Natalia Brite
Los integrantes de la Justicia Federal de Mendoza han sido largamente denunciados por diversas implicaciones con la última dictadura cívico-militar. Sus designaciones por parte del régimen de facto, haber hecho la vista gorda ante las torturas y violaciones en los centros clandestinos de detención, sus amiguismos con los represores y haber liberado a procesados por delitos de lesa humanidad, son algunas de las graves denuncias por las cuales la Justicia mendocina está en la mira de todo el país. No escapa de sus historias el ser benefactores de grupos económicos concentrados.
Algunos de esos magistrados son: Otilio Roque Romano, Alfredo Juan López Cuitiño, Julio Demetrio Petra, Olga Pura de Arrabal y Luis Francisco Miret.
Uno de los que dio el fallo de segunda instancia contra la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) es Romano. Él, junto a Miret, son los principales denunciados por abogados y organismos de derechos humanos, por ser cómplices de los represores en la última dictadura cívico-militar, y hasta por mantener buenos lazos de amistad con ellos.
Entre las acusaciones, se encuentra la del pasado 6 de abril, promovida por el gobierno provincial de Mendoza, para ser investigados por el Consejo de la Magistratura. También una denuncia penal a partir de la presentación ante la Fiscalía Especial de Delitos de Lesa Humanidad, hecha por los ex presos políticos mendocinos Fernando Rule y David Blanco.
Ellos mismos introdujeron anteriormente la primera denuncia ante el Consejo de la Magistratura en contra de los jueces. Ambos serán investigados por el fiscal federal de Derechos Humanos, Omar Palermo.
En síntesis, si la otra justicia, la democrática y condenatoria del terrorismo de Estado, actúa, Miret y Romano pueden enfrentar un juicio político y hasta quedar tras las rejas.
Podrían ser juzgados por “participación primaria en crímenes contra la humanidad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público, participación en torturas, apremios ilegales y en abuso sexual agravado”.
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Durante la última dictadura cívico-militar, Romano era fiscal y Miret era juez. Uno de los casos a partir de los cuales se los denunció fue el de la menor Luz Faingold Casenave, de 16 años, que fue detenida e incomunicada. En esa ocasión, Miret había ordenado la liberación y entrega a los padres, pero 30 minutos después no sólo revocó la decisión sino que no la envió al “lugar de alojamiento apropiado”. La consecuencia fue que la detenida quedó presa por 21 días en los calabozos policiales, donde fue torturada y violada. Hay detenidos que dieron testimonio de los gritos de la menor al ser ultrajada.
Otro caso es el de un ex detenido, de apellido Luna, quien en junio de 1976 estuvo en el centro clandestino D-2 (el Palacio Policial provincial). Éste denunció torturas ante el oficial de Justicia, quien sólo centró su interés en la actividad política del detenido. Una situación similar vivió una mujer de apellido Gómez, quien en su declaración denunció haber sido manoseada, quemada con cigarrillos y relató un intento de violación, pero el interés de los magistrados fue su militancia.
Un tercer caso que actúa como botón de muestra, es el de Prudencio Mocchi, detallado en la edición del diario Página 12 del 19 de abril de este año. Sintéticamente, este ex preso político, torturado y luego exiliado, recordó que “denunció las torturas que padeció” ante el entonces juez Miret.
Cuando Mocchi fue detenido, en un operativo conjunto del Ejército y las policías Federal y provincial, le dispararon en la pierna. Luego estuvo detenido dos semanas en el D-2, lugar en el cual no recibió atención médica; los torturadores le aplicaron la picana eléctrica y le introdujeron un hierro en la herida. Sus lesiones fueron constatadas por un médico policial. Pero cuando se presentó ante Miret, éste solo se limitó a “blanquear” la detención ilegal con una orden de arresto, acusando a Mocchi de asociación ilícita y portación de armas de guerra. En cuanto a las torturas, el juez se negó a dejar constancia. Mocchi expresó en entrevista con el periódico que, durante su detención, su “trato era con Miret. Lo conocía antes de ser detenido, era famoso en Mendoza. Miret se comportaba como un milico más. Tenía un lenguaje castrense. Es uno de miembros de la incubadora del golpe militar en Mendoza”.
Los detenidos en los centros clandestinos o en las comisarías eran sometidos a golpizas, picana y abusos. Luego se los obligaba a firmar una declaración sin poder leerla. Romano y Miret, dictaron prisiones preventivas sobre la base de esas declaraciones, y, pese a las constancias médicas, no denunciaron ni investigaron la situación.
La mayoría de los datos que emparentan a los jueces con la dictadura surgieron a mediados de 2009. Se encontraron cuando la Corte Suprema de Justicia envió un equipo de trabajo a digitalizar las causas del archivo de la justicia federal mendocina sobre violaciones a los derechos humanos.
