Javier Polvani
“Lejos de avanzar en el esclarecimiento de las torturas, asesinatos y desapariciones, la Cámara Federal de Apelaciones está favoreciendo la impunidad”. Con esta denuncia llegó ayer a los Tribunales Federales un grupo de familiares de víctimas de la represión durante la dictadura.
Nino Bonoldi, integrante de la asociación de familiares de las víctimas, lamentó “el retroceso que hemos tenido en la provincia respecto a otros lugares del país”.
El Tribunal Penal de Apelaciones de la Justicia Federal, integrado por Carlos Pereyra González, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra, fue blanco de las quejas de los familiares.
El reproche se debe a que ese tribunal dejó sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre el teniente coronel Orlando Dopazo, implicado en la desaparición de Lidia De Marinis, ocurrida en Mendoza en 1976.
Además de Dopazo, están involucrados el general de división Luciano Benjamín Menéndez (condenado días atrás en Córdoba y en Tucumán por delitos de lesa humanidad), el coronel Tamer Yapur, Augusto Landa Morón, Julio César Santuccione y Pedro Sánchez Camargo.
Los familiares alertaron sobre la inminente liberación de Yapur de seguir aplicándose el criterio que posibilitó la excarcelación de Dopazo.
Dentro del centenar de expedientes que se tramitan en la provincia como consecuencia de la represión, una de las más avanzadas por la cantidad de pruebas que ostenta es la del crimen del poeta Francisco Paco Urondo. Para avanzar hacia el esclarecimiento del “plan siniestro para desaparecer personas”, los familiares consideran necesaria la unificación de las causas.
Diario Uno, 26 – 09 – 08
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