Vecinos autoconvocados de San Carlos
Unos 300 vecinos de esa villa de Las Heras marcharon por las calles en rechazo al proyecto minero. Se sumaron algunos turistas, que se encontraban circunstancialmente veraneando en el pueblo. Se congregaron en Ruta Nacional 7 y Las Heras y marcharon por las calles con el lema "El agua vale más que el oro, la plata y el cobre". Adelantaron que convocan a otra marcha en la llegada del Dakar.
Unas 300 personas se manifestaron hoy por las calles de Uspallata en rechazo a los proyectos mineros para esa zona de Las Heras.
Los vecinos de la Villa, ambientalistas de la asociación Por una vida sana, e incluso algunos turistas que se encontraban circunstancialmente veraneando en el pueblo, se congregaron en Ruta Nacional 7 y Las Heras y marcharon por las calles con el lema "El agua vale más que el oro, la plata y el cobre".
Es que la empresa minera San Jorge quiere llevar adelante un emprendimiento minero, de extracción de esos metales, en Uspallata y los lugareños no ocultaron su preocupación por los riesgos ambientales que tal proyecto podría acarrear.
Los manifestantes adelantaron que harán una protesta "pacífica" a la llegada del Rally Dakar a esa localidad lasherina
Proyecto minero “San Jorge”
Ante los anuncios del intendente de Las Heras, Rubén Miranda, en compañía del gobernador Celso Jaque y del secretario de ambiente Guillermo Carmona, sobre inversiones millonarias en el proyecto minero San Jorge, los vecinos autoconvocados de San Carlos, pertenecientes a la Asamblea Mendocina por Agua Pura (A.M.P.A.P) y UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) denunciamos:
Ante toda la comunidad y ante aquellos organismos responsables de investigar y penar a funcionarios públicos (Legislatura, Justicia, y fiscalía de Estado), que si se ha autorizado el proyecto o, se ha avanzado en el mismo completando estudios, como deja entrever el anuncio, entendemos que se estarían violando leyes y disposiciones referidas al tema ambiental minero en vigencia en la provincia, por las empresa y por todos aquellos que están obligados a garantizar el cumplimiento de dichas leyes. Vemos que, concretamente, no se estaría cumpliendo lo dictaminado por la ley 7722 en cuanto a la participación ciudadana y de los municipios de la cuenca; al control de la autoridad ambiental y de la policía minera; la legislación administrativa y la obligación de suspender las actividades que no se adecuaran a esta ley.
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