio fue propuesto y traído a Mendoza por un individuo de Buenos Aires a los hermanos Carlos y Fernando Lucena. Estos realizan un negocio con él, pero una vez que averiguan todo el detalle del movimiento, continúan ellos con la introducción de alcohol, traicionando al primitivo creador de la maniobra. Para dar una idea del tiempo que hace que se introducía tal mercadería, basta señalar que bodegas Filippini estuvo recibiendo alcohol durante tres años.
Cuando los investigadores actúan, se producen detonantes detenciones de las que da cuenta la prensa: el doctor Medardo Furlotti, el bodeguero Juan Carlos Roldán, de La Franco Argentina, junto a Julio César Hannon, quien le había alquilado el establecimiento y que luego quedó en libertad; Luis Borjón y Felipe Romano, enólogos; Carlos y Fernando Lucena, quienes tienen tres plantas en Buenos Aires; Felipe Moyano, también de la firma Carpelen, camioneros, enólogos, capataces de establecimientos, propietarios de repartos de alcohol y otros.
Lo importante no era aquí el número de personas ni de bodegas, sino que la gravedad surge del monto enorme de la maniobra.
Las detenciones, en algunos casos, surgieron en forma sorpresiva, y vale citar el caso de Aranda y Varas. El establecimiento había recibido dos partidas de alcohol, y uno de los responsables aparecía como absolutamente desvinculado de las maniobras y desconocedor de lo que ocurría. Ya se había dispuesto liberarlo, y se lo remitió junto con las actuaciones al Juzgado Federal número 1 a cargo del doctor Gabriel Guzzo. En el expediente se agregan las fotos de los imputados, con el expediente en la mano, y las fotos, el magistrado preguntó a los camioneros quién había recibido la partida de alcohol que ellos transportaban y uno señaló sin dudar al responsable que se pensaba dejar en libertad.
Enriquecimiento rápido
El caso de Juan Carlos Roldán, de la bodega La Franco Argentina, entre muchos de los que existen dentro de la investigación, es ilustrativo sobre la manera en que se enriquecen algunos industriales. En el año 1976, declara al fisco poseer 690.000 pesos solamente. Ahora, al momento de su detención, cuatro años después, su fortuna asciende a siete millones de dólares. La base de tan increíble crecimiento: falsificación de vinos, y no haber pagado jamás los impuestos.
Un poco, su ejemplo vale para muchos industriales argentinos, y no solamente de la vitivinicultura, que amasaron fortunas eludiendo las cargas fiscales. Prefieren olvidar que el Estado es todo el pueblo argentino, y con su accionar le sustraen capital al conjunto de la población, que lo necesita para sus obras más imprescindibles, como construcción de hospitales, caminos, escuelas.
El caso presente del alcohol, que investiga el grupo de hombres de la Federal a cargo del comisario Jorge Antonio Marchelli, tiene ya cinco cuerpos de expedientes de 200 fojas cada uno, y las actuaciones y detenciones continúan. La carátula varía, pero el cuerpo general se consigna asociación ilícita, infracción a la Ley 14878 (ley de vinos) artículo 31 inciso 20, infracción al decreto 2682/79 inciso C, artículo 31 y otros, además de la ley de armas, delito de cohecho y varios más.
Verdadero veneno
La situación es variable según las circunstancias del establecimiento intervenido. Hay algunos que tenían en realidad un vino considerado bueno, con 12 grados de alcoholización, pero por razones de comercialización, debieron agregar alcohol hasta llegar a 12,60 grados.
Pero hay casos, como el de la bodega Scipione, de Dorrego, donde la alcoholización era total y la bebida era intomable. Es de suponer los perjuicios que una elaboración ilegal puede llevar para la salud de la población. Porque se agrega no solamente alcohol, sino varias drogas a fin de darle la semejanza con el producto genuino y simular las características enológicas.
No confiar en nadie
La alarma causada en algunos sectores por el descubrimiento de estas partidas de alcohol y las consecuentes detenciones, produjo hechos bastante singulares. Uno de ellos lo protagonizó el ordenanza del Juzgado Federal número 1, que tramita las causas. Se trata de un hombre que llevaba muchos años trabajando en ese lugar, y de notoria habilidad para granjearse la voluntad de sus superiores. En una ocasión, al promediar la mañana, llegó el magistrado y descubrió que había perdido su registro de conductor. Sin decir nada, el ordenanza fue hasta los archivos sacó una foto del juez, concurrió a Tránsito y al mediodía retornó con un duplicado del registro, que entregó al juez, quien se sorprendió por la habilidad e ingenio puestos de manifiesto por el empleado.
Este ordenanza concurría siempre a la delegación de la Policía Federal, y era conocido de todo el personal. Pero en esta ocasión, había sido sobornado por un abogado para pasar un mensaje a uno de los detenidos que se encontraba incomunicado. Y quiso sobornar a su vez a un integrante de la delegación, que denunció el caso. Habría sido imposible probar tal cuestión, si no se hubiese encontrado también en uno de sus bolsillos una carta plegada que pretendía entregar a otro incomunicado. Presentó su renuncia al Juzgado, pero la causa prosigue.
Los cálculos
Los cálculos hacen prever que la magnitud de las maniobras, su amplitud en el ámbito de la industria, conmocionarán profundamente a esta provincia y a San Juan. Se trata de los hechos más importantes ocurridos desde la época en que el general Aniceto Pérez estaba al frente del INV, y que culminó con el procesamiento y detención de varios bodegueros. Pero en aquella ocasión, el general Pérez fue quien ordenó las severas sanciones para los infractores. Aunque de cualquier manera, el volumen de falsificación no se acercó ni remotamente a este de ahora.
Aquí todo parece estar conectado de cierto modo. Los hechos del sur de la provincia, y los descubiertos en esta zona, tienen una cierta relación. Y los alcances, son imprevisibles. Por ejemplo se menciona que en declaraciones formuladas al Juzgado Federal de San Rafael, el bodeguero Leonardo Bistolfi, propietario de la bodega El Desvío habría consignado que actuaba por cuenta orden de Héctor Greco, lo que parecería avalado por la gran cantidad de documentos impagos que el establecimiento tiene del conocido empresario bodeguero.
Por el momento, como señalan algunos observadores, la impresión que existe es que esto recién comienza. Resulta elogiable es verdad, la actuación que cumple la Policía Federal, y en último término el gobierno cuando se procede abiertamente a detener los culpables de maniobras que perjudican toda la industria sin admitir presiones, que sin duda deben haber existido.
FUENTE: s/d, Los detenidos por el alcohol en 5ª edición, Mendoza, mayo de 1980, Director propietario: Guillermo Martínez Anzorena. Año I, Nº 8.
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