El rectorado de la Universidad Nacional de Misiones colaboró con la dictadura

Decenas de documentos de la época se presentaron a la justicia federal de Posadas el viernes. Las autoridades universitarias y los jefes militares mantuvieron una fluida comunicación escrita entre 1977 y 1979. En las notas, de carácter confidencial, ambas partes cambiaban información sobre docentes y estudiantes

Posadas. En aquel entonces, la divulgación de estos documentos hubiera significado una condena a muerte, o en el mejor de los casos, un juicio en un tribunal militar, de resultado incierto.
Lo advierte el sello que figura al pie del Anexo I del Memorando 4Ñ-80901/15, del 17 de noviembre de 1978, que el teniente coronel José María Parietti, segundo jefe del Área 232 -la zona de operaciones militares que correspondía a Misiones- le dirige al entonces rector de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), doctor Carlos Alberto Roko, informándole sobre los antecedentes de una mujer de nombre Antonia Irene Husulak de Mekekiuk.
“Los presentes antecedentes solamente constituyen un elemento de orientación y no de prueba. Tienen el carácter de ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL y su divulgación está penada por los artículos 222 y 223 del Código Penal y Código de Justicia Militar”, reza el sello.
Antonia Irene Husulak de Mekekiuk era una trabajadora social de 32 años, oriunda de Gobernador Roca que vivía sobre la calle España, en Posadas.
En la nota, Parietti le aconseja a Roko no suscribir la designación de la mujer “en cargo alguno” en la Unam, “por sus antecedentes ideológicos que registra (sic)”.
En la ruta de la delación
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El Memorando de marras es uno, en un amplio repertorio de comunicaciones entre los jefes del Área 232 entre los años 1977 y 1979, y quienes ocuparon el Rectorado de la Unam por aquel tiempo.
Se trata de un compendio de comunicaciones que prueban de manera irrefutable el rol que les cupo a las autoridades universitarias misioneras en la represión ilegal de la dictadura militar.
Los originales están desde el viernes en manos del juez federal de Posadas Ramón Claudio Chávez, que entiende en el Juicio por la Verdad que intenta establecer la suerte del ingeniero químico Alfredo González, un hombre consagrado a la investigación, militante de la Democracia Cristiana y docente de la Facultad de Ingeniería Química, detenido en 1978 y desaparecido desde entonces.
Los presentó la querella alentada por la hermana del investigador universitario, Amelia González, como elementos de prueba del contexto en que ocurrió la detención y desaparición de su hermano.

Un fluido intercambio
Carlos Alberto Roko, que ocupó el cargo de rector de la Unam hasta bien entrados los años ‘80, mantuvo, al decir de los documentos a los que tuvo acceso este diario, una fluida comunicación con quien por entonces fue jefe del área operacional 232 del Ejército Argentino, el coronel Carlos Caggiano Tedesco, quien estaba al mando de todos los grupos que conformaban la fuerza de tareas conjunta, y pasada la dictadura formó parte de un tribunal militar (ver aparte).
El doctor Roko le envió a Tedesco decenas de listas de personas sobre las que requería información relacionada con sus actividades privadas y públicas. Y Tedesco a su vez cumplió regularmente en contestar las comunicaciones. Todos los documentos que obran en poder del juez Chávez tienen en su margen superior estampada la leyenda de secreto y confidencialidad, y los sellos y firmas de quienes las suscriben.
“Tengo el agrado de dirigirme al señor Rector en relación a lo solicitado en su nota 621-R/78, de fecha 28 de Ago de 1978, llevando a su conocimiento que las personas consignadas en su nota de referencia, hasta la fecha no registran antecedentes desfavorables en jurisdicción de esta jefatura de área”, le responde Tedesco a Roko en el Memorando 4Ñ-80901/6, del 23 de octubre de 1978.
Menos de un mes después, el 17 de noviembre de 1978, el segundo jefe Parietti le informaba a Roko de resultados similares sobre otra lista enviada incluso antes que la anterior, el 14 de agosto de ese año.

