Campo de Concentración Vesubio: lucha por un único juicio

Estamos haciendo una campaña para conseguir que sean juzgados los responsables del Campo de Concentración Vesubio, en un único Juicio, imputados de Genocidio y por todos los compañeros que estuvieron ahí secuestrados- desaparecidos.

El miércoles 30 de abril presentamos las notas que adjuntamos al Tribunal Oral y a la Corte Suprema y en ambos casos pedimos audiencias que esperamos sean acordadas a la brevedad. Fueron firmadas por 60 compañeros, sobrevivientes y familiares de las víctimas. Actualmente seguimos buscando el apoyo solidario de los compañeros, familiares y amigos más directamente involucrados en el Juicio.

Queremos darle difusión y necesitamos la ayuda de todos los compañeros, organismos de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones populares. Creemos que entre todos, podremos lograr un viejo anhelo: La realización de un único juicio por cada campo de concentración, por todos los compañeros secuestrados en ellos y a todos los represores que estuvieron afectados a dichos campos bajo la imputación de Genocidio.

Tomamos conocimiento que como resultado de nuestro pedido al Tribunal Oral Nro. 5, y a la Corte, el TOF 5 desistió de juzgar por separado a Gamen y Durán Sáenz por el caso del compañero Arias, quedando estos, para cuando se juzgue el campo completo.

El Dr. Daniel Rafecas, tuvo una reunión con el Secretario de Casación y fue notificado que se van a repartir, como solicitamos, en los 6 tribunales orales los casos de DDHH pendientes, esta última ya ha tomado estado público.
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Si bien son buenas noticias, debemos proseguir con la campaña que hemos comenzado, así que ¡vamos por más!

Habida cuenta que dilación en estos casos es más impunidad y el riesgo inminente de que tanto los testigos como los represores, mueran debido a su edad o sean, depende el caso asesinados o secuestrados y desaparecidos.

Esto es posible, sabemos que se trata de una decisión de índole política. Impera la impunidad; la misma que posibilitó la existencia de un genocidio en el pasado (en realidad sabemos que fueron más de uno- acordando con Bayer) y la que permite la desaparición de Julio Jorge López, de Jerez, de Juan, los múltiples atentados a compañeros, dirigentes, jueces, abogados, diputados, en fin la lista es larga y conocida.

Ni qué hablar de las condiciones imperantes en la sociedad, la falta de políticas adecuadas en salud, educación, etc. para que exista justicia social y un pleno desarrollo en todos los aspectos de la comunidad en su conjunto.

Los convocamos a participar activamente de esta campaña con vuestra adhesión.

Comisión de familiares y compañeros de detenidos desaparecidos de los campos de concentración Vesubio y Proto Banco

Enviar adhesiones a latolili@yahoo.com.ar



Señores Jueces del Tribunal Oral Federal Número 5

Presente

Los abajo firmantes, en nuestra calidad de querellantes, sobrevivientes y familiares de las víctimas del Centro Clandestino de Detención y Tortura denominado "El Vesubio", nos dirigimos al pleno del Tribunal Oral Federal Nº 5, poniendo de manifiesto nuestra inquietud por la demora de los juicios que tramitan por ante esa sede judicial, y porque, como legos, nos resulta absurdo el hecho de que se haya dispuesto la apertura de un juicio oral, para el 14 de agosto de este año, donde se juzgaría a dos jefes responsables (coroneles Gamen y Durán Sáenz) de un amplio territorio, por un único caso (el del Sr. Eduardo Jaime José Arias.)

Con el respeto que vuestras investiduras merecen, consideramos que el inútil dispendio jurisdiccional que significa que todos los testigos declaren por un solo caso, demuestra que no existe ninguna coordinación en el Poder Judicial a fin de concentrar en una misma audiencia todos los casos de personas que han compartido el campo de exterminio y recibieron un trato similar, toda vez que -huelga recordarlo- ello respondió al plan sistemático aplicado en todo el país.

Entendemos que sólo reuniendo bajo un mismo marco procesal a todos los procesados que se desempeñaron en ese CCD, cada uno por el tiempo de su revista en el lugar, enfrentando los cargos derivados de todos los casos de las víctimas que han estado padeciendo iguales tratos aberrantes y atroces.

Consideramos que de ese modo se haría realidad el acceso a la justicia, que no se agota en la mera petición sino en el modo en que se articula el procedimiento, que en estos delitos de lesa humanidad debe tener nuevos paradigmas, por el volumen de los crímenes, la acción estatal y la sistematicidad del plan, que lleva a que unos casos sean casi idénticos a otros.

Nuestra invocada condición de legos no nos impide coincidir con el unánime criterio de la doctrina procesal nacional y extranjera que señala que la economía procesal es un deber de los jueces para que la impartición de justicia no sea tardía, sinónimo de privación de justicia.