En 1985 se realizó en Argentina el histórico Juicio a las Juntas Militares. El 10 de diciembre de ese año se conoció el fallo, que condenó a los máximos jerarcas del régimen genocida. El punto 30 del fallo dejó abierta la posibilidad de juzgar al resto de la cadena de mandos.
Fue en ese marco que se abrieron procesos judiciales en todo el país contra cientos de represores. Miret fue uno de los jueces de las causas en Mendoza y, en ese marco, se excusó cuando entró un proceso contra el general Juan Pablo Saá, tras admitir: “soy amigo del general”.
Más de 10 años después, cuando se llevaron adelante los denominaos “Juicios por la Verdad”, Miret no se excusó al momento de tomarle declaraciones a su amigo el represor.
Ernesto Espeche, actual director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo y por entonces militante de la agrupación HIJOS, presenció aquellas jornadas. “Más que un interrogatorio a los represores, lo que estábamos viendo era una serie de amables intercambios entre quienes se saben impunes”, dijo a APM.
Cabe destacar que aquellos juicios no persiguieron acciones punitivas porque aún estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, las que desde 1986 hasta su anulación, en 2003, aseguraron la impunidad de los represores militares y sus cómplices civiles.
En Mendoza se registraron más de 200 detenidos-desaparecidos y asesinados -antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976-. Actualmente no hay ningún represor detenido por esos crímenes porque los procesados fueron liberados por estos mismos camaristas. En esta provincia aún no ha comenzado ningún juicio.
Romano fue uno de los camaristas sostuvo la medida cautelar sobre le LSCA, reponiendo en su vigencia a la ley de radiodifusión de la dictadura. Antes de dar a conocer este fallo, Romano declaró que se sentía “amenazado por los organismos de derechos humanos”, porque, según él, lo “presionaron con denuncias en su contra para que falle a favor de la ley de servicios audiovisuales”. Pero, según explicó el periodista Horacio Verbitsky, fueron los magistrados quienes “intentaron negociar su posición” a cambio de que “no prosperara el juicio político por complicidad con los crímenes de lesa humanidad”. Lo cierto es que la presentación de los organismos de derechos humanos en el Consejo de la Magistratura fue el 22 de diciembre de 2009, y la apelación oficial al fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal ingresó a la cámara mendocina una semana después.
Romano y Miret intentaron negociar con el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón. Tras la negativa de éste, los jueces confirmaron la medida cautelar contra la LSCA, y se dedicaron a deslegitimar a los denunciantes. Dos de ellos, Diego Lavado y Pablo Salinas, fueron funcionarios de derechos humanos del gobierno de Celso Jaque. Dejaron sus funciones cuando el jaquismo decidió mantener el su cargo al jefe de policía, Carlos Rico Tejeiro. Rico fue uno de los policías denunciados de ejecutar las torturas que Romano y Miret encubrían.
Miret es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, en calidad de contratado tras su jubilación. El rector Arturo Somoza, días atrás, se comprometió a no renovarlo en sus funciones por estar relacionado con los represores. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, organizados en la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Ética, reclaman su inmediata remoción del cargo. Pero el 8 de abril, los miembros docentes del consejo directivo de esa unidad académica, se declararon “incompetentes para entender en la asunto”, por lo cual decidieron “no suspender” al cuestionado camarista.
Acto seguido, los alumnos se presentaron el 13 de abril en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y los recibió Luis Hipólito Alen, subsecretario de Promoción y Derechos Humanos. Allí explicaron el pedido de suspensión provisional de Miret, hasta tanto la justicia determine su situación procesal. El pedido estudiantil pasó a instancia del Consejo Superior y fue tratado el miércoles 21 en comisiones para llevar su discusión final a la asamblea plenaria del miércoles 28 de abril. El decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Juan Carlos Aguiló, comentó a APM el estado en que se encuentra el pedido, y adelantó que su votó será a favor de la moción de suspensión inmediata de Miret como docente.
En diciembre de 2008, la jueza Olga Pura de Arrabal tuvo un momento de fama. Fue endiosada por los medios concentrados y la oposición destituyente por reponer la ley de radiodifusión de la dictadura. Un diputado “peronista”, pero aliado al vicepresidente opositor y radical, pidió detener la ley de medios de la democracia en su juzgado, con la certeza del triunfo.
Arrabal es parte de las duramente cuestionadas cámaras federales de Mendoza. La jueza ha beneficiado, desde su cargo, al grupo económico concentrado que encabeza el conocido tándem Daniel Vila-José Luis Manzano (ex ministro de la administración de Carlos Menem).
Originarios de Mendoza, estos empresarios ostentan al Grupo UNO, segundo multimedios del país. Tienen en su poder, al menos, 26 radios, 12 canales de televisión, 6 diarios y sistemas pagos de TV. Además, obtienen grandes ganancias de emprendimientos inmobiliarios y acciones en una empresa mendocina que administra el servicio público de agua potable, privatizado durante la pasada década del 1990.
