Último momento - Emergencia de seguridad y espionaje político

Se veía venir. Con la titularidad del Ministerio de Seguridad por el Dr. Juan Carlos Aguinaga, proveniente de las filas del Partido Demócrata, se perfila -y reitera- una política represiva como método fundamental para terminar con el delito. Pero ya no se trata solamente de “gatillo fácil” y “mano dura”, sino que se vuelve a instalar el espionaje político y social por parte del Estado, según lo denuncia el Partido Obrero, y que no es otro el Memorándum de Instrucción, Reservado, Nº 539/07, de la Dirección General de Policía, donde se instruye a las diversas áreas de la Policía Provincial (PP) con fecha l9 de diciembre último, para que “arbitren los medios necesarios a fin de instruir al personal que les dependen, extremando las medidas de prevención”. Es lo que taxativamente expresa el último punto de la Instrucción: “Hoy se reúnen con los delegados para decidir si realizan una manifestación mañana o en días siguientes en casa de Gobierno”.
Leer todo el artículo - Cerrar
Y esto huele, sin más vueltas, a la dictadura genocida del ‘76, menos a democracia. Como dice la denuncia del Partido Obrero: “En este contexto, la ley de emergencia que se pretende aprobar, dándole poderes ilimitados al Ministro, no hace más que agravar la inseguridad ciudadana y da luz verde a la corrupción generalizada en el manejo de los cada vez más abultados fondos destinados a su supuesto combate. Mientras, sigue sin investigar la salvaje represión y posterior persecución policial a quienes en Campo Grande, exigían y exigen condiciones legales de contratación laborar; el señor Oros, padre de una víctima de gatillo fácil, sufre una arbitraria detención y abusos policiales”, y agrega: “Mientras la inseguridad sigue azotando a la población, desde el gobierno se persigue a las organizaciones populares. Finalmente se piden las renuncias del ministro Aguinaga, y de todos los jefes policiales involucrados en el espionaje, como los de los comisarios generales Pedro Chacón y Jorge Guerrero, como asimismo se exige la disolución de la Dirección de Inteligencia Criminal y de todos los organismos involucrados en la persecución y represión a las organizaciones populares.

Esto fue a tan sólo nueve días del nuevo gobierno de Jaque, y es claro que no es un hecho aislado y sí con una política de Estado a profundizarse con el tiempo, confirmado con el nombramiento del comisario Rico, un hombre que viene de la más cruda esencia represiva de la dictadura. Por eso hay una responsabilidad clarísima de la cabeza del gobierno, o sea de Celso Jaque, quien puede eludir una respuesta concreta a esta nueva versión del terrorismo de Estado mediante el espionaje a las organizaciones políticas y sociales. Con esta metodología se va construyendo una especie de index de organizaciones y sus militantes que, como en la dictadura, serán las víctimas por pensar distinto al régimen. Esa responsabilidad de Jaque deviene tanto por su potestad política e institucional, como por su autodefinición durante el fragor electoral: “soy conservador, profundamente religioso y amor a la familia”. Algo así como TRADICION, FAMILIA y PROPIEDAD, banderas de la más cruda derecha confesional.

La Quinta Pata