Entendíamos superada la etapa en que estas causas, por hipotéticas "razones de Estado" (prohibida por las convenciones como argumento para violarlas) vieron obstruido su avance sobre la base de leyes de impunidad, proceder que excedía la competencia de los legisladores, habida cuenta de que vulneraban los Pactos Internacionales y la propia Carta Magna.

Empero, 23 años después del juicio a las Juntas Militares, cuando nos disponemos a participar en el juzgamiento de represores que estuvieron ascendiendo en sus cargos, viviendo como si no hubieran delinquido, la dispersión de los cauces procesales hace temer que la morosidad que de ella derive impida el oportuno juzgamiento de los individuos responsables de tales crímenes.

Otro aspecto a considerar reside en el progresivo envejecimiento de testigos y víctimas, que cargaron con la mayor edad en medio del dolor y la incertidumbre.

Estimamos, asimismo, que debe enfocarse los juzgamientos en el más amplio marco del genocidio, que prevé la matanza parcial de un grupo elegido por los ejecutores de las desapariciones forzadas. Ello así porque los perpetradores actuaron en la mayor clandestinidad y con garantía de impunidad, por lo que resulta difícil obtener pruebas directas, merced al cerrado pacto de silencio que sellaron los militares y que deben proporcionar al Estado y a los Jueces. De este modo, la negativa a proporcionar datos -que están celosamente guardados por las cúpulas- importa la comisión continuada de tales ilícitos, pues aun conservan el dominio de los hechos criminosos porque son ellos los que saben la verdad que ocultan.

Instamos una vez más al Estado que reitere el reclamo de los documentos probatorios que obran en poder de los altos mandos.

La economía procesal se impone, entonces, como un imperativo para impartir justicia rectamente.

Además de los compromisos internacionales del Estado argentino, que tiene que cumplir el deber de sancionar conforme a la ley los graves ilícitos cometidos, también hay un compromiso con la comunidad.

Fundados en tales consideraciones, entendemos que los juicios a un subordinado por pocos casos y a dos jefes por un caso, se convierte en una suerte de burla al sentido común de los directos interesados y de toda la comunidad, que ve al Poder Judicial como una unidad de administración de justicia; y ninguna explicación formal de corte procedimental sería satisfactoria para la sensación de inseguridad personal, derivada de un indebido privilegio, que anida en cada ciudadano.

Hemos probado los secuestros, cautiverios, tormentos, asesinatos y desapariciones. Se ha vinculado a proceso a personas determinadas en razón de su probable autoría o participación.

Corresponde a los acusados que prueben que ellos no intervinieron, que acrediten la soltura de las víctimas para eludir la responsabilidad por las desapariciones.

Nuestro derecho interno no recepta la inversión de la carga de la prueba en los delitos ordinarios, atento la garantía de que gozan los imputados en virtud de nuestra Constitución Nacional.

Pero estamos frente a delitos extraordinarios, aquellos que repugnan a la conciencia universal y agravian a toda la familia humana, y que fueron cometidos mediante la usurpación del poder político (delito de rebelión), con una verdadera asociación ilícita que utilizó la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad para perpetrar sus crímenes, que tuvo duración en el tiempo mediante el terror a la población, a la acción sicológica engañosa, reduciendo al grupo que seleccionaron al aislamiento del resto de la sociedad al estar recluidos en CCD, lejos de ayuda legal o familiar, cuyas vidas dependían de un sí o un no de los peores criminales que registran los anales de la criminalidad en la Argentina.

Para estos delitos extraordinarios hay que extremar los recursos y resortes judiciales a fin de que se haga justicia de una vez por todas.

Consideramos, en definitiva, que corresponde aprovechar la fecha designada del 14 de agosto próximo para llevar a juicio y juzgar a la totalidad de sujetos que aparecen como responsables de los delitos de lesa humanidad cometido en el CCD "Vesubio", en el marco de un proceso que cuenta con una prueba imponente, y por todos los casos ocurridos hasta octubre de1978, que se atribuirán a cada procesado por el tiempo de su desempeño en su función. Este CCD está investigado y elevado a Juicio.

Hacemos saber a los señores jueces que nos dirigimos también a la Corte Suprema de Justicia para que por la vía idónea habilite otros tribunales para que en un corto tiempo se dinamicen los restantes juzgamientos, para evitar incursionar en privación de justicia.

Tal es la petición concreta de los suscriptos, la de una correcta unificación de los procedimientos en una misma audiencia, con beneficio para el más puntual y ordenado esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades de los individuos encausados.

Por último, y para cualquier aclaración eventual sobre el particular, pese a que coincidimos en reputar suficientemente claras las razones de tal petición, quedamos a disposición de los Sres. Jueces a tales fines.

Saludamos con la mayor consideración a VV. EE.

La Quinta Pata