Eduardo Lucita
*
Hace quince días preguntábamos acerca del destino del plus recaudador de la derogada resolución 125 y decíamos que una de las aplicaciones eran los servicios de la deuda. Ahora retomamos la pregunta enfocada a la política de subsidios instalada luego de la crisis del 2001/2002.
En la actualidad unos 40 países en todo el mundo aplican retenciones y restricciones a las exportaciones alimenticias. Tratan así de garantizar el abastecimiento de sus mercados internos a la par que desacoplar los precios locales de los internacionales, totalmente distorsionados por la excepcional alza de los mercados de alimentos, hidrocarburos y minerales. Esto es fundamental para mantener el poder adquisitivo de los salarios e ingresos populares en relación a la canasta básica.
Ahora bien, otro objetivo no menor de esta política es la captura de rentas extraordinarias para mejorar las cuentas fiscales. En diversos países la contrapartida de esta tendencia general, es la distribución de subsidios a las diversas fracciones del capital, como forma de sostener el ciclo económico expansivo mediante el gasto público. Estas políticas forman parte de una tibia acción reguladora de los estados, que en el marco de la crisis mundial se muestra cada vez más necesaria. Argentina no escapa a esta tendencia por el contrario, con sus particularidades, es uno de sus máximos exponentes con la política de subsidios cruzados.
Política de subsidiosNumerosos autores, el principal de ellos el geógrafo estadounidense David Harvey, caracterizan esta etapa del capital como de acumulación por desposesión. Remiten así a la fusión de formas propias de la llamada acumulación originaria -como es el saqueo de los recursos naturales- con formas características del período neoliberal -como es el despojo de los derechos de las personas.
Así la acumulación por desposesión no remite sólo a la exacción de los recursos naturales - sean estos hidrocarburos, minerales, tierras fértiles, agua potable o reservorios de biodiversidad- sino también los derechos de un patrimonio social acumulado durante generaciones: derechos a la salud y la educación públicas, a la jubilación estatal y a los espacios públicos, al transporte, la energía y las comunicaciones, a precios accesibles y de calidad. Bajo la hegemonía del capital financiero muchos de estos derechos han sido sometidos a políticas privatizadoras, con las consecuencias negativas por todos conocidas.
Es que en el período intervencionista era el Estado el que arbitraba entre el mercado mundial y el interno, y el que brindaba los servicios esenciales a tarifas accesibles para los sectores populares. Con la desregulación de los mercados y las privatizaciones de los años '90 el Estado transfirió actividades esenciales y delegó responsabilidades en el sector privado, perdió así su capacidad reguladora. Las retenciones son apenas una débil expresión de las mismas.
Leer todo el artículoEn nuestro país es esa política la que está en el origen de los subsidios cruzados. Con éstos el gobierno trata de compensar aumentos de costos (salariales, materias primas, insumos) evitando su traslado a precios, reducir la carga sobre los usuarios y mantener la rentabilidad empresarial. Sin embargo estos subsidios se adjudican por declaraciones juradas de los propios empresarios, no hay control estatal sobre la estructura de costos y la tasa de ganancias sobre las cuales se debieran calcular las compensaciones, por lo que generan un cúmulo de sospechas.
Transferencias
Desde los inicios la administración kirchnerista ha mantenido una distribución de subsidios con un doble objetivo, por un lado para atender situaciones coyunturales, por el otro para mantener cierta estabilidad al interior del bloque de las clases dominantes. Así en el sector alimenticio hay, entre otros, subsidios a aceiteras y exportadores de granos; a productores de trigo, girasol y otros cultivos, lácteos; a engordadores de ganado.
Las privatizaciones de servicios públicos incluyen cláusulas de ajuste de tarifas, como éstas quedaron retrasadas luego de la macrodevaluación del 2002 la brecha la cubre el Estado con subsidios. Esto es lo que explica la creciente transferencia de recursos a sectores como energía y transportes
En el sector energético se subsidia al conjunto de la demanda (residencial e industrial) trasfiriendo recursos a las generadoras para compensar tarifas.
Por la crisis energética hay transferencias de recursos para financiar importaciones de fuel, gas oil y gas licuado, también la energía eléctrica que se importa de Brasil, ya que la capacidad instalada de refinación está al tope por falta de inversiones.
Para las empresas de transporte (ferroviario y automotor) ya no serían tan importantes los ingresos producto de la venta de pasajes sino los ingresos por subsidios, que ya superan los déficits operativos por bajas tarifas y cubren otras áreas de la actividad empresaria.
El sector industrial ha tenido un crecimiento porcentual que supera la media, aunque parte de un monto muy pequeño. Sin embargo la industria recibe incentivos a la inversión bajo la forma de exenciones impositivas, además sólo paga aranceles de exportación del 5 por ciento, por lo que recibe el tipo de cambio casi a pleno. Entonces la industria no incide tanto en el incremento de los gastos como en la disminución de los ingresos fiscales. En conjunto el sector recibe un auxilio del orden de los 200 ó 300 millones de dólares anuales.
Tendencia creciente
Los subsidios sumaron en el primer trimestre 4588 millones de pesos, un 132 por ciento superior a igual período del año pasado, destacándose el crecimiento superior al 200 por ciento en los sectores energético, alimenticio e industrial.
Ese total anualizado arroja un monto del orden de los 18.000 millones de pesos para todo el año en curso. Sin embargo estimaciones del Ministerio de Economía, basadas en el comportamiento del primer semestre hacen ascender esta cifra a 28.000 millones. Por su parte estimaciones privadas oscilan entre los 30.000 y los 35.000. Destacan estos informes que tanto la crisis energética como la alimentaria necesitaron fuertes aportes en el segundo trimestre y esta tendencia continúa en ascenso. En el sector transporte habrá que adicionar de ahora en más los subsidios para la devastada Aerolíneas Argentinas.
Si se tiene en cuenta que el saldo entre ingresos y gastos fiscales es del orden de los 30.000 millones de pesos, se concluye que en el mejor de los casos los subsidios se consumen la casi totalidad del superávit fiscal actual.
El otro destino
Las transferencias a las distintas fracciones del capital ya están en el orden del 3 al 3,5%, del PBI, superando a los pagos de los servicios de la deuda. Inciden en esto tanto el proceso inflacionario y la crisis energética local, como las crisis alimentaría mundial y el alza del petróleo en los mercados internacionales.
Mantener esta política de subsidios cruzados requiere incrementar los ingresos públicos, de ahí la propuesta inicial del gobierno de llevar el superávit fiscal al 4 por ciento -hoy de difícil logro- y por eso también el esquema de las retenciones móviles, para hacer frente a los gastos crecientes por pagos de deuda y transferencias a los distintos sectores de la economía.
Frente a la caída de la resolución 125 el gobierno deberá buscar mayores ingresos o nuevas fuentes de financiamiento, o bien disminuir subsidios y dejar subir las tarifas. Los días por venir despejarán la incógnita.
*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)
La Arena, 01 – 08 – 08
La Quinta Pata
No hay comentarios :
Publicar un comentario