Los alcahuetes de los servicios

Roberto Vélez

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Ha sido publicada una nómina de personas que trabajaban para los servicios de inteligencia del ejército entre el 76 y el 83 en Mendoza.

Las prácticas de estos despreciables sujetos colaboradores de la dictadura militar, (pero no solo de ella), reconocen antecedentes desde siempre.

Teniendo 15 años, trabajaba en el entonces Hotel Sussex (Sarmiento 250).

Al poco tiempo de haberme incorporado, ingresó un adolescente dos años mayor, en tareas similares a las que yo realizaba. Era un vecino de mi barrio al que conocía: Pablito.

Mi padre, ducho en estos oficios de olfatear cosas raras, alertó: “ojo con este chico que es hijo de un funcionario penitenciario de alto nivel... y los policías son siempre policías”.

Para mis adentros pensé: “mi viejo siempre desconfiado”.

Dejé de trabajar en el hotel. Años después, saliendo de la Facultad - debo haber tenido alrededor de 20 - el ya joven Pablo cruzó la calle, se acercó y me dijo previo saludo:

“Cuando éramos compañeros en el hotel, trabajaba para los Servicios; y mi misión era vigilarte. Todos estos años he tenido cargo de conciencia y necesitaba decírtelo”.

Mi viejo, una vez más, había tenido razón.

En los períodos democráticos los servicios trabajan intensamente. Recopilan y clasifican información política. Particularmente de los "irrecuperables y subversivos" como yo.
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Siempre han existido este tipo de personajes que vigilan y se infiltran.

En lo que a mí respecta en el Martín Zapata. En la Universidad. En el Barrio. En la militancia.

Por eso nunca apareció mi prontuario; que reconoce antecedentes políticos desde los 9 años. Ni el de mi padre.

Pero vamos a la lista:
Raimondo, Miguel Pablo.
Está mencionado en mi libro, La represión de la dictadura en la Universidad Nacional de Cuyo, (1999) como integrante de la CNU: Concentración Nacional Universitaria. Prima hermana de las AAA y de la Juventud Sindical Peronista.
Con anterioridad al golpe, esta agrupación provocaba, agredía, patoteaba y reivindicaba al “crimen como método político.” Lo que denuncié en noviembre del año 1975, siendo Presidente del Centro de Estudiantes.
El susodicho militaba con Alfredo Fernández (también mencionado en el libro). Hijo de un suboficial fallecido, trabajaba para el Ejército en aquel período.

Pero hay otros “inteligentes” que aparecen en el listado.
Militando en el PSOL, observé actitudes extrañas en un militante del Barrio San Martín.
La presunción llego a sus oídos.
Inmediatamente lo invitamos a una reunión. Supuestamente afectado por mis dichos, posó de víctima.
Escuchamos su cantinela lacrimógena. Tomamos recaudos.
Al poco tiempo apareció en el MAS.
Se trata de Oscar Daniel Toledo.
Está en la nómina. Escoria a sueldo, complementa sus ingresos con el de peluquero.
Estos y muchos otros continúan con sus tareas.

Pagados por servicios de distintas fuerzas de seguridad y del Estado. Las que deben brindar a la opinión pública las listas de colaboradores civiles durante la dictadura. También la Marina y la Gendarmería.

El Gobernador Jaque debe exigirle a la Policía y a los Servicios de Inteligencia del Estado, los listados correspondientes. Y publicarlos.

La desaparición de López y las extrañas circunstancias que rodean el asesinato de Silvia Suppo, (testigo y querellante en Santa Fe) ponen en evidencia que la violación de los derechos humanos no es una cuestión del pasado.

Cada uno de los criminales, cómplices y encubridores deben ser condenados.
No hay que bajar los brazos.
Para que efectivamente nunca más.

*Testigo y querellante en causas de lesa humanidad-Justicia Federal


La Quinta Pata, 04 – 04 – 10

La Quinta Pata