La Tablada veinte años después: la Justicia en la mira

Eduardo Anguita

Dos fiscales y un juez federal que 20 años atrás acusaron e instruyeron, respectivamente, el copamiento del R3 de La Tablada quedarán al descubierto. torturas, desapariciones y asesinatos a mansalva en aquella sangrienta y tórrida jornada del 23 de enero de 1989. Gerardo Larrambebere, Raúl Plée y Pablo Quiroga en el centro de la escena. Hoy la Argentina puede separar el injustificable ataque a un cuartel en plena democracia de los métodos criminales de militares en actividad y del ocultamiento y complicidad de funcionarios del Poder Judicial.

La presidenta Cristina Fernández firmó, días atrás, el decreto 1578 que autoriza al juez federal de Morón Germán Castelli el ingreso irrestricto a los archivos de inteligencia del Estado, de la Policía Federal y del Ejército relacionados con la desaparición de cinco ciudadanos a manos de los militares y policía que redujeron al grupo que intentó copar el R3 de La Tablada el 23 de enero de 1989. Esos archivos permitirán conocer también la cantidad de irregularidades cometidas por los fiscales y el juez que instruyó la causa. El decreto instruye a los organismos de inteligencia que envíen de modo inmediato los documentos relacionados con el hecho.

Fue crucial la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, a la cual apelaron los abogados y familiares de los desaparecidos para que se haga justicia. La Corte, con las pruebas aportadas, consideró que hubo innumerables abusos y recomendó al Estado argentino “poner en marcha los mecanismos y garantías para realizar una investigación independiente, completa e imparcial”.

Roberto Felicetti fue uno de los detenidos tras el cruento intento de copamiento aquel 23 de enero de 1989. En el momento que se entregó junto a algunos de sus compañeros, lo desnudaron, lo tiraron al piso y luego lo torturaron de modo salvaje. “Somos Dios”, gritaban desaforados algunos de los uniformados que los custodiaban en el Casino de Suboficiales. Al cabo de unos días le tocó declarar frente al juez Federal de Morón, Gerardo Larrambebere. “Doctor, me torturaron salvajemente, vea, tengo los dos brazos fracturados”, le dijo al juez y le pidió, al igual que sus abogados defensores, que se iniciara una investigación sobre apremios ilegales. Larrambebere miró a Felicetti con desprecio y no hizo absolutamente nada. Ese juez, tras una instrucción desastrosa, fue ascendido a juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3. Como tal, y más allá de la consideración del ex juez Juan José Galeano, actuó como tribunal de alzada en la causa Amia y cuestionó con fiereza la instrucción por irregularidades que no involucraban desapariciones, ni asesinatos ni torturas como las sucedidas en la causa de La Tablada. Porque las torturas a Felicetti no fueron ni por asomo el motivo principal de las cosas que ocultó el entonces joven juez Larrambebere.

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Al momento de la instrucción, el fiscal Federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez, pero en esos días estaba de licencia. Llegaron entonces al lugar de los hechos, en el mismo momento que el cuartel permanecía tomado, el entonces fiscal de la Cámara Federal de San Martín Raúl Plée y el entonces defensor oficial del juzgado Federal de San Isidro Pablo Quiroga. Éste último, producto de la presión de la corporación militar –especialmente de Inteligencia del Ejército– fue nombrado “fiscal subrogante”, a partir de lo cual abandonó la función de defensor oficial. Quiroga y Plée formaron un equipo que no le daba espacio a Blanco Bermúdez, no sólo porque no tenían simpatías hacia él, sino porque no querían que se integrara a las reuniones con los agentes de inteligencia (tanto de la Side como del Ejército) que inspiraban su accionar.

De las primeras páginas de la causa (escritas cuando todavía se sentía olor a pólvora en el interior del cuartel y sólo en los periódicos salía que los atacantes pertenecían al Movimiento Todos por la Patria) surge que los fiscales Plée y Quiroga pidieron al juez una cantidad de allanamientos en una serie de domicilios, dando detalles de barrios, calles en distintos puntos del Gran Buenos Aires. En esos pedidos no aparece el origen de la información a la que habían accedido los fiscales, ni siquiera cómo los habían obtenido. La posterior investigación determinó que esos lugares habían sido utilizados por los atacantes y que en ellos se habrían encontrado planos y anotaciones relacionados con el ataque.