A finales de 2007, se inauguró en el Gran Mendoza una repetidora de Canal 7, la televisión pública, que hasta el momento se podía ver a través del servicio pago. Sólo unos meses después, la señal fue suependida a raíz de un recurso de amparo presentado por Estornel S.A. Esta empresa de televisión por cable del Grupo UNO, denunció ante la justicia que la señal pública y gratuita interfería con la de los canales que transmite el cable.
Arrabal tuvo vínculos con el multimedios, antes de ser jueza. Entre abril de 2004 y agosto de 2004, se desempeñó en la Fundación Postgrado de Congreso, la cual fue impulsora de la creación, en 1994, de la Universidad de Congreso (UC). Pero esta no es una casa de estudios superiores más, por fuera del ámbito público. Se trata de una institución que, al cumplir 10 años de historia, ya tenía en su haber denuncias de desfalcos económicos e inconsistencias académicas. La UC fue dirigida por mucho tiempo por los hombres más fuertes del empresariado local, la mayoría agrupados en el Consejo Empresario Mendocino (CEM).
Vicente Alfredo Romano, Enrique Pescarmona, Daniel Vila, Jacques Matas, Mario Groisman, Roberto Zaldívar, Orlando Terranova (socio de Macri en esta provincia) y José Luis Manzano son algunos de los nombres fuertes que pasaron por el Consejo administrativo de la UC. Vila y Manzano son nombres que sobresalen de esta lista ya que, cuando el CEM se retira de los designios de la UC, son estos dos empresarios los que sí continúan.
A tal punto se establece la relación entre el Grupo UNO y la UC, que, cuando la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) elevó un informe acerca de la situación de la universidad, uno de los puntos se refirió a la inestabilidad que significaba no tener edificio propio. Tras este episodio, la UC dio a conocer la siguiente información: “La situación de precariedad de uso del inmueble en que desarrolla sus actividades la Universidad de Congreso ha sido afrontada en 2003 a partir del compromiso de donación de un predio de 30.000 metros cuadrados por parte de la firma Dalvian SA a la Fundación Posgrado de Congreso por intermedio de su presidente, el señor Alfredo Luis Vila –ya fallecido.”
En diciembre de 2009, Olga Pura dictó una medida cautelar a partir de la cual dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
A partir de una denuncia presentada por el diputado nacional Enrique Thomas, la magistrada entendió que el Congreso habría incurrido en irregularidades reglamentarias al sancionar la norma.
Cuestionamientos al trámite legislativo que, lejos de ser judicializables, deben resolverse al interior del Congreso. Además, según lo aclaró en diversas oportunidades el prestigioso constitucionalista Eduardo Bacesat, el fallo de la jueza presenta una “incompetencia territorial, ya que la denuncia debe radicarse en el juzgado correspondiente al domicilio del demandado”.
Barcesat sostuvo que dar curso al pedido de Thomas “expresa favoritismos, acuerdos, que puede haber entre el reclamante y el tribunal que hace lugar a una petición que territorialmente no le compete”. El abogado relacionó esta imprudencia de Arrabal con su fallo de 2008 respecto de la señal de Canal 7 de Argentina y dijo que “debería someterse su conducta por mal desempeño al conocimiento del Consejo de la Magistratura”.
Enrique Thomas es un dirigente de origen peronista, no muy valorado por sus brillantez política. Estuvo a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con asiento en Mendoza. Durante su gestión protagonizó una grave polémica cuando ordenó tapar el mural “La cultura del trabajo”, que decoraba una de las paredes externas principales del edificio en el que funciona el INV. La pintura colectiva fue creación de 12 artistas plásticos locales, con Gastón Alfaro a la cabeza. El grupo de artistas llevó a la justicia esta decisión “censuradora” de la obra. Según un informe reciente publicado en la revista Veintitrés, “la jueza federal OIga Pura de Arrabal es quien, en 2004, recibió la acción de resarcimiento de los artistas del mural por el proceder del INV, la cual aún permanece sin dictamen”.
Tras su paso por la gestión, Thomas fue elegido diputado nacional en 2005 por la Concertación Plural, la misma que hizo que julio Cobos fuese el compañero de fórmula de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En las elecciones de junio de 2009, fue reelecto como diputado nacional por el Frente Cívico. Cuando el vicepresidente Cobos tomó la decisión de ser líder de la oposición –sin dejar su cargo en el Poder Ejecutivo- Thomas se convirtió en su aliado.
N.B
Con una no muy extensa carrera política, fue el elegido del ex presidente peronista, Néstor Kirchner, para acompañar a Cristina Fernández en la fórmula que ganó las elecciones presidenciales de 2007.
Hasta ese momento, Cobos encarnaba el proyecto de la “transversalidad”, que apuntaba a crear un movimiento plural, con diversas extracciones políticas en su interior, y que adhería al “proyecto nacional” que comenzó en 2003.
