Una catarata de medidas del gobierno, unas más cuestionadas y otras no tanto

Emilio Marín

Antes de viajar a Rusia, la presidenta había anunciado varios paquetes de medidas supuestamente anticrisis, que aumentaron a su retorno. No fue fácil su aprobación en el Congreso, en particular en el caso del blanqueo.

Apenas arribada de Moscú, Cristina Fernández apretó el acelerador en materia de anuncios cuyos fundamentos serían mantener la actividad económica "pum para arriba" y contrarrestar la mala onda derivada de la crisis mundial.

En esta ocasión las novedades estuvieron apuntadas a fomentar el turismo local, en víspera de la temporada veraniega, lo que permitió el lucimiento del secretario de Turismo de la Nación, alguien habitualmente de perfil bajo. Las agencias de viaje y cámaras hoteleras, por supuesto, estaban satisfechas, aunque – curadas de espanto como sus colegas de otros rubros – pidieron ver la "letra chica" de los planes oficiales. Las empresas de transporte aprovecharon la volada para aumentar el precio de los pasajes.

Los dueños de taxis también fueron incluidos en este lote de anuncios, pues habrá créditos para ellos destinados a la renovación de la flota de vehículos.

Se podría decir que estas medidas están destinadas al beneficio de capas medias y obviamente la cantidad de dinero previsionada a tal fin parece muy menor en comparación a lo destinado a los bancos para que estos alimenten la compra de autos 0 km y electrodomésticos o para fomentar a las exportaciones del complejo agropecuario, etc.

El monto de lo direccionado a la industria automotriz y bancos se convierte en una cierta prueba sobre el orden de las prioridades del gobierno, en cuanto a dónde invertir más y mejor.

¿Y qué pasa con los trabajadores y jubilados, entre otros sectores que necesitan con mayor urgencia de la distribución del ingreso? Para ellos las medidas del Estado llegan tarde y en cuenta gotas. Una disposición de ese tipo, que tratará esta semana Diputados, será la anulación de la llamada "tristemente célebre tablita de Machinea" (Cristina dixit), que grava con mayor intensidad los ingresos altos de los trabajadores. Se estima que 360.000 asalariados de las escalas superiores, que perciben 7.000 pesos mensuales o más, se verán favorecidos por ese proyecto, que fue justificado por el ministro Florencio Randazzo. Lo que no se recaude por esa vía, unos 1.300 millones de pesos anuales, será volcado por sus beneficiarios en consumo y otras formas de dinamizar la economía real.
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Empero, para la mayoría de los trabajadores, no hay nada. Para los jubilados tampoco, aunque se dice que entre la jefa de Estado y el titular de Anses, Amado Boudou, estarían analizando la posibilidad de dar alguna mejora para fin de año.

Extraña justicia social la de este justicialismo del siglo XXI, que empieza por repartir mucho entre los que más tienen – las empresas beneficiadas por los tres paquetes – y demora tanto en mejorar algo la situación de los que menos tienen.

Un resultado de esa política no distribucionista se vio en Buenos Aires el viernes, cuando 40.000 personas convocadas por la CTA realizaron una Marcha Nacional contra el hambre. Fue casi con seguridad la manifestación opositora más numerosa y representativa de todo el año. ¿Habrá tomado nota la presidenta? No está mal que, en búsqueda de acuerdos en este contexto de crisis, ella viaje a Egipto y al Kremlin, pero a condición de que mantenga los pies sobre la tierra, aquí, y escuche a los que menos tienen.

El énfasis erróneo
El mérito de esa Marcha a la Plaza de Mayo desde Parque Rivadavia, casi 50 cuadras, fue que puso sobre el tapete, pese al ninguneo previo de los medios de comunicación privados, que en la Argentina el gran problema irresuelto sigue siendo la falta de distribución del ingreso.

Y que eso determina la existencia de extensos bolsones de hambre, que padece una buena parte de los 11 millones de pobres, en mayor o menor grado.

Dentro de ese contingente quienes más lo sufren son los chicos, pues mueren 25 por día por razones evitables, en muchos casos vinculados a la pobreza y al hambre. De allí que en la marcha tuvieron un lugar destacado los reclamos vinculados con la niñez pobre, sintetizados en la consigna convocante de que "el hambre es un crimen".

Mucho más lo es en un país donde se producen alimentos suficientes para 400 millones de habitantes y, siendo el diez por ciento de esa cantidad, como dijo uno de los oradores, igual haya tanta gente que no come o lo hace salteado.

Al mostrar con el testimonio irrefutable de gente de carne y hueso la variedad de problemas que aqueja a los sectores populares, la CTA y todo el arco que participó de la convocatoria, dio un golpe a la derecha política y mediática que tiene otra versión del país. Según ellos el principal problema serían las violaciones en la zona de Recoleta o los robos en los countries de la zona norte del conurbano.

