Basta de represión – Destitución de los miembros del Ministerio de Seguridad involucrados en la última dictadura militar
Manifestación para entregar documento – Martes 19 de febrero, 11 horas – Legislatura
En los últimos meses se vienen produciendo distintos hechos de represión a la protesta social que deben alertar a la comunidad democrática de la provincia y del país.
Leer todo el artículo - Cerrar • A fines del año pasado se produjo la brutal represión a los trabajadores rurales de Campo Grande ordenada por el fiscal Ginner; estos obreros lo único que exigían era terminar con el trabajo en negro y las cooperativas truchas y hasta el día de hoy no tienen respuesta. Siete de ellos continúan procesados.
• Se destapó el trabajo de inteligencia realizado por la policía a las organizaciones sociales, a través de un informe que revela el trabajo de espionaje sobre las actividades del Polo Obrero y los manifestantes que en las jornadas del 11 y 20 de diciembre se movilizaron por sus reivindicaciones más urgentes, y el seguimiento a los reclamos de los trabajadores de la ex cooperativa TAC y de Campo Grande.
• Dos estudiantes universitarias, pertenecientes a la Corriente Estudiantil Popular y Antiimperialista (CEPA), han recibido distintas amenazas políticas a través de llamadas telefónicas y de agresiones con armas blancas.
• Continúan los amedrentamientos al movimiento contra la minería contaminante, que tiene como antecedente las prohibiciones a organizarse y realizar asambleas que se decretaron en Malargüe y San Juan.
• Se han intensificado las razzias en los barrios más pobres, como la denunciada en el barrio La Gloria la noche del 5 de enero y se ha intensificado la represión y el desalojo a los vendedores ambulantes. También se detuvo arbitrariamente al padre de Oros (joven asesinado por la policía en el Barrio San Martín), por reclamar contra la impunidad.
A nivel nacional esta criminalización de la protesta social se expresa en la represión a los trabajadores del Casino de Buenos Aires, de los asambleístas de Gualeguaychú y de los atentados contra las organizaciones populares, como el ataque por nueve personas armadas al local del MST de Neuquén y tiene como antecedentes el asesinato del docente neuquino Fuentealba y la desaparición de Jorge Julio López. Todo esto se produce en el marco de la aprobación de la Ley Antiterrorista, exigida por Estados Unidos que habilita la represión, el espionaje y la tortura a toda persona u organización que el gobierno tilde de terrorista.
En el plano provincial, con la designación de Aguinaga y Rico al frente del Ministerio de Seguridad y la aprobación de la Ley de Emergencia, se ha intensificado la política represiva que lejos de combatir la inseguridad, la ha profundizado. Varios miembros del nuevo Ministerio, como Rico o Gómez, han participado de la nefasta represión realizada por la última dictadura, como miembros de grupos de tareas, en campos clandestinos de detención, y continúan reivindicando el terrorismo de Estado.
Estos sectores, junto a viejos exponentes de la mafia policial, han tomado el control de las fuerzas de seguridad en la provincia, garantizando más impunidad para los vínculos policiales con el delito, el gatillo fácil, y los abusos contra la población.
Queda claro que los cambios en la política de seguridad no disminuirán la inseguridad, sin desarticular las vinculaciones de la mafia policial con las bandas delictivas, que continúan intactas. Por el contrario, con la introducción de personas que cometieron el mayor genocidio conocido por el país, el único objetivo de estos cambios es profundizar la represión a los reclamos y protestas populares para poder implementar un a política que favorezca a los grandes grupos económicos, a través de salarios de hambre, flexibilización laboral y presupuestos de pobreza para salud y educación.
Las organizaciones abajo firmantes repudiamos la política represiva y exigimos:
- La renuncia del Ministro de Seguridad Juan Carlos Aguinaga: y de los jefes policiales involucrados en el espionaje, y la disolución de la Dirección de Inteligencia Criminal y de todos los organismos involucrados en la persecución y represión a las organizaciones populares.
- Basta de persecuciones a los testigos de los juicios contra los genocidas. : Apertura de los archivos de la represión.
- La separación e investigación del accionar del fiscal Ginner:, responsable de la represión a los trabajadores del ajo de Campo Grande y desprocesamiento de los siete compañeros.
- Hacemos responsable a los gobiernos provincial y nacional de la seguridad de cualquier persona perteneciente a las organizaciones populares y democráticas.
Firman:
Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Foro Social Mendoza, Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza, Centro de Estudiantes de la Escuela Normal, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, ATE, CTA, Sindicato de Judiciales, Federación Argentina de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo, Sindicato Argentino de Televisión, Corriente Clasista y Combativa, Asamblea Popular por el Agua, Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, INKA, Movimiento Socialista de los Trabajadores, PCR – JCR (Partido y Juventud Comunista Revolucionaria), Partido Obrero, Polo Obrero, Partido Comunista, Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Proyecto Sur, Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados, Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S.
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