Uruguay: una ley que choca con la justicia

Fabián Kovacik,

La decisión de la Asamblea Legislativa de anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –tal el pomposo nombre pergeñado por su mentor Julio María Sanguinetti durante su presidencia de 1985-1990– no tendrá en lo inmediato efectos jurídicos palpables. Sin embargo, es un espaldarazo contundente para los familiares de las víctimas de la dictadura que ya lograron recolectar 220 mil firmas de las 254 mil necesarias para reclamar al Estado un plebiscito vinculante que disponga el juicio penal para los militares, policías y civiles acusados de violar los derechos humanos entre 1973 y 1985. La bancada del Frente Amplio votó en bloque con sus 69 legisladores, mientras que los blancos y colorados optaron por retirarse de la sala tras fundamentar su voto negativo. La Ley de Caducidad fue promovida en 1986 por el entonces presidente colorado Julio María Sanguinetti quien apeló al terror de volver a un golpe militar si no se aprobaba la norma que dejaba libres de culpa y cargo a los genocidas.

El miércoles pasado, el Parlamento decidió convocar a la sesión y considerar nula la ley a pedido de la Corte Suprema de Justicia que recibió un pedido de apelación por el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, secuestrada y asesinada el 26 de junio de 1974 por las fuerzas de seguridad de la dictadura instalada un año antes en el país. El pedido a la Corte fue formulado por la fiscal Martha Guianze quien entiende en el caso y reclamó la inconstitucionalidad de la Ley 15.848 –más conocida como Ley de Caducidad– a la Corte Suprema. Como el pedido no especificaba contra quien se accionaba para resolver la cuestión el tribunal supremo habilitó la consulta con los otros dos poderes estatales. El presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto de inconstitucionalidad de la ley para este caso puntual, el pasado martes 17 de febrero y ahora con el respaldo parlamentario será la Corte quien tenga la palabra definitiva para saber si irán a juicio los civiles y militares que participaron de este crímen. Si bien no existen plazos precisos se especula que los cinco miembros integrantes del tribunal se tomarán entre tres y cuatro meses para decidir y sentar un precedente legal a favor de un centenar de casos similares al de Sabalsagaray.

Firmas contra la ley
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Desde mayo de 2007 la Coordinadora Nacional por la anulación de la Ley de Caducidad, integrada entre otros por la central nacional sindical PIT CNT y organizaciones de derechos humanos, inició una campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución e impulsar un plebiscito vinculante sobre la norma de impunidad. El 30 de abril próximo vence el plazo para presentar las 254 mil firmas –diez por ciento del padrón electoral nacional uruguayo– que avalen la posibilidad de someter a plebiscito en todo el país la anulación de la ley. En caso de alcanzarse el número de firmas requerido la votación para anular la ley se llevará a cabo el mismo día de las elecciones presidenciales, el domingo 25 de octubre próximo. “Hasta ahora tenemos 220 mil firmas recolectadas en Uruguay, Argentina y en general en la diáspora de uruguayos por el mundo”, reconocieron en la Coordinadora.

De cara a las elecciones, los dos precandidatos presidenciales frenteamplistas José Mujica (MPP) y Danilo Astori (Asamblea Uruguay), se mostraron conformes con la decisión del Legislativo. Mujica, que tras su paso por el Ministerio de Agricultura y Ganadería retomó su banca en el Senado, hizo un giro en su postura a comienzos del gobierno del FA en 2005. Entonces era partidario de “respetar la ley a rajatabla” tal como lo había propuesta Tabaré Vázquez durante su campaña electoral. El escenario cambió y en agosto de 2008 el propio Mujica estampó su firma en reclamo de la anulación de la ley. Astori, por su parte admitió un acuerdo con el presidente Vázquez durante su mandato como ministro de Economía, para respetar la ley durante el período 2005-2010. “Ahora estoy libre de ese acuerdo y si llego ser presidente lucharé con todas mis fuerzas para anular la ley”, admitió tras la histórica votación parlamentaria del miércoles.

Sur, 28 – 02 – 09

La Quinta Pata