Ese choque de opiniones no es nuevo. Desde 2004 hay una fuerte campaña de la derecha y los sectores enriquecidos, que expresó por entonces el seudo ingeniero Juan Carlos Blumberg, para imponer al tope de la agenda pública la "inseguridad".

La novedad es que ahora el adalid de ese movimiento es el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien fogonea la campaña de estigmatización de la niñez pobre y plantea bajar la edad de imputabilidad por lo menos a 14 años. Así lo confirmó ayer a Radio Mitre su ministro de Justicia, que de paso criticó a los miembros de la Corte Suprema que habían expresado criterios garantistas y cuestionado los planes bonaerenses de penalización.

El orador de fondo en la Plaza de Mayo, Hugo Yasky, abordó bien esta cuestión y criticó con nombre y apellido a Scioli. El titular de la CTA sostuvo que a los delitos no se los debe combatir bajando la edad de imputabilidad a los chicos sino con más educación pública, más ayuda a las familias pobres y más distribución de la riqueza.

Esta brasa ardiente obligará a que la presidenta diga concretamente qué piensa, si tiene razón Yasky o si la tiene Scioli. Cristina va a tener que definirse y terminar con su eclecticismo, pues tiempo atrás opinó a favor de la policía que "detiene y detiene" y casi en simultáneo dijo que el problema no se solucionaba con "leyes más duras".

Maldito blanqueo
En la madrugada del jueves 11, luego de doce horas de debate y con un accidentado trámite de votación, Diputados dio media sanción al paquete que constaba de una rebaja de las contribuciones patronales a quienes regularizan empleo en Pymes, una moratoria impositiva y el maldito blanqueo de capitales.

Demostrando que la correlación de fuerzas sigue favoreciendo al kirchnerismo pero no en forma tan holgada como antes, la votación sobre este conjunto de medidas fue de 128 a favor y 83 en contra. Esto abrió una polémica pues la oposición consideró que la mayoría demandada por leyes impositivas que alteran el esquema de coparticipación debía ser especial, con el respaldo de al menos 129 legisladores.

Pero antes de esa discusión tan agria, y que terminaría en Tribunales, hubo otros cruces muy fuertes entre las bancadas, particularmente al tratarse el capítulo III de la "exteriorización y repatriación de capitales".

Allí los opositores de todo tipo, desde la centroizquierda del SI y Claudio Lozano hasta la derecha del PRO, duhaldismo, Coalición Cívica y UCR, cuestionaron que ese blanqueo abría las puertas a capitales ilícitos, incluso al dinero proveniente del narcotráfico.

Agustín Rossi, primera espada del oficialismo, retrucó esas objeciones y dijo que la iniciativa contaba con las salvaguardas para impedir que se cuele aquella plata espuria. Otros diputados de esa bancada dijeron que las acusaciones de los opositores eran directamente "una infamia".

Para afear aún más la movida oficialista, en su búsqueda de quórum para funcionar el miércoles 10, Rossi debió apelar otra vez a la concurrencia del devaluado Eduardo Lorenzo Borocotó, un ex macrista todo servicio.

Detalles al margen, lo más serio lo advirtió Lozano (CTA), al señalar que "caerán las causas judiciales abiertas por fuga de capitales y evasión tributaria contra empresas como Pérez Companc, Repsol, Shell y Esso por 4.000 millones de dólares".

Ese diputado estaba poniendo el dedo en la llaga. El gobierno es consciente de que sus medidas favorecen a estas grandes compañías, entre ellas varias petroleras. Pero no se hace problema porque es parte de su política, de allí que Enarsa aparezca asociada a Repsol, Petrobras y Pan American Energy en planes para instalar plataformas de exploración mar adentro en el Golfo de San Jorge y otras zonas del litoral argentino. Más aún, entre los paquetes supuestamente anticrisis anunciados semanas atrás, estaba el Programa Petróleo Plus, para premiar con crédito fiscal a esas petroleras si superaban sus marcas de producción.

Esas políticas favorables al gran capital, más específicamente lo referido al blanqueo de capitales, terminó en una votación ajustada en Diputados: 128 a favor y 100 en contra. Posiblemente al kirchnerismo no le importe, pero debería saber que entre los que votaron en contra estaban políticos que por años le fueron fieles, como Miguel Bonasso.

Y no es que estos diputados hayan girado a la izquierda; el problema es que en ciertos temas, no en todos, los Kirchner se han movido hacia la derecha.

La Arena, 14 – 12 – 08

La Quinta Pata