Favores por escrito
La mayoría de las comunicaciones son de este tenor. Pero como prueba el Memorando 4Ñ-84220/61, del 18 de julio de 1978, enviado por el coronel Tedesco al doctor Roko, la relación incluía los favores para designaciones e incorporación de personal al plantel universitario.
“Me dirijo a usted a fin de solicitarle quiera tener a bien contemplar la posibilidad de disponer se designe al señor Director General de Ceremonial y Prensa, D. José Félix Vignoles, como medio de enlace entre esa alta casa de estudios y esta jefatura de Área, para plasmar actividades inherentes a comunicación social”, le pide el militar al Rector de la Unam. “De accederse a lo solicitado, se considera que esta relación así establecida, permitiría en el futuro intercambiar todo tipo de interesantes motivaciones de carácter científico cultural para ambos”, le promete Tedesco a Roko.
El Rector cumplió con el pedido del jefe castrense, y según fuentes vinculadas a la investigación del caso González, Vignoles se desempeñó mucho más allá de la dictadura en el área de finanzas de la Unam.
La nota más increíble de las dirigidas por Roko a Tedesco, y que acaso es el mejor exponente de hasta dónde podía llegar el manto de sospecha que pesaba sobre cualquier ciudadano en la época, es una del 14 de febrero de 1978.
El Rector le pide a Tedesco información sobre un empleado de la Dirección General de Rentas de la Provincia, Jorge Horacio Rebossio, que se había postulado para desempeñarse nada menos que como su secretario privado. “Agradeceré al señor Jefe dar a la presente solicitud el carácter de preferente despacho”, suscribe Roko la nota con “distinguida consideración”.

Las listas de Nicoletti y Bruno
'Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de solicitar tenga a bien enviar a este Rectorado, información sobre antecedentes ideológicos o de otra índole de las personas que se detallan en el listado Nº 13/78 que se adjunta'.
El adjunto de la Nota Nº 643-R/78, del 13 de diciembre de 1978, que el licenciado Víctor René Nicoletti, rector sustituto, le envía al coronel Caggiano Tedesco, contiene una lista de 30 nombres y números de DNI de gente que se presume eran docentes y estudiantes universitarios.
Es uno de los dos listados que Nicoletti le envía a Tedesco en un lapso de dos o tres días. Las dos listas de Nicoletti hablan, con nombre, apellido y domicilio, de 60 personas de Posadas, Oberá y Eldorado.
El ingeniero químico Omar Adolfo Bruno, que en diciembre de 1977 ocupó el cargo de Rector Interino de la Unam, también se carteó fluidamente con Caggiano Tedesco y otros jefes militares de la época.
En el Memorando 4Ñ-70026/388, del 20 de diciembre de ese año, Tedesco le informa a Bruno sobre la situación ideológica de un docente de filiación radical, de nombre Rubén Marcelo Urquijo, cuyos antecedentes fueron evaluados, según el jefe castrense, por una “comisión de estudio” que él mismo presidió.
En otra nota, Tedesco le pide a Bruno información sobre el movimiento estudiantil y el Club de la Facultad de Ingeniería Química de Posadas. Las preguntas repiten la fórmula del resto de los documentos: “¿Qué carácter tenían, estudiantil, político, ideológico?”.

El mapa del terror y las cartas a un coronel
Una vez en el poder, el régimen militar dividió el país en diversas zonas operacionales. Misiones formaba parte de la Zona 2, junto a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.
Dentro de este mapa represivo, esta provincia estaba identificada como el Área 232, cuyo jefe desde enero de 1977 fue el coronel Carlos Caggiano Tedesco, uno de los tantos militares que rehuyó su responsabilidad en la “guerra sucia” mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y recientemente tachadas de inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tedesco tenía bajo su mando el control operativo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la provincia, y era responsable de centros clandestinos de detención, como el D-2, de la Policía de Misiones, y la delegación de la Policía Federal en Posadas.
Entre 1983 y 1985 integró como vocal-secretario el Tribunal de Honor para Jefes y Oficiales del Ejército que el 18 de enero de ese año juzgó al capitán José Luis D´Andrea Mohr, quien había publicado una carta de lectores en un diario rionegrino fustigando la ley de autoamnistía sancionada en el último tramo del régimen militar, cuando gobernaba el general Reinaldo Bignone.
Fue sancionado con quince días de arresto, y al cabo de la sanción envió un extenso descargo al presidente del tribunal integrado por Tedesco y el general de brigada Manuel Agustín Estol, que lo condenaría a 30 días más de prisión por “falta gravísima al honor”.
D’Andrea murió en febrero de 2001 en el hospital militar donde se encontraba también internado el general Suárez Mason. “La muerte se equivocó de cuarto”, fue uno de los comentarios de ese día a propósito de la coincidencia.

La Quinta Pata