El fotógrafo Delfo Rodríguez hizo ayer una presentación en la Coordinación de Derechos Humanos contra el subsecretario de Seguridad, Carlos Rico.
Una nueva acusación contra el cuestionado subsecretario de Seguridad, Carlos Rico, se suma a las denuncias y presentaciones que ya efectuaron organismos de Derechos Humanos y aporta más pruebas contra el comisario retirado, quien integró el GE’78 durante la dictadura militar, grupo que -según los organismos de Derechos Humanos- participó de la represión ilegal durante ese nefasto periodo.
Esta vez, la presentación fue efectuada por el reportero gráfico Delfo Rodríguez, quien actualmente se desempeña como jefe de fotografía del diario El Ciudadano (Mendoza) y quien denunció haber sido víctima de un caso de abuso policial durante un operativo que, justamente, estaba a cargo de Rico en 1997.
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El fotógrafo realizó una presentación ante la Coordinación de Derechos Humanos del Gobierno, comandada por el abogado Pablo Salinas, y tanto la presentación como la documentación aportada se sumó al expediente que ya existía por la presentación de los organismos de Derechos Humanos.
"En el 2006 lo encontré en una nota en el Club Hípico y cuando me vio, me dijo: 'Usted y yo tenemos cuentas pendientes'", acotó Rodríguez.
Abuso de autoridad
Según relató Rodríguez, el episodio ocurrió el sábado 4 de octubre de 1997, cuando él se disponía a realizar la cobertura de un partido entre Godoy Cruz e Instituto de Córdoba.
"Estaba en el Estadio Malvinas y quería pasar con el auto porque llevaba el equipo y era muy pesado, no como los de ahora. Cuando paso por el control policial, les digo que soy fotógrafo del diario Los Andes, donde trabajaba en esa época y me piden una identificación. Yo les paso la credencial del ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina), que está avalada por el Ministerio del Interior y me reconoce como reportero gráfico y ellos me exigen que les presente el documento. Comenzamos a discutir, me detuvieron y me trasladaron a la comisaría quinta", recordó el fotógrafo, quien agregó que en esa época el subjefe de la Policía era Ignacio Medina, separado de la fuerza luego del Caso Bordón.
Sin embargo, según el relato, lo peor le aguardaba en la dependencia. "Me encerraron en una celda, me obligaron a desnudarme y empezaron a amenazarme con que me iba a pasar lo mismo que a (José Luis) Cabezas", continuó Rodríguez, en alusión al reportero gráfico asesinado el 25 de enero, también de 1997, en Pinamar.
"Yo era amigo de Cabezas y había organizado varias marchas acá en Mendoza pidiendo justicia por su asesinato. Los policías que estaban en el control no me dejaron pasar y, en medio de la discusión, dijeron 'A éste lo tenemos fichado; no quiere a la Policía y es uno de los que anda en las movilizaciones por Cabezas'. Y me llevaron a la quinta", agregó Rodríguez, quien agregó que detrás de estos uniformados estaba Rico, comisario a cargo del operativo, con un handy dando órdenes.
La presentación
El coordinador de Derechos Humanos, Pablo Salinas confirmó la presentación del reportero gráfico. "Nosotros estamos recabando las pruebas y los informes que, primero los organismos de Derechos Humanos, y ahora Delfo, nos han presentado. Lo que hemos hecho es iniciar un expediente que incluya toda esa documentación y la Subsecretaría de Justicia le ha dado curso a las presentaciones realizadas", indicó Salinas.
"No puedo opinar sobre el hecho, porque pertenezco a un organismo del Estado. Lo que sí puedo hacer es confirmar que la presentación fue realizada", agregó.
Sin denuncias en la Inspección General de Seguridad
Por una cuestión cronológica, es imposible que el ex comisario y actual subsecretario de Seguridad tenga denuncias en su contra en la IGS.
Así lo indicó Félix Pesce, el miembro del PJ del órgano de control, quien lo resumió en una simple frase: "La IGS fue creada en el año 2000, después de la Reforma Policial en el último año de gobierno de Lafalla. Rico fue separado ese mismo año, por lo que de antes no puede existir ninguna denuncia. Y, si se tiene en cuenta que la IGS no tiene jurisdicción sobre personal retirado, sino que la tiene sobre policías y penitenciarios en actividad, es imposible también que exista una denuncia posterior al 2000", indicó Pesce.
Fuente: Ignacio De La Rosa (MDZ online)
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