Sólo unos meses después de asumir como vicepresidente, Cleto comenzó a mostrar sus garras opositoras. En marzo de 2008, la presidenta decidió modificar el régimen de derechos de exportación del Estado nacional sobre la producción agropecuaria, más conocido como retenciones. Como era de esperarse, las patronales agrarias rentistas, nucleadas en cuatro agrupaciones que articulan a través de la denominada Mesa de Enlace, comenzaron una ofensiva destituyente.
A esa jugada se sumó la dirigencia política derechista, la acción de los conglomerados mediáticos concentrados y el propio Cobos. El 17 de julio de 2008 se trató en el Senado de la Nación la resolución 125 que establecía las modificaciones propuestas por el ejecutivo. La votación terminó empatada en 36 votos, por lo cual el honorable presidente de la Cámara de Senadores de la Nación –es decir, Cobos – debió desempatar la discusión. Su decisión no sorprendió ni a los más despistados: el vicepresidente de la Nación votó en contra de la propuesta elaborada por el gobierno del que él forma parte.
A su militancia pro-patronales del campo, Cobos agregó una cerrada conceptualización elogiosa para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Lo hizo mientras reafirmaba su postura opositora al criticar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Consideró que se aprobó bajo presión oficial y que deberá ser “revisada” en poco tiempo. Esto último sugirió casi una promesa “de campaña”, en caso de que él mismo lograse encarnar la restauración conservadora argentina en las elecciones de 2011.
En 2009, la SIP realizó su asamblea en Buenos Aires. Sus máximos dirigentes - entre los que se cuentan el secretario de redacción del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum y el principal directivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto – no ahorraron en críticas hacia la gestión de Cristina Fernández. Al mismo tiempo, agradecieron la presencia del vicepresidente en la conferencia principal de la entidad, quien tuvo expresiones de condescendencia y acuerdo con los grandes dueños de la comunicación en América.
En diciembre de 2009, Cristina Fernández anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual se creaba el “Fondo del Bicentenario”. El objetivo del mismo fue pagar vencimientos de la deuda externa con una porción menor de las reservas, que rondaban, hasta esa fecha, los 48 mil millones de dólares.
Varias fueron las idas y venidas en el tema, pero podemos resumir lo que siguió al anuncio presidencial. La medida fue inmediatamente judicializada por la oposición, al igual que la LSCA, pese a que respetó las normas dispuestas para dictar DNU. Los argumentos para este rechazo fueron una repentina preocupación de la derecha por preservar las reservas del Banco Central, y la “institucionalista” preocupación por resguardar a los argentinos de un gobierno que actúa por decreto.
Por su parte, el entonces presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, se rehusó a ejecutar el mandato del Ejecutivo. Alineó a la oposición en respaldo suyo, y el vicepresidente se pronunció a favor de la decisión del funcionario y de su continuidad en el organismo.
Ni la oposición, ni Redrado, ni Cobos estaban en contra de pagar la deuda. La estrategia era obligar al gobierno a cancelar los vencimientos con dineros del presupuesto 2010, que ya estaban dispuestos a otros fines. Es decir, obligar al ajuste en el gasto social, tal como lo marca la ortodoxia neoliberal.
Pese a que el DNU fue derogado el 1 de marzo por la presidenta, en el Congreso, la oposición insistió en tratarlo en la Bicameral encargada de esas medidas. Al igual que en el resto de las Comisiones, la oposición se otorgó la mayoría. El oficialismo denunció la irregular conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo, y el juez Enrique Lavié Pico ordenó que la Comisión vuelva a la composición igualitaria entre oficialistas y opositores.
Julio Cobos, entonces, decidió apelar este fallo. Pidió que la Justicia establezca que el conflicto es "no judiciable", y que, “en defensa de la división de poderes”, deje que se solucione en el Congreso. Esta postura fue rotundamente opuesta a la que solventó al legitimar la judicialización de la LSCA y el Fondo del Bicentenario.
En la trampa de “ajuste” a la que se pretende someter al oficialismo, intervino un nuevo elemento: la discusión por el denominado “impuesto al cheque”. Se trata de un ítem que genera cerca de 20 mil millones de pesos, de los cuales un porcentaje menor se destina a las provincias. La oposición propuso modificar el destino de los fondos recaudados por ese impuesto, aumentando la partida para los gobernadores y achicando la del Estado Nacional, con el mismo objetivo antes expuesto: ahogar al ejecutivo y llevarlo al recorte de gastos. Cristina Fernández de Kirchner propuso entonces eliminar el impuesto para 2011. Pero la oposición demostró que su preocupación no era lograr una reforma progresiva del sistema impositivo.
