El ministro Marchena le propuso a Sitea, el gremio que acciona judicialmente por el ítem que estuvo congelado, pagar la deuda en cuotas. Serían unos $100 millones. Se destraba un viejo conflicto.
Justo el mismo día en que los estatales – que han demandado al Estado por la antigüedad impaga desde 1996 – recusaron a dos ministros de Corte por estos planteos, el ministro de Gobierno Juan Marchena les ofreció pagarles este ítem y desactivar las causas.
“Lo importante es que el Gobierno reconozca la deuda y, a partir de allí, que se asegure a través de una ley las partidas para el pago”, resumió el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados (Sitea), Víctor Dagfall.
El martes 20 de mayo en Casa de Gobierno, Marchena se reunió con delegados estatales que desde hace más de cuatro años reclaman el pago de la antigüedad congelada en 1996.
El ministro de la cartera política habló en nombre del gobernador Celso Jaque y se comprometió a presentar una propuesta económica en 15 días a Sitea por el reclamo de más de 18 mil empleados. El funcionario aclaró que el pago se podría concretar afectando dinero de dos presupuestos provinciales.
Leer todo el artículo - CerrarHace dos años los empleados reclamantes calcularon un monto global de la deuda exigida, de 100 millones de pesos.
Ya hay un fallo de un tribunal local de conjueces de Corte que en agosto de 2003 ordenó el pago de la antigüedad desde 1999 hasta 2001, y que fue recurrido a la Corte de la Nación por 21 mil estatales porque los conjueces no reconocieron el período ’97-’99 por entender que la deuda correspondiente a esos años había prescripto.
Pero el 28 de marzo de 2006, la Corte fijó una posición para un caso de incapacidad en el que se reclama una indemnización, según este pronunciamiento se deben tomar hasta dos años hacia atrás desde el momento de planteada la demanda judicial.
Este fallo probó que el reclamo además de ser un acto administrativo (una Acción Procesal Administrativa), por su naturaleza, el vínculo entre el Estado empleador y los agentes públicos, “es una relación laboral”.
Este es el argumento que necesitaban los 18 mil demandantes que en octubre de 2003 se rebelaron a firmar el acuerdo que sellaron los gremios estatales con el gobierno saliente de Roberto Iglesias, donde se convino un plan de pago de 48 cuotas.
Por eso esgrimieron este fallo del Máximo Tribunal mendocino para que se pague la acreencia del período ’97-’99 ya que el reclamo se hizo en el último de estos años.
Pero al año siguiente, la Corte sorprendió con una sentencia en uno de los casos conocido como “Sozzi” donde los supremos establecieron que en casos de emergencia se puede recortar los adicionales como este ítem pero no así el salario básico.
Por eso Sitea promovió un pedido de jury para el ministro de Corte Alejandro Pérez Hualde principal argumentista del fallo. El pedido de enjuiciamiento fue rechazado por la Legislatura. De todos modos la presión continuó contra Pérez Hualde y Aída Kemelmajer de Carlucci.
Los estatales plantearon una recusación contra estos dos jueces de Corte. Cuestionan la participación de estos magistrados que integran la Sala I de la Corte en estos casos por ser “acreedores” del Estado provincial.
El escrito que presentaron señala que estos jueces tienen esa condición al suscribir al convenio entre el Gobierno, la Asociación de Magistrados y la misma Corte.
La observación se funda en el artículo 15 del Código Procesal Civil. “Son causa de sospecha: ser acreedor de alguno de los litigantes”, dice el texto legal invocado.
Jorge Fernández Rojas, Los Andes, 22 – 05 – 08
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