Orlando Tirapu
La educación, al igual que otros sectores, quedaría paralizada. Estado de alerta y asamblea permanente.
Representantes gremiales del Estado lanzaron ayer por la mañana las propuestas pertinentes al plan de lucha 2009 en cuanto a política salarial, situación laboral y paritarias anuales. Afirmaron estar en estado de alerta y asamblea permanente.
Bajo el concepto de fomentar la unidad de los 8 sectores estatales, se presentaron en conjunto las acciones para un 2009 que, se prevé, tendrá un agitado movimiento gremial.
En la reunión estuvieron presentes representantes gremiales del sector estatal, entre los que se destacan Raquel Blas, de ATE; Carlos Ordoñez, de los judiciales; Carmelo Cortese, de Fadiunc y Eduardo Franchino, del Sute.
“El Gobierno está llevando a cabo políticas económicas de carácter keynesiano: se congelan los salarios, aumentan los precios y se reduce personal del sector público”, apuntó ofuscado el representante gremial de los trabajadores judiciales, Carlos Ordoñez.
Como consecuencia del reclamo, el aparato estatal podría verse paralizado en los próximos días si en instancias de las paritarias no se llega a un común acuerdo.
“Este gobierno se jacta de plantear paritarias libres, cuando desde todos los sectores sabemos que no es así, ya que no se está negociando en base a la realidad que atraviesa la provincia”, afirmó la combativa Raquel Blas.
El encuentro giró en torno al salario mínimo, para que se acerque a la canasta familiar, que estaría, según los números que se tiraron sobre la mesa, entre los 4.000 y 4.200 pesos, teniendo en cuenta que los precios de la canasta escolar aumentaron considerablemente.
Hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta firme desde el Ejecutivo. De seguir en este camino, las clases no comenzarían con normalidad el 2 de marzo como se había estipulado, según informo en tono claramente amenazante Eduardo Franchino, por el Sute.
Otro punto desarrollado en la conferencia fue el arreglo de liquidaciones en lo que respecta a antigüedades, para la cual se organizó una convocatoria en la explanada de la Casa de Gobierno para el 13 de febrero, en la que intervendrán todas las entidades representativas de los agentes estatales.
“El 50% de los empleados públicos de la provincia tiene un salario por debajo de la canasta familiar, mientras que un magistrado cobra 30 veces más que un policía o un maestro”, apuntó Ordoñez. “Exigimos mayor estudio, compromiso y palabra a los funcionarios para comenzar a negociar sobre una misma realidad”, finalizó.
Ciudadano Diario, 06 – 02 – 09
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