Unos 300 empleados públicos se reunieron ayer en la explanada de la Casa de Gobierno y luego protestaron ruidosamente en el hall central del Palacio de Tribunales. Convocados por Sitea, reclamaron el pago de la antigüedad adeudada y rechazaron la intervención de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo desestimó los reclamos judiciales de los empleados.
Sitea recusó a los jueces Alejandro Pérez Hualde y Aída Kemelmajer -por considerarlos parte interesada en la definición de un tema como el de la antigüedad, que les atañe- y aún intenta que las causas vuelvan a recaer en conjueces, que se han mostrado más propensos a resolver favorablemente el reclamo. Tanto Pérez Hualde como Kemelmajer, rechazaron las recusaciones. Por tanto, Sitea impulsa la vía de un acuerdo extrajudicial con el Ejecutivo.
La dirigencia de los autoconvocados -que encabeza Víctor Dagfal- será recibida el jueves que viene por el ministro de Gobierno, Juan Marchena, quien ya confirmó la intención del gobierno de Celso Jaque de hacerse cargo de esa deuda que alcanza a unos 16 mil empleados públicos que desestimaron anteriores ofrecimientos y prefirieron la vía judicial para el reclamo.
Marchena ha solicitado un dictamen del fiscal de Estado, Pedro Sin, sobre el tema. En el Ejecutivo se descuenta que para poder comenzar a pagar estos montos, será necesaria una ley. "Es que estaremos destinando fondos públicos para pagar una deuda que el Estado podría evitar pagarla con sólo dejar avanzar las causas", dicen en la Casa de Gobierno.
Todo indica que, más tarde o más temprano, el tema pasará por la Legislatura y que en caso de definirse un calendario de pagos éste no será más "generoso" que el que ofreció el gobierno anterior de Julio Cobos, ni en importes ni en plazos. Esto significa que los pagos podrían darse en cuotas mensuales a lo largo de dos a tres años, condicionados a la marcha de la recaudación.
Redacción La Quinta Pata y Los Andes, 07 – 06 – 08
sábado, 7 de junio de 2008
Mendoza-Jun2008
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