El juez federal Walter Bento mantuvo el procesamiento de cuatro efectivos de la Policía Federal acusados de delitos de lesa humanidad
El juez federal Walter Bento mantuvo el procesamiento de cuatro efectivos de la Policía Federal acusados de delitos de lesa humanidad y rechazó la retractación de uno de ellos, quien había acusado a sus superiores de ser autores de una desaparición y un homicidio.
El magistrado denegó el sobreseimiento solicitado por los defensores para Rodolfo Willy Cardello, Marcelo León y José Luis Mirotta, como asimismo para quien los denunció, el ex policía federal Carmelo Cirella Paredes. Éste fue quien los acusó de la desaparición de Víctor Romano Rivamar y el asesinato del estudiante de periodismo peruano Amadeo Sánchez Andía.
Leer todo el artículo - CerrarRomano Rivamar, quien era primo del ministro de la Corte de Justicia de la provincia Fernando Romano, fue sacado de su vivienda en abril de 1976, un mes después de iniciarse los años de plomo que azotaron la Argentina durante la dictadura militar.
En cambio, Sánchez Andía fue asesinado en junio de 1975, tras ser secuestrado del hospital regional de San Martín, en donde estaba internado.
Fue Cirella Paredes quien denunció ante el juez Bento por estos hechos no sólo a Cardello, León y Mirotta, sino también al ex jefe de la delegación Oscar Fenocchio y otros efectivos.
El magistrado también procesó a Cirella Paredes como partícipe primario en los mismos hechos.
Posteriormente, este ex efectivo –exonerado de la fuerza– se retractó ante el magistrado aduciendo que acusó a sus camaradas “para vengarse de ellos”.
Sin embargo, para el magistrado esta retractación carece de credibilidad, considerando las demás pruebas reunidas en la causa.
En esta misma causa declaró además el periodista Rodrigo Sepúlveda, quien hizo un documental donde el policía denunció a sus pares. Sepúlveda dijo: “Cirella me contó que fue amenazado en las dos ocasiones cuando fui a verlo al hospital Lagomaggiore”.
También le dio al periodista una carta manuscrita donde, con fecha 8 de enero de este año, le pide al juez Bento que “por razones de salud y seguridad personal” se lo traslade a la alcaidía de Tunuyán.
Con este nuevo dictamen del magistrado, el expediente instruido en la Secretaría F pasó a la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá decidir sobre la situación procesal de los detenidos.
Fuente: Catherina Gibilaro, Diario Uno, 04-03-08
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