Esa documentación –de origen desconocido– fue la base de la acusación contra los 13 miembros del MTP detenidos que sobrevivieron al combate y a los asesinatos posteriores. Pero nada decía sobre cómo habían muerto 28 de los atacantes –la mayoría de ellos con los cuerpos destrozados tal como lo muestran las fotos de la causa–. Ni qué pasó con algunos de ellos que primero fueron dados por detenidos, otros como desaparecidos e incluso alguno que fue reconocido como muerto días después. Tales los casos de Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz que estaban entre los detenidos aquel día en el interior del cuartel.

“A Samojedny lo tenían al lado mío –recuerda Felicetti– y uno de los oficiales le pidió que se identificara y cuando dijo su nombre y apellido, le dijo: ‘Hijo de puta, a vos te conozco la carrera, te salvaste una vez. Vas a ver lo que es el infierno’”. Samojedny había sido detenido en 1974 en los montes tucumanos y entre los tormentos de aquella vez lo paseaban por el aire con los pies atados, cabeza abajo, desde un helicóptero.

En el caso de Provenzano, los militares empezaron a golpear brutalmente a todos al grito de “¡¿Quién es Pancho, carajo!”. Era evidente que la inteligencia militar tenía el dato de que, por detrás de Enrique Gorriarán Merlo, un tal Pancho estaba entre los responsables de la acción. “¡Yo soy Pancho!” gritó Provenzano para que dejaran de golpear al resto. Lo llevaron aparte. A la familia le negaron que estuviera detenido. Decidieron buscar entre los restos humanos para localizar, quizá, algún resto de su cuerpo. La determinación de su hermano Sergio, médico cirujano, hizo que dieran con una vértebra que reconoció porque él mismo lo había operado de una hernia lumbar 15 años atrás. El cuerpo de Francisco Provenzano había sido volado con explosivos no sólo para mostrar que los métodos usados en la dictadura estaban a la orden del día, sino también para que nadie pudiera reconocerlo.

En el caso de otros detenidos en el cuartel, como Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz, durante años los antropólogos forenses debieron trabajar sobre restos humanos para tratar de determinar si están o no desaparecidos como Samojedny. Como prueba del descuartizamiento de otros detenidos, los antropólogos dieron con un pedazo de fémur que, casi con seguridad, pertenece a Burgos.

Los fiscales Plée y Quiroga nada hicieron entonces. Su lealtad no era con la verdad, sino con el grupo de oficiales que usó métodos propios del Terrorismo de Estado. Sin embargo, casi 20 años después, Plée es fiscal de la Cámara de Casación Penal y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Quiroga es fiscal Federal de la Cámara de Apelaciones de San Martín. Ambos ascendieron en su carrera judicial.

Cabe preguntarse, estos fiscales, ¿obtuvieron la información por vías lícitas en aquel verano de 1989? ¿Por qué no consta en las actuaciones quiénes y de qué manera les dieron datos precisos? ¿Por qué no instruyeron las denuncias sobre torturas y evadieron la investigación sobre las personas desaparecidas? ¿Es posible que durante horas y horas se torturara sin que la fiscalía y el juzgado que instruían las pruebas estuvieran en el limbo?

Rodolfo Yanzón, abogado defensor de las víctimas de La Tablada mantuvo, en el año 2000, una conversación reveladora con el entonces procurador de la Nación Carlos Becerra que tiene a su cargo el Ministerio Público, o sea los fiscales federales de todo el país. Yanzón le planteó las irregularidades de la causa y Becerra lo cortó, con toda franqueza: “Mire Yanzón, hay tres fiscales que trabajan directamente para el Ejército, dos de ellos son Plée y Quiroga”.

El Argentino, 20 – 10 – 08

La Quinta Pata