El presidente del Senado de la Nación, Julio Cobos, presidió la sesión en la cual se debatió el tema. Al tratarse de leyes sobre impuestos y designación de fondos, la Constitución Nacional estipula que se debe aprobar por la mitad más uno del total de la Cámara, es decir, 37 votos o más. Como la mayoría antikirchnerista no lograba obtener ese número, el mendocino al frente de la sesión aceptó argumentaciones falaces para dar por aprobada la modificación con solo 35 votos, mayoría simple. Una vez más, el abanderado de la institucionalidad incumplió sus deberes de funcionario público.
En las últimas acciones como jefe de la oposición, Cobos se ha acercado al empresario de medios –y férreo detractor antikirchnerista- Francisco De Narváez. Este es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano, dúo empresario que concentra el segundo multimedios del país, el Grupo UNO, y negocios en otros rubros. A su vez, De Narváez y Manzano –ex ministro de la década menemista – mantienen una estrecha amistad, lo que cerraría un pequeño círculo de alianzas derechistas con el vicepresidente.
Julio Cobos intenta sacarle provecho a los azares que jugaron en su favor. Así como repentinamente se convirtió en el segundo al mando en Argentina, su inescrupulosidad política lo lleva ahora a buscar ser el número uno.
APM, 23 – 04 – 10
Otro caso es el de un ex detenido, de apellido Luna, quien en junio de 1976 estuvo en el centro clandestino D-2 (el Palacio Policial provincial). Éste denunció torturas ante el oficial de Justicia, quien sólo centró su interés en la actividad política del detenido. Una situación similar vivió una mujer de apellido Gómez, quien en su declaración denunció haber sido manoseada, quemada con cigarrillos y relató un intento de violación, pero el interés de los magistrados fue su militancia.
Un tercer caso que actúa como botón de muestra, es el de Prudencio Mocchi, detallado en la edición del diario Página 12 del 19 de abril de este año. Sintéticamente, este ex preso político, torturado y luego exiliado, recordó que “denunció las torturas que padeció” ante el entonces juez Miret.
Cuando Mocchi fue detenido, en un operativo conjunto del Ejército y las policías Federal y provincial, le dispararon en la pierna. Luego estuvo detenido dos semanas en el D-2, lugar en el cual no recibió atención médica; los torturadores le aplicaron la picana eléctrica y le introdujeron un hierro en la herida. Sus lesiones fueron constatadas por un médico policial. Pero cuando se presentó ante Miret, éste solo se limitó a “blanquear” la detención ilegal con una orden de arresto, acusando a Mocchi de asociación ilícita y portación de armas de guerra. En cuanto a las torturas, el juez se negó a dejar constancia. Mocchi expresó en entrevista con el periódico que, durante su detención, su “trato era con Miret. Lo conocía antes de ser detenido, era famoso en Mendoza. Miret se comportaba como un milico más. Tenía un lenguaje castrense. Es uno de miembros de la incubadora del golpe militar en Mendoza”.
Los detenidos en los centros clandestinos o en las comisarías eran sometidos a golpizas, picana y abusos. Luego se los obligaba a firmar una declaración sin poder leerla. Romano y Miret, dictaron prisiones preventivas sobre la base de esas declaraciones, y, pese a las constancias médicas, no denunciaron ni investigaron la situación.
La mayoría de los datos que emparentan a los jueces con la dictadura surgieron a mediados de 2009. Se encontraron cuando la Corte Suprema de Justicia envió un equipo de trabajo a digitalizar las causas del archivo de la justicia federal mendocina sobre violaciones a los derechos humanos.
En 1985 se realizó en Argentina el histórico Juicio a las Juntas Militares. El 10 de diciembre de ese año se conoció el fallo, que condenó a los máximos jerarcas del régimen genocida. El punto 30 del fallo dejó abierta la posibilidad de juzgar al resto de la cadena de mandos.
Fue en ese marco que se abrieron procesos judiciales en todo el país contra cientos de represores. Miret fue uno de los jueces de las causas en Mendoza y, en ese marco, se excusó cuando entró un proceso contra el general Juan Pablo Saá, tras admitir: “soy amigo del general”.
Más de 10 años después, cuando se llevaron adelante los denominaos “Juicios por la Verdad”, Miret no se excusó al momento de tomarle declaraciones a su amigo el represor.
Ernesto Espeche, actual director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo y por entonces militante de la agrupación HIJOS, presenció aquellas jornadas. “Más que un interrogatorio a los represores, lo que estábamos viendo era una serie de amables intercambios entre quienes se saben impunes”, dijo a APM.
Cabe destacar que aquellos juicios no persiguieron acciones punitivas porque aún estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, las que desde 1986 hasta su anulación, en 2003, aseguraron la impunidad de los represores militares y sus cómplices civiles.
En Mendoza se registraron más de 200 detenidos-desaparecidos y asesinados -antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976-. Actualmente no hay ningún represor detenido por esos crímenes porque los procesados fueron liberados por estos mismos camaristas. En esta provincia aún no ha comenzado ningún juicio.
