Organizaciones sociales locales y nacionales lo acusan de asociación ilícita en el marco del terrorismo de Estado.
El subsecretario de Seguridad de la provincia Carlos Rico no está pasando por uno de sus mejores momentos. Legisladores, referentes sociales y organizaciones de la sociedad civil locales y nacionales pidieron la renuncia del comisario retirado por su participación en la policía durante la última dictadura. Pero además el Movimiento por los Derechos Humanos (MEDH) denunciará hoy a Rico ante la Justicia Federal porque creen que fue parte de una asociación ilícita, en el marco del terrorismo de Estado.
Leer todo el artículo - CerrarLa presión para el gobierno de Jaque llega desde todos lados. El lunes, aprovechando la visita oficial, los familiares de desaparecidos le entregarán en mano a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los antecedentes y denuncias que pesan sobre Rico y al menos otros 4 funcionarios de alto rango del Ministerio de seguridad.
Pero Cristina ya estará informada sobre el caso. Es que ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones más influyentes en el entorno presidencial, le envió una carta al ministro de Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández con los antecedentes de Rico solicitándole que intervenga para separar al policía de su cargo. Según el CELS no es compatible que un comisario formado en la dictadura sea funcionario de seguridad en un periodo democrático.
La intención de ese organismo es, además, que Aníbal Fernández investigue e informe sobre cómo funcionó y quiénes participaron del Centro de Instrucción Contrasubversivo (CIC) de la Policía Federal. Allí fueron capacitados Rico, Vicente Chacón, Pedro Chacón, Aníbal Gómez y Raúl Vega. El pedido llegó ayer por la tarde al fax de la Casa de Gobierno.
Los Andes intentó saber la opinión de la Cúpula del Ministerio de Seguridad sobre el tema, pero no hubo respuesta. Quien sí respaldó a Rico fue el ministro de Gobierno Juan Marchena, quien dijo que sostendrán al funcionario hasta que la Justicia compruebe algún delito. “Si hay alguna denuncia, que investigue la Justicia. Nosotros institucionalizamos y jerarquizamos la política de Derechos Humanos. Se va a mantener en el cargo. No tenemos que darle un trasfondo político a todo esto”, dijo Marchena.
Por la noche, fue el gobernador quien salió a defender a Rico cuando llegó a Mendoza desde Buenos Aires. “Ratifico todas las decisiones políticas tomadas por el ministro Juan Carlos Aguinaga. Insisto: ratifico todas las decisiones políticas”, dijo.
Los Andes intentó preguntarle, ero Jaque interrumpió y volvió a sostener con mayor énfasis: “Ratifico todas las decisiones políticas tomadas por el ministro Juan Carlos Aguinaga”.
Pero los especialistas en el tema aseguran que no hace falta esperar que se impute a Rico por alguna responsabilidad penal en un hecho. “Aún cuando los funcionarios sostienen que no han estado involucrados en acciones represivas ilegales, su ubicación estratégica en el engranaje de las fuerzas de seguridad de la dictadura los hace testigos relevantes de ese funcionamiento. De la información obtenida no se desprende que hayan aportado datos que ayuden a esclarecer lo sucedido en esa época y una demostración de su compromiso con el Estado de derecho exige su colaboración en ese sentido”, dice la carta firmada por Horacio Verbitsky y enviada a los gobiernos de Mendoza y de la Nación. El responsable del programa nacional de Verdad y Justicia, Marcelo Saín también se encarga ahora del tema.
La embestida contra Rico siguió ayer en la Legislatura, donde los legajos de él y otros 3 funcionarios fueron abiertos y puestos a consideración de las organizaciones que defienden los Derechos Humanos. De esa manera se comprobó, como adelantó Los Andes, que todos habían participado del Centro de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Provincial y que estuvieron adscriptos al Ministerio del Interior. Rico además fue instructor, es decir, formó a los policías para que actúen reprimiendo a las personas que la dictadura denominaba como subversivos.
Los representantes de la sociedad civil pidieron la renuncia de los funcionarios y, como se ha dicho, hoy se concretará la presentación judicial contra Rico por asociación ilícita.
Pablo Icardi – Jorge Rojas
Fuente: Los Andes 08/02/08
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