Córdoba: repudio a la corporación judicial

Katy García

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Organismos de Derechos Humanos, junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas, realizarán hoy una presentación ante la Justicia Federal de Córdoba. Exigen la inmediata unificación y elevación a juicio de causas para que en 2009 se juzgue y condene a los culpables.

En la sede de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (AGEPJ-CTA), integrantes de los organismos de derechos humanos, junto a Miguel Baronetto, secretario Adjunto de la CTA provincial y Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Juan Villa, funcionario de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ofrecieron una conferencia de prensa.

El motivo de la misma fue repudiar la seguidilla de medidas que benefician a genocidas procesados en Córdoba y en Buenos Aires, en las causas D2 y UP1 y la ESMA respectivamente.

A cinco años de la derogación de las leyes de la impunidad, los eternos tiempos de la justicia y la voluntad política de sus miembros lo permiten.

Entonces, Carlos Alfredo “Tucán” Yanicelli, Yamil “Turco” Jabour, Luis Alberto “Cara con riendas” Lucero y Carlos Hugo Villaruel, podrían quedar en libertad de un momento a otro y caminar por las calles de Córdoba. En Buenos Aires, se dio marcha atrás con la escandalosa medida que beneficiaba al "Angel de la muerte" Alfredo Astiz procesado por las desapariciones de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y de otras tantas muertes de militantes políticos. También quedó en suspenso la medida sobre el "Tigre" Acosta.

Emiliano Fessia, integrante de la Agrupación Hijos, fue el primero en tomar la palabra y explicar que "tanto los Organismos de Derechos Humanos como otras instituciones de la sociedad civil, repudian la avanzada política de la Cámara Nacional de Casación Penal, que busca la liberación de genocidas procesados”.

En ese sentido recordó que hace cinco años a fuerza de lucha se logró anular las leyes de la impunidad y en Córdoba solo se realizó un solo juicio. Precisamente, la causa Brandalisis se inició en 2003. En 2007, hubo que interponer dos recursos de pronto despacho para que bajara de la Cámara y se elevara a juicio. Enzo Sacco, de Familiares, compartió las expresiones anteriores y bregó por la continuidad y resolución de las causas de manera urgente.
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Por su parte, Miguel Baronetto, recordó que antes del juicio a Menéndez solicitó un Jury de enjuiciamiento para Otero Álvarez, miembro del tribunal que lo condenó y cómplice de los asesinatos ocurridos en la Unidad Penitenciaria Nº 1, porque advirtió lo que vendría.

Más aún, planteó sus temores respecto a “la posible designación de jueces federales que están en estrecha vinculación con los represores de la D2”, porque seguramente pondrán en marcha “estrategias dilatorias”.

Remarcó además que la justicia actual y la de hace treinta años “es la misma” y que no advertía “una voluntad política de marchar en otro sentido”. Propuso realizar un reclamo ante el Congreso de la Nación y la Corte Suprema para que arbitren las medidas necesarias para la aceleración de los juicios.

Sergio Ortiz, de la Comisión de Homenaje a las víctimas de El Vesubio, agregó que este reclamo no debe entenderse como una “oposición a las garantías procesales” sino que debe advertirse la gravedad de los delitos cometidos por los represores.

En tanto, Juan Villa, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia repudió “esta intentona de querer liberar a represores” y propuso movilizarse y salir a la calle.

Claudio Orosz, abogado de derechos humanos, recordó que en Córdoba en la Sala nº 3 hay tres jueces nombrados durante la gestión de Carlos Menem que “han ordenado, en la causa Bergez, la libertad de tipos de la talla de genocidas como Yanicelli y Villarruel”.

Aclaró también que “no estamos ante un ladrón de gallinas o un consumidor de drogas; estamos ante delincuentes que cometieron crímenes de lesa humanidad. Que no han demostrado arrepentimiento, que no han colaborado pese a conocer desde hace más 30 años el lugar donde están enterrados nuestros seres queridos, nuestros compañeros, familiares y amigos”.

Fustigó la actitud de la Justicia cómplice “por acción u omisión”. En esa línea criticó a la estructura judicial tanto federal como provincial que “no ha dejado de ser una institución cuasi monárquica que se cree que está por encima y por fuera de la ley de la república. Vamos a comenzar a exigir que esté a la altura del pueblo que la mantiene”, enfatizó.

El escrito
Por la tarde, consensuaron el contenido del texto que será presentado hoy ante el Presidente de la Cámara Federal de Córdoba y la Jueza del Juzgado Federal Nº Tres , Cristina Garzón de Lascano. En ese sentido se ha convocado a Tribunales Federales, a las 10.30.

"Los organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, organizaciones de la sociedad civil que abajo firman, así como la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, se dirigen a Uds. por la presente a los fines de hacerles conocer el reclamo unánime y consensuado relativo a los siguientes puntos:
- Repudiar enérgicamente las excarcelaciones y liberaciones de criminales de lesa humanidad, que llevaron adelante el plan genocida en Córdoba.
- Exigir a todos los estamentos judiciales de esta Provincia, para que se proceda a la elevación inmediata de los diversos procesos, en forma unificada, a los fines de que a más tardar en el año 2009 se lleven a cabo los juicios orales y públicos que establezcan los hechos y responsabilidades, que eviten pedidos anticipados de libertad de quienes han masacrado al pueblo argentino durante la ejecución del terrorismo de Estado. A más de cinco años de la anulación de las leyes de impunidad, ha pasado el tiempo más que suficiente para instruir acabadamente las causas contra los perpetradores de los delitos más aberrantes de nuestra historia. Ya no puede haber más dilaciones, cada genocida suelto es una afrenta y una amenaza para todos los argentinos".

Firman: Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba; Familiares de Desaparecidos y detenidos por Razones Políticas de Córdoba; H.I.J.O.S; Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba; Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba; Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba; Comisión Directiva Gremio de Judiciales (A.G.E.P.J-CTA); Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC-CTA); Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU-CTA); Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA); Secretaría de Derechos Humanos del SUOEM (Municipales); Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA); Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

* Equipo de Comunicación de la CTA Córdoba.

ACTA, 23 – 12 – 08

La Quinta Pata