A 33 años, las víctimas de la dictadura siguen esperando justicia

Las causas están estancadas mientras que los pedidos de juicio político contra tres camaristas se siguen acumulando.

Los años pasan, las injusticias no se olvidan y el dolor de muchos argentinos que perdieron un familiar (o varios) en la última dictadura militar sigue intacto. A 33 años de una de las mayores manchas en la historia del país, las causas en Mendoza no avanzan. Abogados de derechos humanos explican el porqué del estancamiento de cada una de ellas para poder encontrar responsables de esos actos y, además, se refieren al pedido de unificación de pruebas y a los antecedentes de los casos de San Luis y San Juan.

Cámara Federal
Los tres miembros de la Cámara Federal comenzaron a hacerse conocidos cuando el 23 de mayo del 2008 liberaron a todos los detenidos acusados de los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Romano Rivamar, los ex integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad Cardello, León y Mirota, a pesar del testimonio persistente de Carmelo Cirella Paredes, quien durante 20 años declaró en contra de ellos. En setiembre liberó al coronel Oscar Orlando Dopazo, jefe de Inteligencia del G2 en los 70 e imputado por violación a los derechos humanos, detenciones ilegales y torturas. En el mismo mes, con el voto positivo de Julio Petra y Carlos Pereyra González (Alfredo López Cuitiño votó en contra), la cámara también liberó al sargento del Ejército Osvaldo Benito Martel, sobre quien pesaban los delitos de tormentos agravados en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus (quien también fue detenido) y actual jueza de garantías de la Justicia sanjuanina. Ya en noviembre, otorgan la libertad de los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, el homicidio del escritor y periodista Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy. Como resultado de estos actos, Mendoza no tiene represores presos por la última dictadura militar.

Es decir que en todo el país las causas contra los represores avanzan y en Mendoza retroceden. La Cámara, en sus fundamentos, cita un plenario de la Cámara Nacional de Casación, en el cual negó la libertad al militar Díaz Bessone pero, a diferencia de la Nación, en Mendoza sí les dan la libertad a los militares y miembros de las fuerzas de seguridad.
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“Ha sido bastante lento el accionar de la Justicia federal en la investigación, sobre todo con la acumulación de las causas por operativo o centro clandestino, que facilita el tema de las pruebas, porque cuando acumulás causas que tienen detenidos o secuestrados que pasaron por el mismo lugar, acumulas responsabilidades y determinás en forma conjunta, por lo que utilizás las pruebas de una causa en otra, de modo tal que tengas mayores pruebas para llegar al juicio”, explicó la abogada del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Viviana Beigel.

La realidad determina que el problema más grave es la falta de impulso de las causas que se encuentran en investigación. Existen más de 80 causas desde hace más de cuatro años en la etapa de investigación, algunas sin imputados ni procesamientos. Esto hace que la mayor parte no esté en condiciones de elevarse a juicio. De las 120 causas que hay en trámite, sólo siete han sido elevadas al tribunal oral, es decir que tendrán juicio próximo, el que se espera para fin de año.

Asimismo, hay cuatro causas que están a punto de elevarse a juicio porque tienen requerimiento de producirse, pero la gran parte se encuentra en investigación.

“Las siete causas que están en el tribunal oral es casi seguro que se acumulen a fin de año y se realice el juicio para que tengamos condena”, indicó Beigel.

Hay 120 causas y sólo siete elevadas a juicio, no llegando ni a 10 por ciento de las que esperan justicia. El paso del tiempo jugó a favor de la impunidad, porque personas que eran testigos en algunas causas ya murieron, otras se han olvidado, ha habido pérdida de pruebas desde los años 80, como los registros del D-2, que permitían saber quiénes pasaron por ese centro clandestino de detención y dejaban constancia sobre qué persona había estado por ahí. Además, se podría haber conocido quiénes se desempeñaban allí como carceleros.

Desde el MEDH se han ofrecido organigramas que indican cómo funcionaba el D2 y quiénes cumplían qué funciones. Hay problemas con el ofrecimiento de pruebas porque se rechazan, hay muchas trabas en la instrucción, fundamentalmente de la parte de la defensa, porque a veces plantean infinitos recursos para dilatar el procedimiento, tienden a extender en el tiempo la investigación y, entonces, el juzgado de Instrucción no puede concretar y terminar las imputaciones y los procedimientos.

“En Córdoba unificaron causas y en Mendoza también, para agilizar, porque esas que se acumulan son personas que trabajaron en un mismo grupo político, en una misma época y secuestrados en un mismo operativo. Si analizás fechas, son seguidas las desapariciones, grupos que se persiguieron y que un mismo operativo hizo desaparecer. Tienen un mismo responsable, y eso permitiría la unificación de causas”, aseguró Beigel.

En falta
Es evidente que la deuda de la Justicia federal mendocina con los familiares de las víctimas no sólo se acrecienta, sino que llega a niveles insospechados cuando se producen todas estas injusticias, como dejar libres a los detenidos por la dictadura.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura son imprescriptibles y ofenden a la comunidad en su conjunto, por eso, el Gobierno de Mendoza se constituyó en querellante y fue admitido por el juez Bento. Luego, la Cámara Federal excluyó a la provincia de Mendoza, como ya lo había hecho con el hermano de Mauricio López (ex estudiante desaparecido) y con el hijo de Ángel Bustelo, Fidel. Por ello, la Cámara no solo liberó a todos los represores, sino que impidió constituirse como querellantes a los familiares cercanos y al Gobierno de Mendoza.

“A 33 años de la última dictadura militar ya tenemos la primera condena en Cuyo a prisión perpetua, en la Casa de Gobierno existe una placa que recuerda a nuestros compañeros, en la Comisaría Séptima funciona un organismo de derechos humanos y se descubrió una placa en honor al actor desaparecido Rubén Bravo y, más temprano que tarde, los asesinos, los torturadores tendrán que afrontar un juicio en Mendoza”, reflexionó Pablo Salinas, abogado de derechos humanos.

“Es muy grave el tema de la Cámara Federal de Apelaciones, que promueve la impunidad a través de resoluciones que les otorgan la excarcelación a todos los represores que estaban detenidos en Mendoza. Están todos libres y esto nos lleva a pedir el juicio político de muchos jefes de la Cámara Federal”, sostuvo Beigel.

“El MEDH ha pedido el juicio político a tres integrantes de la Cámara Federal de Mendoza, entre los que se encuentra Carlos Pereyra González, por haber liberado a todos los represores en Mendoza, ya sea por excarcelación o por falta de mérito, a lo que se ha agregado la compulsa solicitada por el Tribunal Oral de San Luis y la presentación del secretario de Derechos Humanos de la Nación promoviendo el juicio político de estos camaristas, ahora se debe esperar la resolución del Consejo de la Magistratura y seguir luchando para conseguir justicia para aquellos que fueron torturados y asesinados y sus familias destruidas por el terrorismo de Estado de las juntas militares”, indicó Salinas.

Los abogados defensores de derechos humanos plantean como expectativa “que haya resultados en el juicio político y que, dentro de la Justicia, se comience a designar a personas con voluntad política de realmente hacer justicia”.

Respecto a por qué la “lentitud” de la Justicia, manifestaron: “Principalmente, no se quiere determinar qué pasó y se quiere hacer una justicia mediocre que calle la boca a los organismos de derechos humanos y a los familiares de desaparecidos. Esa es la sensación que tenemos, de una justicia que no profundiza”.

El Sol, 24 – 03 – 09

La Quinta Pata