Évelin Torre
El pasado viernes, la justicia mendocina condenó con pena de prisión perpetua al policía Walter García, por la muerte de Franco Díaz y las lesiones que sufrió Johana Flores, y de esta manera se sumó otro triste caso de “gatillo fácil” a la lista provincial.
Recordemos que en la noche del 5 de mayo de 2012, Franco se encontraba junto a un grupo de amigos en una casa del departamento de Godoy Cruz, cuando llegaron al lugar miembros de la Policía alertados por vecinos que habían presentado quejas por la música alta que provenía de la vivienda.
Los jóvenes, molestos por la irrupción policial, comenzaron a arrojar elementos contra los uniformados, quienes desmesuradamente respondieron con balas de plomo, desconociendo así lo impuesto por la ley orgánica 6722 que expresamente señala el uso de armas de fuego como último recurso y sólo en situaciones en las que existiere peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas.
No obstante, desde el interior del móvil, García no dudó en disparar el proyectil que le quitó la vida a Franco –ingresó por su mentón y salió por su nuca– y luego impactó en el maxilar de Johana.
Finalmente, el tribunal en forma unánime hizo lugar al pedido de la fiscal subrogante Claudia Ríos, condenando a Walter García Lenis a prisión perpetua e inhabilitación de por vida.
Ahora, García deberá cumplir su condena en la Penitenciaria Provincial, pues fue revocada la prisión domiciliaria con la que había sido beneficiado hasta ahora.
Cabe destacar que la justicia también ordenó que se investigue a Francisco Verna, el subcomisario que estuvo a cargo del operativo de esa madrugada, para que la Inspección General de Seguridad evalúe su proceder.
Sin dudas, se trata de un fallo histórico teniendo en cuenta la larga historia que tiene la provincia de Mendoza en lo que se refiere a violencia policial, en su mayoría signada por la impunidad.
La violencia policial e institucional en Mendoza
El de Franco Díaz no es un caso aislado, sino que se inserta dentro de una problemática que preocupa cada vez más, como es la violencia policial e institucional.
Según datos de la CORREPI (Coordinadora Contra la Violencia Policial e Institucional) Mendoza ocupa el cuarto puesto a nivel nacional, con un índice de 104,662 de muertes cada millón de habitantes. A la cabeza están Santa Fe (145,561), Tierra del Fuego (134,717) y Buenos Aires (112,575).
Otro dato a destacar, es que la gran mayoría de víctimas no supera los 25 años de edad y pertenecen a la clase media, media baja y baja.
Se advierte también que la mayor parte de las muertes corresponden al accionar de la policía provincial, seguida por los servicios penitenciarios y luego, por la policía federal.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la interpretación literal de la expresión “gatillo fácil” suele confundir al común de las personas, haciendo creer que se engloba bajo este término sólo las muertes provocadas por armas de fuego, cuando en realidad no es así pues, la expresión comprende a toda muerte o daño grave provocado por un uniformado en forma ilegal, se utilice en el mismo armas de fuego o no.
Lo cierto es que la violencia policial e institucional es una muestra más de la barbarie en la que están inmersas las fuerzas de seguridad en nuestro país, en las que aún existen resabios de la última dictadura militar, no sólo en cuanto a los métodos sino también en lo que se refiere al personal pues, aún albergan impunemente a muchos de quienes actuaron en la época más nefasta de nuestra historia.
Por eso, es importante reclamar los cambios en el accionar de las fuerzas de seguridad, que pongan fin a estos violentos hechos de los que nadie está exento.
1 comentario :
bien por la justicia esa es la forma q se hace justicia asi deveria ser con todos los casos d gatillo facil por ejemplo el de nuestro hijo ¡¡ezequiel torres ¡¡ q lo asesino un policia .ellos creen q por tener un uniforme y un arma son dueños de la vida de los demas.ojala la justicia proseda de la misma forma en le caso de nuestro hijo .
Publicar un comentario