Roberto Vélez
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El gobernador Pérez debe dejar de hacer “la plancha” frente a graves hechos contra la democracia.
El gobierno debiera dejar de transformar en enemigos a los opositores y actuar con energía contra los verdaderos desestabilizadores.
Volantes contra jueces, fiscales y abogados. Carteles amenazantes en el interior de negocios. Intimidaciones telefónicas. Destrucción de monumentos. Robo de documentación del área de la fiscalía. Pintadas.
Y ahora intimidación a periodistas. Algunos de los cuales han aportado valientemente, para que la osamenta de algunos torturadores, esté entre rejas.
Los miserables, escondidos en las sombras y en el anonimato no cesan en su accionar. Están en la etapa de acción sicológica.
Y el Gobierno no habla. Poco o nada hace. No hay señales que indiquen mucha preocupación. Aunque suponemos que alguna investigación administrativa ha realizado. Muchos son los hechos denostables y ninguna información indica accionar público efectivo para contrarrestar el plan que se implementa. Debiera informar que elementos han recogido las cámaras de seguridad que han captado más de una escena. No basta que algún intendente diga desde bravuconadas sin consecuencias, “nos constituiremos en querellantes”.
▼ Leer todoHacen falta medidas inmediatas y resultados inmediatos. No se puede esperar largos procesos que no llegan a nada.
Y además debiera dar algunas señales.
¿Qué hace Burlot, el militante de extrema derecha de la UTN y ex cónsul de Francia (amigo del oficial del ejército condenado a cadena perpetua Guevara; con el que tomaba champagne en actividades sociales-ver foto) como funcionario de la gobernación? ¿Quién lo propuso?
¿Investigó el gobierno la xenofobia vergonzosa presente en la formación de oficiales de la policía?
¿Investiga el gobierno los atropellos en comisarías y cárceles que soportan a diario civiles y en particular jóvenes por portación de rostro? ¿Y cuáles han sido los resultados?
Episodios preocupantes se suceden y no nada pasa.
El gobernador debiera saber que no basta con hacer gárgaras con los derechos humanos, ni con catarsis ni con actos.
El gobierno debe garantizar la seguridad pública hoy. Y estos hechos protagonizados por los mismos que en esta provincia se levantaron contra un gobernador y por los mismos que pusieron bombas en un jardín maternal, debe cesar. Se impone identificar a los responsables, procesarlos y condenarlos.
Estos son los desestabilizadores. Estos especímenes son los que atentan contra la democracia y contra las libertades.
Estamos frente a un grupo operativo integrado por uniformados y civiles, (nostálgicos de la dictadura) emparentado con el genocidio, que actúa con logística propia y con alguna vinculación en el estado.
Hoy amenazan a un joven periodista que ha recordado vivencias a las que relaciona con represores a propósito de Rico.
Amenazan para acallar.
No es este un problema solo de los organismos de derechos humanos.
Se impone la movilización amplia de la ciudadanía democrática, el pronunciamiento de las distintas expresiones sociales y políticas de la provincia y poner en movimiento toda la fuerza investigativa del estado para esclarecer estos hechos.
Y que el gobernador, los Intendentes, la Legislatura y los Concejos Deliberantes se pronuncien al respecto.
No hay margen para seguir tolerando impunidad frente a los nostálgicos de la dictadura y sus prácticas. Enojados por algunas condenas y sabedores que se vienen otros procesos que analizarán la actuación de otros uniformados y civiles, actúan.
* FORJA
La Quinta Pata
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