Último momento - Seguridad y derechos humanos

Seguridad y derechos humanos

En el año 1999, los partidos políticos con representación parlamentaria en la provincia acordaron los lineamientos básicos de una política de seguridad que fue definida como “política de Estado”. Sin perjuicio de la relativa convicción y eficacia con la que ejecutaron esa política los gobiernos que desde entonces se sucedieron, lo cierto es que Mendoza nunca renunció explícitamente a esa “política de Estado”.

Más aún, el flamante gobierno, tanto por boca del Gobernador como de su ministro de Seguridad, se ha comprometido a implementar esa política adecuándola a las nuevas circunstancias pero siempre respetando su espíritu fundacional.
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En los primeros tiempos y en cumplimiento de aquella política, se tomaron medidas orientadas a extirpar de las filas policiales los excesos represivos y las conexiones o complacencias con diferentes actividades delictuales. Se realizó entonces una purga general que afectó a todos los niveles de la fuerza, incluyendo aquellos mandos que no hubiesen actuado con la severidad que su jerarquía imponía frente a ese tipo de conductas. Es posible, y así lo reconocieron los políticos que promovían la reforma y los funcionarios que la implementaban, que entre los alejados de la fuerza existieran policías que individualmente no lo merecieran. Los responsables argumentaban que la urgencia de la situación obligaba a tomar medidas generales. También se dijo que el tiempo ayudaría a establecer las diferencias individuales que permitirían revalidar de un modo u otro y dentro de lo posible a quienes debieron retirarse sin razones valederas para ello. O sea, separar la paja del trigo, que aquella urgencia inicial no permitió.

Con los años, la crisis de seguridad cobró nuevos y negativos bríos, lo que no necesariamente indica que la reforma del ’99 haya fracasado. Es posible que la deficiente aplicación de esa política haya derivado en efectos no deseados, como podría ser el de un deterioro global del prestigio y la autoridad de las fuerzas de seguridad indispensable para enfrentarse debidamente a la creciente delincuencia. Aunque se debe señalar que ese deterioro es también en parte consecuencia de aquellas prácticas perversas que la reforma pretendió eliminar y que continuaron a pesar de la misma. Pero, y eso hoy es evidente, los malos policías no hacen mala a toda la Policía, de lo contrario nos quedaríamos sin la institución.

Entonces, el desafío actual, por cierto difícil, es el de avanzar sobre aquellos objetivos de la reforma para lograr el aislamiento de los que proceden con excesos o amparan complicidades, al mismo tiempo que recuperar plenamente la confianza de la sociedad en la fuerza policial como institución, de forma tal que sus mejores elementos puedan obtener merecido reconocimiento.

Para alcanzar ese equilibrio, será necesario escapar de todo extremismo ideológico y respetar los derechos de todas las personas por igual.

En tal sentido, todo funcionario policial o de cualquier otra naturaleza que hubiese sido condenado concretamente por la comisión de cualquier delito, no debería estar ni volver a la función, tenga o no habilidades específicas en la materia. Del mismo modo, cualquier sospecha seria acerca de la posible participación de policías en actos delictivos de cualquier tipo, deberá indagarse hasta las últimas instancias, porque no se puede poner la vida de las personas en manos de quienes no han sabido respetarla. Pero, en todos los casos deberá garantizarse el derecho del debido proceso, y será la Justicia la que debe tener la última palabra.

Resulta entonces inaceptable la pretensión de excluir de la función pública a toda persona que de un modo u otro hubiese ejercido funciones estatales durante cualquier gobierno militar, particularmente el último acontecido entre 1976 y 1983, y con más razón aquella otra que, avanzando aún más, sostiene una extraña teoría de la inversión de la prueba, afirmando que toda persona que actuó durante ese período es culpable mientras no demuestre lo contrario.

Se trata, en todos los casos, de posiciones ideológicas al servicio de un oportunismo político que no tienen sustento jurídico y que en definitiva resultan enfrentadas con el verdadero estado de derecho, que considera iguales ante la ley a todos los seres humanos sin admitir la jerarquización o desjerarquización de personas particulares por motivos generales.

Es el caso del actual subsecretario de Seguridad, que ejerció funciones policiales durante el último gobierno de facto, y frente a cuya designación se han alzado voces que a la vez que promueven averiguaciones judiciales sobre su conducta en ese período, afirman que el funcionario está políticamente invalidado para seguir en su función por el solo hecho de haber actuado como policía en aquellas circunstancias, con independencia de que se pruebe o no su participación en actos de represión ilegal.