Romano fue uno de los camaristas sostuvo la medida cautelar sobre le LSCA, reponiendo en su vigencia a la ley de radiodifusión de la dictadura. Antes de dar a conocer este fallo, Romano declaró que se sentía “amenazado por los organismos de derechos humanos”, porque, según él, lo “presionaron con denuncias en su contra para que falle a favor de la ley de servicios audiovisuales”. Pero, según explicó el periodista Horacio Verbitsky, fueron los magistrados quienes “intentaron negociar su posición” a cambio de que “no prosperara el juicio político por complicidad con los crímenes de lesa humanidad”. Lo cierto es que la presentación de los organismos de derechos humanos en el Consejo de la Magistratura fue el 22 de diciembre de 2009, y la apelación oficial al fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal ingresó a la cámara mendocina una semana después.
Romano y Miret intentaron negociar con el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón. Tras la negativa de éste, los jueces confirmaron la medida cautelar contra la LSCA, y se dedicaron a deslegitimar a los denunciantes. Dos de ellos, Diego Lavado y Pablo Salinas, fueron funcionarios de derechos humanos del gobierno de Celso Jaque. Dejaron sus funciones cuando el jaquismo decidió mantener el su cargo al jefe de policía, Carlos Rico Tejeiro. Rico fue uno de los policías denunciados de ejecutar las torturas que Romano y Miret encubrían.
Miret es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, en calidad de contratado tras su jubilación. El rector Arturo Somoza, días atrás, se comprometió a no renovarlo en sus funciones por estar relacionado con los represores. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, organizados en la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Ética, reclaman su inmediata remoción del cargo. Pero el 8 de abril, los miembros docentes del consejo directivo de esa unidad académica, se declararon “incompetentes para entender en la asunto”, por lo cual decidieron “no suspender” al cuestionado camarista.
Acto seguido, los alumnos se presentaron el 13 de abril en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y los recibió Luis Hipólito Alen, subsecretario de Promoción y Derechos Humanos. Allí explicaron el pedido de suspensión provisional de Miret, hasta tanto la justicia determine su situación procesal. El pedido estudiantil pasó a instancia del Consejo Superior y fue tratado el miércoles 21 en comisiones para llevar su discusión final a la asamblea plenaria del miércoles 28 de abril. El decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Juan Carlos Aguiló, comentó a APM el estado en que se encuentra el pedido, y adelantó que su votó será a favor de la moción de suspensión inmediata de Miret como docente.
En diciembre de 2008, la jueza Olga Pura de Arrabal tuvo un momento de fama. Fue endiosada por los medios concentrados y la oposición destituyente por reponer la ley de radiodifusión de la dictadura. Un diputado “peronista”, pero aliado al vicepresidente opositor y radical, pidió detener la ley de medios de la democracia en su juzgado, con la certeza del triunfo.
Arrabal es parte de las duramente cuestionadas cámaras federales de Mendoza. La jueza ha beneficiado, desde su cargo, al grupo económico concentrado que encabeza el conocido tándem Daniel Vila-José Luis Manzano (ex ministro de la administración de Carlos Menem).
Originarios de Mendoza, estos empresarios ostentan al Grupo UNO, segundo multimedios del país. Tienen en su poder, al menos, 26 radios, 12 canales de televisión, 6 diarios y sistemas pagos de TV. Además, obtienen grandes ganancias de emprendimientos inmobiliarios y acciones en una empresa mendocina que administra el servicio público de agua potable, privatizado durante la pasada década del 1990.
A finales de 2007, se inauguró en el Gran Mendoza una repetidora de Canal 7, la televisión pública, que hasta el momento se podía ver a través del servicio pago. Sólo unos meses después, la señal fue suependida a raíz de un recurso de amparo presentado por Estornel S.A. Esta empresa de televisión por cable del Grupo UNO, denunció ante la justicia que la señal pública y gratuita interfería con la de los canales que transmite el cable.
Arrabal tuvo vínculos con el multimedios, antes de ser jueza. Entre abril de 2004 y agosto de 2004, se desempeñó en la Fundación Postgrado de Congreso, la cual fue impulsora de la creación, en 1994, de la Universidad de Congreso (UC). Pero esta no es una casa de estudios superiores más, por fuera del ámbito público. Se trata de una institución que, al cumplir 10 años de historia, ya tenía en su haber denuncias de desfalcos económicos e inconsistencias académicas. La UC fue dirigida por mucho tiempo por los hombres más fuertes del empresariado local, la mayoría agrupados en el Consejo Empresario Mendocino (CEM).
Vicente Alfredo Romano, Enrique Pescarmona, Daniel Vila, Jacques Matas, Mario Groisman, Roberto Zaldívar, Orlando Terranova (socio de Macri en esta provincia) y José Luis Manzano son algunos de los nombres fuertes que pasaron por el Consejo administrativo de la UC. Vila y Manzano son nombres que sobresalen de esta lista ya que, cuando el CEM se retira de los designios de la UC, son estos dos empresarios los que sí continúan.
