Javier Polvani
La red ambientalista considera que antes de licitar un nuevo sistema se debió analizar cómo afectaría la tecnología a utilizar. Solo se estimó el impacto en el terreno de la futura planta.
Para la red ambientalista Oikos la declaración de impacto ambiental que se hizo antes de licitar el sistema de transporte no cumple por completo las exigencias en esa materia para un emprendimiento de la importancia del que la provincia ya preadjudicó a la UTE TYSA-LAMCEF, del holding Pescarmona. Para la ONG solamente se estudió el impacto que tendría el enclavamiento de la planta pero se obvió el que producirá la tecnología prevista.
Además, desde Oikos consideraron que la provincia ha perdido una oportunidad de cotejar distintas tecnologías para seleccionar la mejor para aplicar en su ámbito. La Secretaría de Ambiente, ante la necesidad de concesionar un sistema integral para el abordaje de los residuos patológicos y patogénicos, decidió llamar a licitación sin establecer qué tecnología se adaptaba mejor a la provincia.
Así, las empresas con capacidad para prestar el servicio debieron presentarse con la tecnología que dominaban. En ese esquema, la UTE dominada por Pescarmona llegó en soledad a la apertura de sobres, ya que sus dos competidoras fueron descartadas por “errores formales” en la presentación.
Sin someterse a la comparación con otras tecnologías ni contar con un estudio detallado de impacto ambiental sobre la propia, TYSA-LAMCEF obtuvo la preadjudicación.
Eduardo Sosa, presidente de Oikos, consideró que por las deficiencias en las mediciones previas del impacto “podría tener visos de nulidad en la sesión de Diputados”. El ambientalista se refiere a la reunión plenaria de la Cámara Baja en la que obtuvo media sanción el decreto del gobernador Celso Jaque que adjudicó el sistema integral a la UTE de Pescarmona.
En el convenio firmado por el mandatario provincial hay constancia de la declaración de impacto ambiental realizada en el terreno ubicado en El Borbollón, en la zona donde ya se enclava el relleno sanitario de IMPSA, la nave insignia del grupo Pescarmona. No obstante, no se realizó un estudio completo incluyendo el transporte y la aplicación de la tecnología que ofrece la empresa.
Así lo analizó Oikos, aunque aún no definió presentarse en la Justicia porque “tenemos a los abogados que colaboran ad honórem recargados de trabajo y no estamos seguros de si seríamos aceptados por la Justicia como querellantes”, reconoció Sosa.
Al mismo tiempo analizó que sí podría presentarse cualquier involucrado del sistema con un recurso de amparo.
Los hospitales y clínicas privadas son los generadores, mientras que en la actualidad hay cinco empresas autorizadas a transportar residuos hospitalarios.
Según la interpretación legal de Oikos, cualquiera de éstos podría accionar judicialmente.
Diario Uno, 23 – 10 – 09
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