De aplicarse tal concepción, ni Eugenio Zaffaroni podría ser juez de la Corte Suprema de Justicia de un gobierno republicano, ni Elisa Carrió podría ser líder de un partido democrático interesado en acceder al poder político nacional. Y no lo podrían ser por haber sido ambos funcionarios judiciales de la dictadura militar, junto a varios miles de argentinos más en condiciones similares que hoy ejercen o pretenden ejercen actividades en el Estado.

Diario Los Andes propicia enfáticamente toda averiguación que sea necesaria para transparentar la conducta de cualquier funcionario público, y así lo demuestra día a día en sus páginas. Pero a la vez rechaza con igual fuerza todo prejuzgamiento que lleve a dividir a los argentinos entre ciudadanos de primera y de segunda según sus posiciones ideológicas o sus ideas políticas, práctica más propia de un Estado totalitario -de derecha o de izquierda, lo mismo da- que de un estado de derecho.

Por lo tanto, es imprescindible actuar con la más absoluta ecuanimidad en estos casos, no sólo separando la paja del trigo por cuestiones de justicia y eficiencia, sino defendiendo a ultranza la división de poderes para que la Justicia actúe sin interferencias políticas. Y entendiendo que sólo se pueden respetar los derechos de todos en la medida que se respeten los derechos de cada uno.

Fuente: Editorial Diario Los Andes 06-01-08

Comentario:

El editorialista de Los Andes acusa solapadamente en este artículo a los organismos de derechos humanos que impugnan la designación del actual subsecretario de Seguridad Carlos Rico por su actuación policial en el último gobierno de facto. Pero lo más llamativo es que, al lanzar su crítica, quien escribe pretende posicionarse dentro de las filas des-ideologizadas y apolíticas de la nueva / vieja derecha vernácula, ahora electoralmente exitosa. La del tipo Macri (ver artículo “Está bueno ser apolítico” de Ernesto Espeche en el número de octubre de la5tapata.net)

Solo unos ejemplos:
1. Hablar de crisis de seguridad y omitir las condiciones económico-sociales que llevaron al actual desguace, es ideológico;
2. Sugerir que los organismos de derechos humanos no defienden a todos aquellos que se ven privados de ellos, es también ideológico;
3. Argumentar que ni Zaffaroni ni Carrió podrían ocupar en el presente puestos públicos, es político e ideológico y además delirante porque sus posiciones durante la dictadura no incluían salir a secuestrar, torturar y desparecer opositores y adversarios del régimen de entonces;
4. Ignorar o hacerse el desentendido acerca de los serios cargos de violación a los derechos humanos durante el Proceso, que se han presentado contra Carlos Rico no solo es ideológico sino deshonesto: las presentaciones hechas por el fotógrafo Delfo Rodríguez ante la Coordinación de Derechos Humanos y anteriormente la de Viviana Laura Beigel en representación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, fueron difundidas con amplitud en los medios locales (ver notas reproducidas en “Ultimas noticias” de la5tapata.net el 29 de diciembre de 2007 y 5 de enero de 2008 respectivamente);
5. Pretender sentir compasión por parte de aquellos despistados que de manera inopinada trabajaron para los militares, es asimismo ideológico y político. Los organismos de derechos humanos no se proponen investigar a ex conscriptos o a agentes de seguridad o policiales de baja graduación, o a empleados públicos sin jerarquía en tiempos de dictadura. Rico no era ningún perejil ni durante ni después del gobierno de facto (si no, preguntarle al fotógrafo Delfo Rodríguez);
6. Declarar que Los Andes "...propicia enfáticamente toda averiguación que sea necesaria para transparentar la conducta de cualquier funcionario público..." constituye una pretendida fe republicana de simulado corte apolítico, no-ideológico y subjetivamente neutral. El matutino no hace esfuerzo alguno en reconocer que hay demasiados individuos -represores- que perviven en la esfera pública porque debido a su férreo pacto de silencio, a indultos presidenciales, a la clandestinidad de sus ominosas acciones y demás de aquel pasado oscuro de nuestra historia, no ha sido posible hasta ahora imputarlos y juzgarlos y dejarlos libres si fueran inocentes.

Luis Cañas