A tal punto se establece la relación entre el Grupo UNO y la UC, que, cuando la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) elevó un informe acerca de la situación de la universidad, uno de los puntos se refirió a la inestabilidad que significaba no tener edificio propio. Tras este episodio, la UC dio a conocer la siguiente información: “La situación de precariedad de uso del inmueble en que desarrolla sus actividades la Universidad de Congreso ha sido afrontada en 2003 a partir del compromiso de donación de un predio de 30.000 metros cuadrados por parte de la firma Dalvian SA a la Fundación Posgrado de Congreso por intermedio de su presidente, el señor Alfredo Luis Vila –ya fallecido.”
En diciembre de 2009, Olga Pura dictó una medida cautelar a partir de la cual dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
A partir de una denuncia presentada por el diputado nacional Enrique Thomas, la magistrada entendió que el Congreso habría incurrido en irregularidades reglamentarias al sancionar la norma.
Cuestionamientos al trámite legislativo que, lejos de ser judicializables, deben resolverse al interior del Congreso. Además, según lo aclaró en diversas oportunidades el prestigioso constitucionalista Eduardo Bacesat, el fallo de la jueza presenta una “incompetencia territorial, ya que la denuncia debe radicarse en el juzgado correspondiente al domicilio del demandado”.
Barcesat sostuvo que dar curso al pedido de Thomas “expresa favoritismos, acuerdos, que puede haber entre el reclamante y el tribunal que hace lugar a una petición que territorialmente no le compete”. El abogado relacionó esta imprudencia de Arrabal con su fallo de 2008 respecto de la señal de Canal 7 de Argentina y dijo que “debería someterse su conducta por mal desempeño al conocimiento del Consejo de la Magistratura”.
Enrique Thomas es un dirigente de origen peronista, no muy valorado por sus brillantez política. Estuvo a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con asiento en Mendoza. Durante su gestión protagonizó una grave polémica cuando ordenó tapar el mural “La cultura del trabajo”, que decoraba una de las paredes externas principales del edificio en el que funciona el INV. La pintura colectiva fue creación de 12 artistas plásticos locales, con Gastón Alfaro a la cabeza. El grupo de artistas llevó a la justicia esta decisión “censuradora” de la obra. Según un informe reciente publicado en la revista Veintitrés, “la jueza federal OIga Pura de Arrabal es quien, en 2004, recibió la acción de resarcimiento de los artistas del mural por el proceder del INV, la cual aún permanece sin dictamen”.
Tras su paso por la gestión, Thomas fue elegido diputado nacional en 2005 por la Concertación Plural, la misma que hizo que julio Cobos fuese el compañero de fórmula de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En las elecciones de junio de 2009, fue reelecto como diputado nacional por el Frente Cívico. Cuando el vicepresidente Cobos tomó la decisión de ser líder de la oposición –sin dejar su cargo en el Poder Ejecutivo- Thomas se convirtió en su aliado.
Tonada para una infamia (II). El vicepresidente… de la usurpación
N.B
Julio César Cleto Cobos, militante de la Unión Cívica Radical, es el vicepresidente de Argentina. Antes fue funcionario de la Municipalidad de Mendoza, Decano de la Universidad Tecnológica Nacional, ministro de Obras Públicas de la provincia y gobernador.
Con una no muy extensa carrera política, fue el elegido del ex presidente peronista, Néstor Kirchner, para acompañar a Cristina Fernández en la fórmula que ganó las elecciones presidenciales de 2007.
Hasta ese momento, Cobos encarnaba el proyecto de la “transversalidad”, que apuntaba a crear un movimiento plural, con diversas extracciones políticas en su interior, y que adhería al “proyecto nacional” que comenzó en 2003.
Sólo unos meses después de asumir como vicepresidente, Cleto comenzó a mostrar sus garras opositoras. En marzo de 2008, la presidenta decidió modificar el régimen de derechos de exportación del Estado nacional sobre la producción agropecuaria, más conocido como retenciones. Como era de esperarse, las patronales agrarias rentistas, nucleadas en cuatro agrupaciones que articulan a través de la denominada Mesa de Enlace, comenzaron una ofensiva destituyente.
A esa jugada se sumó la dirigencia política derechista, la acción de los conglomerados mediáticos concentrados y el propio Cobos. El 17 de julio de 2008 se trató en el Senado de la Nación la resolución 125 que establecía las modificaciones propuestas por el ejecutivo. La votación terminó empatada en 36 votos, por lo cual el honorable presidente de la Cámara de Senadores de la Nación –es decir, Cobos – debió desempatar la discusión. Su decisión no sorprendió ni a los más despistados: el vicepresidente de la Nación votó en contra de la propuesta elaborada por el gobierno del que él forma parte.
A su militancia pro-patronales del campo, Cobos agregó una cerrada conceptualización elogiosa para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Lo hizo mientras reafirmaba su postura opositora al criticar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Consideró que se aprobó bajo presión oficial y que deberá ser “revisada” en poco tiempo. Esto último sugirió casi una promesa “de campaña”, en caso de que él mismo lograse encarnar la restauración conservadora argentina en las elecciones de 2011.
En 2009, la SIP realizó su asamblea en Buenos Aires. Sus máximos dirigentes - entre los que se cuentan el secretario de redacción del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum y el principal directivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto – no ahorraron en críticas hacia la gestión de Cristina Fernández. Al mismo tiempo, agradecieron la presencia del vicepresidente en la conferencia principal de la entidad, quien tuvo expresiones de condescendencia y acuerdo con los grandes dueños de la comunicación en América.
En diciembre de 2009, Cristina Fernández anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual se creaba el “Fondo del Bicentenario”. El objetivo del mismo fue pagar vencimientos de la deuda externa con una porción menor de las reservas, que rondaban, hasta esa fecha, los 48 mil millones de dólares.
Varias fueron las idas y venidas en el tema, pero podemos resumir lo que siguió al anuncio presidencial. La medida fue inmediatamente judicializada por la oposición, al igual que la LSCA, pese a que respetó las normas dispuestas para dictar DNU. Los argumentos para este rechazo fueron una repentina preocupación de la derecha por preservar las reservas del Banco Central, y la “institucionalista” preocupación por resguardar a los argentinos de un gobierno que actúa por decreto.
Por su parte, el entonces presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, se rehusó a ejecutar el mandato del Ejecutivo. Alineó a la oposición en respaldo suyo, y el vicepresidente se pronunció a favor de la decisión del funcionario y de su continuidad en el organismo.
Ni la oposición, ni Redrado, ni Cobos estaban en contra de pagar la deuda. La estrategia era obligar al gobierno a cancelar los vencimientos con dineros del presupuesto 2010, que ya estaban dispuestos a otros fines. Es decir, obligar al ajuste en el gasto social, tal como lo marca la ortodoxia neoliberal.
Pese a que el DNU fue derogado el 1 de marzo por la presidenta, en el Congreso, la oposición insistió en tratarlo en la Bicameral encargada de esas medidas. Al igual que en el resto de las Comisiones, la oposición se otorgó la mayoría. El oficialismo denunció la irregular conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo, y el juez Enrique Lavié Pico ordenó que la Comisión vuelva a la composición igualitaria entre oficialistas y opositores.
Julio Cobos, entonces, decidió apelar este fallo. Pidió que la Justicia establezca que el conflicto es "no judiciable", y que, “en defensa de la división de poderes”, deje que se solucione en el Congreso. Esta postura fue rotundamente opuesta a la que solventó al legitimar la judicialización de la LSCA y el Fondo del Bicentenario.
En la trampa de “ajuste” a la que se pretende someter al oficialismo, intervino un nuevo elemento: la discusión por el denominado “impuesto al cheque”. Se trata de un ítem que genera cerca de 20 mil millones de pesos, de los cuales un porcentaje menor se destina a las provincias. La oposición propuso modificar el destino de los fondos recaudados por ese impuesto, aumentando la partida para los gobernadores y achicando la del Estado Nacional, con el mismo objetivo antes expuesto: ahogar al ejecutivo y llevarlo al recorte de gastos. Cristina Fernández de Kirchner propuso entonces eliminar el impuesto para 2011. Pero la oposición demostró que su preocupación no era lograr una reforma progresiva del sistema impositivo.
El presidente del Senado de la Nación, Julio Cobos, presidió la sesión en la cual se debatió el tema. Al tratarse de leyes sobre impuestos y designación de fondos, la Constitución Nacional estipula que se debe aprobar por la mitad más uno del total de la Cámara, es decir, 37 votos o más. Como la mayoría antikirchnerista no lograba obtener ese número, el mendocino al frente de la sesión aceptó argumentaciones falaces para dar por aprobada la modificación con solo 35 votos, mayoría simple. Una vez más, el abanderado de la institucionalidad incumplió sus deberes de funcionario público.
En las últimas acciones como jefe de la oposición, Cobos se ha acercado al empresario de medios –y férreo detractor antikirchnerista- Francisco De Narváez. Este es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano, dúo empresario que concentra el segundo multimedios del país, el Grupo UNO, y negocios en otros rubros. A su vez, De Narváez y Manzano –ex ministro de la década menemista – mantienen una estrecha amistad, lo que cerraría un pequeño círculo de alianzas derechistas con el vicepresidente.
Julio Cobos intenta sacarle provecho a los azares que jugaron en su favor. Así como repentinamente se convirtió en el segundo al mando en Argentina, su inescrupulosidad política lo lleva ahora a buscar ser el número uno.
APM, 23 – 04 – 10
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